El tema inconcluso de Uber

Aunque el Gobierno parece haber dado el tema por saldado, la realidad es que Uber sigue funcionando en el país y la incapacidad de los reguladores para proponer una normatividad adecuada, que no se lave las manos sino que enfrente directamente el cambio de coyuntura, sigue generando problemas de orden público y contrasta con las declaraciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) sobre la apertura del país a los desarrollos tecnológicos.

El año pasado terminó con la noticia de que, en primera instancia, la Superintendencia de Transporte multó a Uber con una sanción de $344’727.000 y con la amenaza de que vendrán mayores castigos si la empresa “continúa facilitando y promoviendo la violación de las normas de transporte vigentes en el país”. También se ordenó “perentoriamente a dicha empresa dejar de promover, a través de medios masivos y de publicidad, el uso de la plataforma tecnológica que permite la prestación ilegal del servicio”.

Mientras tanto, Uber ha insistido en su voluntad de pagar impuestos, así como de cumplir las regulaciones una vez se expida una normatividad que no prohíba de tajo el cambio que trajo su plataforma, sino que lo reglamente de manera adecuada.

Estamos de acuerdo con esa posición. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, los decretos expedidos por el Gobierno se salen por la tangente y ceden a las presiones del poderoso lobby de los taxistas: en vez de aprovechar esta oportunidad para regular los puntos más complicados que nacen cuando entran al mercado tecnologías disruptivas, la regulación se inventó una nueva categoría de transporte que nadie estaba solicitando y que deja por completo desprotegidos a los actuales conductores que utilizan Uber, así como sus clientes.

El gran ausente en todo ese debate fue el Mintic, que perdió protagonismo ante el Ministerio de Transporte. Por eso, no deja de sonar extraño que el ministro David Luna diga, en entrevista con El Tiempo, que “quien ha avanzado en tecnología, como Uber, bienvenido”, pero evita entrar al debate al decir que “si el sector de transporte tiene sanciones en contra de Uber, pues debe actuar en ese particular”. ¿Es que acaso son temas completamente desligados?

Ahí subyace el problema de la aproximación del Gobierno a este tema. Mientras el Mintic se conforma con decir que en Colombia hay neutralidad de la red, el Mintransporte demuestra su incapacidad para entender la inevitabilidad de los cambios en el servicio de transporte que traen plataformas como Uber o Lyft. ¿De verdad podemos decir que los avances tecnológicos son bienvenidos cuando hay ministerios abiertamente hostiles a pensar soluciones que, en efecto, les den la bienvenida a los cambios?

Lo angustiante es que, ante la incapacidad del Gobierno para expedir una regulación eficiente, siguen las vías de hecho. Mientras Uber sigue su expansión por el país, en otras ciudades hemos empezado a ver los mismos problemas de Bogotá: bloques de búsqueda de taxistas que persiguen y atacan a presuntos conductores de Uber, inseguridad laboral para los conductores de ese servicio y falta de protección a sus clientes. Las sanciones de la Supertransporte no servirán porque lo que han demostrado estas tecnologías es que los colombianos las quieren usar y las van a seguir usando.

Seguir fingiendo que todo está resuelto sólo va a perpetuar la incertidumbre.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Aunque el Gobierno parece haber dado el tema por saldado, la realidad es que Uber sigue funcionando en el país y la incapacidad de los reguladores para proponer una normatividad adecuada, que no se lave las manos sino que enfrente directamente el cambio de coyuntura, sigue generando problemas de orden público y contrasta con las declaraciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) sobre la apertura del país a los desarrollos tecnológicos.

El año pasado terminó con la noticia de que, en primera instancia, la Superintendencia de Transporte multó a Uber con una sanción de $344’727.000 y con la amenaza de que vendrán mayores castigos si la empresa “continúa facilitando y promoviendo la violación de las normas de transporte vigentes en el país”. También se ordenó “perentoriamente a dicha empresa dejar de promover, a través de medios masivos y de publicidad, el uso de la plataforma tecnológica que permite la prestación ilegal del servicio”.

Mientras tanto, Uber ha insistido en su voluntad de pagar impuestos, así como de cumplir las regulaciones una vez se expida una normatividad que no prohíba de tajo el cambio que trajo su plataforma, sino que lo reglamente de manera adecuada.

Estamos de acuerdo con esa posición. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, los decretos expedidos por el Gobierno se salen por la tangente y ceden a las presiones del poderoso lobby de los taxistas: en vez de aprovechar esta oportunidad para regular los puntos más complicados que nacen cuando entran al mercado tecnologías disruptivas, la regulación se inventó una nueva categoría de transporte que nadie estaba solicitando y que deja por completo desprotegidos a los actuales conductores que utilizan Uber, así como sus clientes.

El gran ausente en todo ese debate fue el Mintic, que perdió protagonismo ante el Ministerio de Transporte. Por eso, no deja de sonar extraño que el ministro David Luna diga, en entrevista con El Tiempo, que “quien ha avanzado en tecnología, como Uber, bienvenido”, pero evita entrar al debate al decir que “si el sector de transporte tiene sanciones en contra de Uber, pues debe actuar en ese particular”. ¿Es que acaso son temas completamente desligados?

Ahí subyace el problema de la aproximación del Gobierno a este tema. Mientras el Mintic se conforma con decir que en Colombia hay neutralidad de la red, el Mintransporte demuestra su incapacidad para entender la inevitabilidad de los cambios en el servicio de transporte que traen plataformas como Uber o Lyft. ¿De verdad podemos decir que los avances tecnológicos son bienvenidos cuando hay ministerios abiertamente hostiles a pensar soluciones que, en efecto, les den la bienvenida a los cambios?

Lo angustiante es que, ante la incapacidad del Gobierno para expedir una regulación eficiente, siguen las vías de hecho. Mientras Uber sigue su expansión por el país, en otras ciudades hemos empezado a ver los mismos problemas de Bogotá: bloques de búsqueda de taxistas que persiguen y atacan a presuntos conductores de Uber, inseguridad laboral para los conductores de ese servicio y falta de protección a sus clientes. Las sanciones de la Supertransporte no servirán porque lo que han demostrado estas tecnologías es que los colombianos las quieren usar y las van a seguir usando.

Seguir fingiendo que todo está resuelto sólo va a perpetuar la incertidumbre.

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