El problema de regular la innovación

Nos referimos al pulso entre innovación y legislación, entre el cambio de un mercado por vía de nuevas tecnologías y la regulación de dichas tecnologías.

Este es un enfrentamiento cuya base es, en buena parte, un desbalance en la velocidad con la cual evolucionan ambos escenarios: la introducción de nuevas herramientas y servicios de tecnología puede tomar apenas un par de meses, mientras que la discusión de una regulación es algo que se desarrolla, en ocasiones, durante años.

A través del aprovechamiento de aquella disparidad, la tecnología ha impulsado grandes cambios en la forma como se consumen música, libros y películas, por nombrar sólo algunas de las industrias que aún hoy se encuentran tratando de averiguar hacia dónde lleva el cruce de caminos entre la demanda de los usuarios, la invención de nuevas tecnologías y la regulación del mercado por parte de los gobiernos.

La innovación con seguridad es un asunto que requiere cierto nivel de agresividad y transgresión, pues en últimas se trata de desafiar las posibilidades establecidas para producir un nuevo estado de las cosas, dar el siguiente paso. Pero esta agresividad puede conllevar riesgos enormes, pues no se trata solamente del desarrollo de una nueva idea (que, por cierto, beneficia en primer lugar al desarrollador), sino de balancear cómo ésta transforma los modos de vida de una comunidad.

Esto es particularmente cierto para el caso de los vehículos autónomos que prueba Google actualmente, o los drones automatizados que Amazon quiere implementar para sus envíos, pero también lo es para Uber, una empresa que en países como Francia opera incluso cuando la policía parisina tiene un escuadrón dedicado a detener a sus conductores asociados.

La explotación de los huecos que la legislación deja para servicios como Uber (que se define como una plataforma tecnológica, no como una empresa de transporte, así a través de ella se transporten personas) es algo que ha resultado rentable para la compañía en varios aspectos, principalmente quizás en la recolección de apoyo de usuarios que piden alternativas para movilizarse en ciudades como Bogotá.

Y este es el otro lado de la ecuación. Si bien el respeto por la ley y las consideraciones locales para una empresa transnacional debería ser la norma, la misma regulación debería tener en cuenta todos los puntos de vista, incluyendo el de los usuarios, pues en últimas son ellos la razón de ser de los servicios que componen un mercado, incluyendo los de transporte.

Pero en el sentir de los usuarios que apoyan Uber, la discusión de este tema en Colombia pareciera estar demasiado cercana al gremio de los taxistas que, claro, tienen intereses legítimos en ella, pero cuya agenda no puede dictar el futuro del transporte urbano y la aplicación de tecnología e innovación en servicios tradicionales, por llamarlos de alguna forma.

Uno de los puntos álgidos del tema es la existencia de los cupos para los taxistas: un mecanismo cuya fundamento era controlar el número de estos vehículos en las calles, pero que ha terminado por convertirse en un activo que sólo beneficia a unos pocos dentro del gremio.

Lo que se espera en este debate es una postura de parte de los reguladores que contemple ambos lados y que, de paso, establezca un margen de maniobra dentro de la ley para que coexista la posibilidad de innovar y cambiar el statu quo, pero sin llevarse por delante los intereses de una comunidad local.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.