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La crisis que enfrentamos es peor de lo que nos imaginábamos. Incluso con los pronósticos pesimistas lógicos en medio de una pandemia que nos obligó al confinamiento, las cifras de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, presentadas esta semana, resultan alarmantes. La atención del país se ha concentrado en indicadores que no cuentan toda la historia. Mientras el Gobierno saca pecho por el rebote histórico de la economía en los últimos meses, el índice de pobreza multidimensional de 2020 muestra que ya son 9’049.000 los colombianos que entran en esa situación, 489.000 más que el año anterior. Más preocupante, hay señales de una crisis que puede perdurar en el tiempo.
La disparidad entre la Colombia urbana y la rural ha sido una de las grandes deudas históricas del país, pero la pandemia empeoró la situación. Eso demuestra que al momento de tomar medidas de contención de la crisis económica y social no se pensó de manera diferenciada, lo cual amplió la brecha de manera dramática. Como escribió Francisco Miranda en Portafolio, “dos de cada tres nuevos pobres multidimensionales habitan en el campo”. Es angustiante saber que no tenemos planes de choque para solucionar semejante fisura.
Tal vez el indicador donde más se ve el impacto de la pandemia y su efecto de largo plazo es en la educación. Quedó en evidencia cómo la oposición del gremio de maestros a volver cuanto antes a clases presenciales ha ayudado a crear un problema que será muy difícil solucionar. La inasistencia escolar en zonas urbanas pasó del 2,7 al 16,4 %. En áreas rurales pasó del 4,6 al ¡30,1 %!
Entender lo que ocurrió es sencillo, pero intentar solucionarlo es una tarea compleja. Se repitió en varias ocasiones: la educación virtual en un país con enormes brechas de acceso es un espejismo. No tenían acceso a internet, no tenían capacidad de recibir las lecciones y los maestros estaban atados de manos. Estamos viendo el resultado, con estudiantes entre 6 y 16 años que abandonan el sistema escolar, muchos de los cuales nunca regresarán. Eso garantiza un atraso que se sentirá por décadas, que reducirá las opciones de disminuir la desigualdad y de garantizar un país digno para todos.
Ver la pobreza por hogares también es esclarecedor sobre el difícil panorama. Si el jefe del hogar es una mujer, el índice de pobreza multidimensional llega al 19 %; si hay un miembro campesino, sube al 31 %, y si hay un migrante venezolano, la tasa llega al 44 %. La mitad de los hogares con personas indígenas son pobres de manera multidimensional.
Por todo esto, si bien cambiar la tendencia es sin duda alentador, salir a celebrar como históricas las cifras de recuperación económica resulta bastante apresurado. Como escribió Gonzalo Hernández en El Espectador, “rebote no es reactivación. Mientras no haya verdadera reactivación, el país no logrará frenar los efectos negativos persistentes de la crisis: pérdidas de capital humano (salud, educación y formación para el trabajo), cierre de empresas y, en general, debilitamiento de las capacidades productivas del país”.
Lo que estamos viendo es que no todos los sectores se han recuperado por igual y muchos tardarán en siquiera llegar al nivel prepandemia. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por la pérdida de empleo, los jóvenes se encuentran en difícil situación para estudiar o trabajar y las zonas rurales están asfixiadas por la pobreza y la falta de oportunidades. Cómo enfrentar esta realidad alarmante debería ser el centro del debate electoral que ya ha comenzado.
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