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El golpe de Estado en Myanmar, la antigua Birmania, es un reto contra la frágil estabilidad democrática del país asiático y una afrenta para la comunidad internacional, que había apostado todo por la institucionalidad. Los supuestos motivos para mantener en arresto domiciliario a la jefa de facto del gobierno civil, la cuestionada Aung San Suu Kyi, y deponer a su aliado político y jefe de Estado, Win Myint, carecen de solidez. Aunque se esperaba una reacción militar tras la derrota que sufrió el partido que los apoyaba en los comicios de noviembre pasado y las acusaciones de fraude que alegan, la noticia tomó por sorpresa al país. Los militares han anunciado elecciones en un año, mientras que en las calles se respira una tensa calma con masivos llamados en redes a defender la democracia.
Infortunadamente la reacción internacional no ha sido tan contundente. Aunque la Casa Blanca anunció que “se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Myanmar, y tomará acciones”, no lo calificó como un golpe. La Unión Europea fue más enfática al condenar “con firmeza el golpe en Myanmar”. En ninguno de los dos casos se menciona por su nombre a Aung San Suu Kyi, formalmente asesora especial y la jefa de hecho del gobierno civil, debido a su involucramiento en el genocidio del pueblo rohinyá. Por último, en el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó la posibilidad de una condena al golpe, pues China, que ha actuado muy cerca de los militares golpistas, lo impidió.
Aung San Suu Kyi fue la figura clave para acabar con la dictadura que gobernó entre 1961 y 2011, y se iniciara la transición que permitió que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), llegara al poder en las elecciones de 2015. El Ejército, conocido como el Tatmadaw, había aprobado una reforma a la Constitución para blindarse ante una eventual pérdida del poder. Esta les permite mantener el 25 % del Congreso, nombrar a los ministros de Defensa y del Interior, así como manejar un importante número de empresas, en uno de los países más pobres del mundo. En las elecciones de noviembre pasado el NLD arrasó en las urnas, lo que le permitió contar con 346 diputados en la Cámara baja, frente a 33 del partido que apoya al Tatmadaw. De allí que el jefe del Ejército y verdadero poder detrás del poder, general Min Aung Hlaing, haya depuesto al actual gobierno alegando fraude y contando, como lo señalan los analistas, con el apoyo de China.
El general tiene un largo historial de graves abusos a los derechos humanos por ser el responsable del genocidio contra el pueblo rohinyá. Myanmar es un país predominantemente budista y tiene varias minorías dentro de su territorio. Una de ellas, los rohinyá, de origen musulmán, fue objeto de una limpieza étnica perpetrada por el Ejército, así como por civiles. El resultado fue la muerte de más de 25.000 personas, violaciones a mujeres y la quema de sus viviendas, lo que ocasionó a su vez el desplazamiento de cerca de 725.000 rohinyás a la vecina Bangladés. Durante el proceso por el genocidio ante la Corte Penal Internacional, Aung San Suu Kyi se presentó dentro del equipo que defendió la atroz masacre. Este hecho le generó el rechazo internacional, en especial por contar con el Premio Nobel de Paz.
Los golpistas buscan inhabilitar tanto a Aung San Suu Kyi como a Win Myint, por unos cargos sin sustento que podrían acarrearles tres años de cárcel. Esto pone a su partido en una disyuntiva, pues para poder participar en nuevos comicios deberá expulsar a las dos figuras más representativas con que cuenta en el país y no se vislumbra a nadie que los pueda suceder. Es de esperar que la protesta interna así como la presión internacional y la imposición de sanciones permitan un retorno a la institucionalidad democrática a la brevedad posible o, si no, Myamnar volverá a la condición de paria internacional.
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