La inclusión de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una noticia importante para el país, siempre y cuando los tribunales de paz puedan verificar las acusaciones que ha hecho. La pregunta abierta sobre cómo van a coordinar la jurisdicción entre la JEP y Justicia y Paz es un mal augurio para el éxito de la colaboración que el exjefe paramilitar pueda aportar. Es importante, no obstante, que este tipo de figuras aporten toda la evidencia que tengan en su poder sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado.
La figura de Mancuso genera justa desconfianza. Sus aportes a Justicia y Paz fueron en varias ocasiones erráticos y engañosos. Ahora su voluntad de llegar a la JEP está enmarcada en su deseo de regresar al país en libertad. Desde antes de la desmovilización de los grupos paramilitares, sus figuras, en particular Mancuso, mostraron destreza en el manejo de la opinión pública. Los años posteriores han estado plagados de confesiones rimbombantes que, sin embargo, no han sido acompañadas de pruebas. El cálculo, entonces, es de criterio y delicadeza: ¿cómo valoramos testimonios dados tantos años después del conflicto en el contexto de un intento de reinscribir su figura en el día a día de los colombianos?
Hay maneras, por supuesto. La Corte Suprema de Justicia ha mostrado cómo, en las investigaciones sobre parapolíticos, las declaraciones de los líderes de las autodefensas pueden acompañarse de recolección independiente de información que permita corroborar lo que dicen. Aunque en menor medida, lo propio han hecho los tribunales de Justicia y Paz. La JEP también ha mostrado su independencia al hacerles verificación a las confesiones de los ex-FARC y de los miembros de la fuerza pública que estuvieron involucrados en asesinatos extrajudiciales. La clave es no perder de vista que el proceso de justicia transicional depende de su legitimidad y de que Colombia conozca las pruebas detrás de cada afirmación, condena y aceptación de responsabilidad.
Vinieron los ataques ya comunes contra la JEP. Era de esperarse. Más, porque las nuevas declaraciones de Mancuso mencionan a personajes tan importantes en la política colombiana como los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ante eso, la respuesta de los tribunales de paz debe ser la misma que han dado en estos años de funcionamiento: mostrar que su trabajo es disciplinado y riguroso, y que no se trata de una cacería de brujas ni una cruzada injustificada. También es necesario que quienes comenten el caso reconozcan que no tenemos toda la información aún, que la declaración de Mancuso está bajo reserva y que lo que ahora corresponde es esperar a los resultados de la investigación realizada por la JEP.
La otra incógnita es cómo se van a coordinar la JEP y los tribunales de Justicia y Paz sobre el caso de Mancuso. Es urgente que haya comunicación directa porque, de lo contrario, los incentivos para cooperar con la justicia se pueden desdibujar. No es momento para que las trabas burocráticas frustren la búsqueda de la verdad.
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La inclusión de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una noticia importante para el país, siempre y cuando los tribunales de paz puedan verificar las acusaciones que ha hecho. La pregunta abierta sobre cómo van a coordinar la jurisdicción entre la JEP y Justicia y Paz es un mal augurio para el éxito de la colaboración que el exjefe paramilitar pueda aportar. Es importante, no obstante, que este tipo de figuras aporten toda la evidencia que tengan en su poder sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado.
La figura de Mancuso genera justa desconfianza. Sus aportes a Justicia y Paz fueron en varias ocasiones erráticos y engañosos. Ahora su voluntad de llegar a la JEP está enmarcada en su deseo de regresar al país en libertad. Desde antes de la desmovilización de los grupos paramilitares, sus figuras, en particular Mancuso, mostraron destreza en el manejo de la opinión pública. Los años posteriores han estado plagados de confesiones rimbombantes que, sin embargo, no han sido acompañadas de pruebas. El cálculo, entonces, es de criterio y delicadeza: ¿cómo valoramos testimonios dados tantos años después del conflicto en el contexto de un intento de reinscribir su figura en el día a día de los colombianos?
Hay maneras, por supuesto. La Corte Suprema de Justicia ha mostrado cómo, en las investigaciones sobre parapolíticos, las declaraciones de los líderes de las autodefensas pueden acompañarse de recolección independiente de información que permita corroborar lo que dicen. Aunque en menor medida, lo propio han hecho los tribunales de Justicia y Paz. La JEP también ha mostrado su independencia al hacerles verificación a las confesiones de los ex-FARC y de los miembros de la fuerza pública que estuvieron involucrados en asesinatos extrajudiciales. La clave es no perder de vista que el proceso de justicia transicional depende de su legitimidad y de que Colombia conozca las pruebas detrás de cada afirmación, condena y aceptación de responsabilidad.
Vinieron los ataques ya comunes contra la JEP. Era de esperarse. Más, porque las nuevas declaraciones de Mancuso mencionan a personajes tan importantes en la política colombiana como los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ante eso, la respuesta de los tribunales de paz debe ser la misma que han dado en estos años de funcionamiento: mostrar que su trabajo es disciplinado y riguroso, y que no se trata de una cacería de brujas ni una cruzada injustificada. También es necesario que quienes comenten el caso reconozcan que no tenemos toda la información aún, que la declaración de Mancuso está bajo reserva y que lo que ahora corresponde es esperar a los resultados de la investigación realizada por la JEP.
La otra incógnita es cómo se van a coordinar la JEP y los tribunales de Justicia y Paz sobre el caso de Mancuso. Es urgente que haya comunicación directa porque, de lo contrario, los incentivos para cooperar con la justicia se pueden desdibujar. No es momento para que las trabas burocráticas frustren la búsqueda de la verdad.
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