El referendo del agua

Cuatro son las metas específicas de este referendo: la consagración del agua potable como derecho fundamental; el suministro de un mínimo vital gratuito —la Organización Mundial de la Salud lo establece en 7,5 litros diarios promedio—; la protección especial y el uso prioritario de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico; y la gestión pública, estatal y comunitaria, del servicio de acueducto y alcantarillado.

El Gobierno ha dado algunos argumentos para oponerse a la aprobación del proyecto. La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Leyla Rojas, señaló que el texto que está a consideración del Congreso conduce a un resultado contrario al de garantizar el líquido vital para todos los colombianos. Aunque reconoció las buenas intenciones de la iniciativa, criticó el hecho de que la restricción en la prestación del servicio, que le sería acordada al Estado, atente contra los subsidios que se tienen para los estratos más pobres. El subdirector de Planeación Nacional, Andrés Escobar, en ese mismo sentido se opuso a que se impida que los operadores privados intervengan en el proceso de distribución o comercialización de acueductos. Otros, en la misma esfera gubernamental, no están de acuerdo con la asignación de la conservación de las fuentes de agua a ciertas comunidades étnicas o nativas, por considerar que ese simple hecho no garantiza la debida protección de las mismas.

El proyecto es regresivo e idealista en algunos puntos. Establece un mínimo vital de agua potable para todas las personas, que es inferior a la tarifa que hoy subsidia el Estado a través de las diferentes empresas de acueducto, lo que a la larga podría beneficiar a los estratos altos. Con la prohibición de la operación por empresas privadas, más de uno estima que se estaría retrocediendo: los acueductos que en la actualidad cuentan con inversionistas privados volverían a manos de redes políticas regionales o municipales y se corre entonces el riesgo de convertirlos en escenarios de burocracia, clientelismo y corrupción. Su cobertura podría reducirse y, a la postre, habría más gente pobre sin agua.

Con todo, la campaña para sacar adelante la iniciativa es un ejemplo interesante de movilización social. Redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, comunitarias e indígenas circularon a través del país, conformaron comités, realizaron asambleas populares, hicieron propaganda sencilla a través de volantes. Miembros del movimiento viajaron por ríos como el Magdalena, el Bogotá y el Cauca, y los indígenas, algo más bien inusual, tuvieron participación destacada.

Así, aunque los más rígidos opositores reducen la iniciativa a la aparente promesa de agua regalada por parte del Estado, lo cierto es que detrás de ésta hay incentivos y verdades alarmantes que merecen ser discutidos. Según la Defensoría del Pueblo, el 53% de los habitantes de las áreas rurales del país no cuentan con acueducto y el 82,2 por ciento no tiene acceso a alcantarillado. En Bogotá, de acuerdo con cifras de la Contraloría Distrital, 230 mil familias están desconectadas del agua por no tener dinero para cancelar las cuentas. Y si miramos hacia el futuro, el Ideam ya anunció que “si las cosas siguen como están”, para  2025 la Zona Andina del país, con más del 60% de la población, entrará en crisis debido a una escasez de agua. No es este, pues, un debate sencillo que se divida fácilmente entre neoliberales y miembros de ONG.

Cuatro son las metas específicas de este referendo: la consagración del agua potable como derecho fundamental; el suministro de un mínimo vital gratuito —la Organización Mundial de la Salud lo establece en 7,5 litros diarios promedio—; la protección especial y el uso prioritario de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico; y la gestión pública, estatal y comunitaria, del servicio de acueducto y alcantarillado.

El Gobierno ha dado algunos argumentos para oponerse a la aprobación del proyecto. La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Leyla Rojas, señaló que el texto que está a consideración del Congreso conduce a un resultado contrario al de garantizar el líquido vital para todos los colombianos. Aunque reconoció las buenas intenciones de la iniciativa, criticó el hecho de que la restricción en la prestación del servicio, que le sería acordada al Estado, atente contra los subsidios que se tienen para los estratos más pobres. El subdirector de Planeación Nacional, Andrés Escobar, en ese mismo sentido se opuso a que se impida que los operadores privados intervengan en el proceso de distribución o comercialización de acueductos. Otros, en la misma esfera gubernamental, no están de acuerdo con la asignación de la conservación de las fuentes de agua a ciertas comunidades étnicas o nativas, por considerar que ese simple hecho no garantiza la debida protección de las mismas.

El proyecto es regresivo e idealista en algunos puntos. Establece un mínimo vital de agua potable para todas las personas, que es inferior a la tarifa que hoy subsidia el Estado a través de las diferentes empresas de acueducto, lo que a la larga podría beneficiar a los estratos altos. Con la prohibición de la operación por empresas privadas, más de uno estima que se estaría retrocediendo: los acueductos que en la actualidad cuentan con inversionistas privados volverían a manos de redes políticas regionales o municipales y se corre entonces el riesgo de convertirlos en escenarios de burocracia, clientelismo y corrupción. Su cobertura podría reducirse y, a la postre, habría más gente pobre sin agua.

Con todo, la campaña para sacar adelante la iniciativa es un ejemplo interesante de movilización social. Redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, comunitarias e indígenas circularon a través del país, conformaron comités, realizaron asambleas populares, hicieron propaganda sencilla a través de volantes. Miembros del movimiento viajaron por ríos como el Magdalena, el Bogotá y el Cauca, y los indígenas, algo más bien inusual, tuvieron participación destacada.

Así, aunque los más rígidos opositores reducen la iniciativa a la aparente promesa de agua regalada por parte del Estado, lo cierto es que detrás de ésta hay incentivos y verdades alarmantes que merecen ser discutidos. Según la Defensoría del Pueblo, el 53% de los habitantes de las áreas rurales del país no cuentan con acueducto y el 82,2 por ciento no tiene acceso a alcantarillado. En Bogotá, de acuerdo con cifras de la Contraloría Distrital, 230 mil familias están desconectadas del agua por no tener dinero para cancelar las cuentas. Y si miramos hacia el futuro, el Ideam ya anunció que “si las cosas siguen como están”, para  2025 la Zona Andina del país, con más del 60% de la población, entrará en crisis debido a una escasez de agua. No es este, pues, un debate sencillo que se divida fácilmente entre neoliberales y miembros de ONG.