Antes de levantar cualquier reclamo contra el hundimiento de la reforma al código electoral, hay un dato que debe llamar a la pausa a todos los congresistas y miembros del Gobierno: la decisión de la Corte Constitucional fue unánime. En un tribunal donde rara vez eso ocurre,por la configuración ideológica y de visiones que hay dentro, el mensaje que manda dicho consenso es inequívoco. En síntesis, el Congreso, por andar afanado gracias al lobby desde la propia Registraduría, aprobó a las patadas una ley estatutaria que se encuentra en el corazón de la solidez de nuestra democracia. Es momento de aprovechar esta tercera oportunidad de tramitarlo para dar debates de fondo y escuchar voces desde la sociedad civil, en particular las preocupadas por el sistema del voto electrónico.
La reforma al código electoral fue la obsesión del todopoderoso exregistrador nacional Alexánder Vega. Bendecido por un aumento burocrático masivo durante el gobierno de Iván Duque, decidió impulsar una ley estatutaria ambiciosa que llevaba al voto electrónico, modificaba las cuotas y reestructuraba todo el sistema electoral colombiano. Sin embargo, en 2020, la Corte Constitucional tumbó la ley con un regaño al Congreso por haberlo tramitado incurriendo en varios vicios de trámite. El Legislativo respondió, nuevamente presionado desde la Registraduría, volviendo a aprobar la misma ley... solo para que la Corte vuelva a tumbarlo ahora citando razones muy parecidas.
Entre los problemas que identificó el tribunal constitucional está que no superó el análisis de impacto fiscal, no se surtieron las consultas previas debidas y, quizá lo más preocupante, dice que el Congreso eludió el debate. Es decir que no se dialogó sobre una ley tan importante, sino que se apeló al llamado pupitrazo. De las carreras no queda más que el cansancio; un mensaje que, por cierto, podría predecir lo que puede ocurrir con la reforma pensional aprobada hace poco. En todo caso, lo evidente es que los congresistas querían aprobar a como diera lugar una reforma que, en cambio, debió ser consensuada.
Ahora hay una tercera oportunidad de hacerlo. El gobierno de Gustavo Petro debería liderar la discusión, porque es claro que nuestro sistema electoral necesita una actualización. Ese proceso, no obstante, necesita transparencia, amplia participación y, en particular, escuchar las voces expertas de la sociedad civil. Varias organizaciones especializadas en activismo digital han expresado sus reservas sobre los trámites de la cédula digital y lo mismo habían hecho a propósito de la implementación del voto electrónico. Ya que la administración Petro tiene un propósito anticorrupción, debe ponerle la lupa a este proceso al mismo tiempo que convoca a todos los partidos. Lo electoral necesita consenso, no permite escándalos.
Venezuela ha puesto de presente la necesidad de tener órganos electorales que sean autónomos, pero que también cuenten con vigilancia independiente y efectiva. El vecino país, a pesar de tener un sistema de voto electrónico diseñado para evitar fraudes, mostró cómo la cooptación de los poderes públicos, la opacidad del Gobierno de turno y la ausencia de mecanismos de verificación se prestan para generar crisis. En las últimas elecciones colombianas hubo denuncias de fraude, pero gracias a que nuestro sistema permitía escrutinios transparentes y tuvo acompañamiento creíble, estas fueron verificadas a tiempo. No cometamos errores con nuestro sistema electoral.