En aborto, reglas claras para garantizar el derecho
La Corte Constitucional debe aprender de lo ocurrido con la eutanasia, en vísperas de su decisión sobre el aborto. En el derecho a la muerte digna, desde el principio el alto tribunal entendió lo lógico: que se trataba de un asunto de autonomía personal íntimamente relacionado con el bienestar de las personas. También vio que la ausencia de una regulación generaba obstáculos indebidos en un país dominado por los prejuicios y los leguleyos. Sin embargo, una y otra vez la Corte le pidió al Congreso que actuara. Y una y otra vez el Congreso no hizo nada, permitiendo así que las entidades prestadoras de servicios de salud negaran los procedimientos con todas las excusas posibles, causando dolores innecesarios y crueles. No debe ocurrir lo mismo con el aborto.
El delito de aborto es inútil. Peor aún, es cruel y una herramienta empleada a menudo para lastimar a las personas más vulnerables en Colombia. No reduce el número de abortos, solo los envía a la clandestinidad. No cumple un fin loable en política criminal, pues lo único que consigue es sancionar a niñas y procesar a mujeres que simplemente no querían ser madres. Las tres causales de excepción, aunque importantes e históricas, han mostrado su insuficiencia. Los prestadores de salud las utilizan para negar los servicios, para sembrar confusión y para someter a las mujeres con derecho a abortar a tratos crueles. Las cifras del fracaso son claras: unas 70 mujeres muertas cada año por abortos clandestinos, 236 mujeres condenadas por el delito de aborto y 198 niñas y adolescentes sancionadas. ¿Para qué tanto dolor?
La Corte Constitucional debe eliminar el delito del aborto. Al hacerlo, debe resistir la tentación de pedirle al Congreso que entre a regular la materia. Como lo dijimos: en la protección de la autonomía en asuntos tan complejos no se pueden repetir los errores que ocurrieron con la eutanasia.
A pesar de varios proyectos presentados ante el Congreso, este ha sido incapaz de tomar una decisión sobre el aborto. Tiene sentido. Se trata de un órgano sin legitimidad en la opinión pública y altamente susceptible al populismo. A la mayoría de los congresistas poco parece preocuparles la protección de los derechos de las mujeres, porque saben que el aborto es candela política. En Colombia la influencia del oscurantismo, que mueve masas, sigue siendo ineludible para quienes necesitan votos cada cuatro años.
Veamos lo que pasó con Martha Sepúlveda. A pesar de que ya existía una decisión de la Corte Constitucional, ella fue sometida a un proceso cruel que inicialmente resultó negándole su derecho a morir dignamente. Incluso en ese caso, cuando la Corte decidió llenar el vacío creado por el legislador, la burocracia inventó excusas para no cumplir su deber.
No es difícil imaginarse a una mujer joven, de escasos recursos, en alguno de tantos lugares de Colombia con precario cubrimiento del sistema de salud. Ella llega a solicitar un aborto, sabiendo que la Corte eliminó el delito, pero sin tener más herramientas ni claridad, dada la ausencia de regulación. Será fácil para el personal de salud, si lo desea, negar ese derecho, alegando falta de reglas claras. Y seguiremos con derechos obstaculizados en el país.
Es momento para que la Corte dé un paso valiente y necesario. Que todas las colombianas tengan claro su derecho al aborto y cuenten con las reglas transparentes para que no se lo nieguen. Es lo justo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La Corte Constitucional debe aprender de lo ocurrido con la eutanasia, en vísperas de su decisión sobre el aborto. En el derecho a la muerte digna, desde el principio el alto tribunal entendió lo lógico: que se trataba de un asunto de autonomía personal íntimamente relacionado con el bienestar de las personas. También vio que la ausencia de una regulación generaba obstáculos indebidos en un país dominado por los prejuicios y los leguleyos. Sin embargo, una y otra vez la Corte le pidió al Congreso que actuara. Y una y otra vez el Congreso no hizo nada, permitiendo así que las entidades prestadoras de servicios de salud negaran los procedimientos con todas las excusas posibles, causando dolores innecesarios y crueles. No debe ocurrir lo mismo con el aborto.
El delito de aborto es inútil. Peor aún, es cruel y una herramienta empleada a menudo para lastimar a las personas más vulnerables en Colombia. No reduce el número de abortos, solo los envía a la clandestinidad. No cumple un fin loable en política criminal, pues lo único que consigue es sancionar a niñas y procesar a mujeres que simplemente no querían ser madres. Las tres causales de excepción, aunque importantes e históricas, han mostrado su insuficiencia. Los prestadores de salud las utilizan para negar los servicios, para sembrar confusión y para someter a las mujeres con derecho a abortar a tratos crueles. Las cifras del fracaso son claras: unas 70 mujeres muertas cada año por abortos clandestinos, 236 mujeres condenadas por el delito de aborto y 198 niñas y adolescentes sancionadas. ¿Para qué tanto dolor?
La Corte Constitucional debe eliminar el delito del aborto. Al hacerlo, debe resistir la tentación de pedirle al Congreso que entre a regular la materia. Como lo dijimos: en la protección de la autonomía en asuntos tan complejos no se pueden repetir los errores que ocurrieron con la eutanasia.
A pesar de varios proyectos presentados ante el Congreso, este ha sido incapaz de tomar una decisión sobre el aborto. Tiene sentido. Se trata de un órgano sin legitimidad en la opinión pública y altamente susceptible al populismo. A la mayoría de los congresistas poco parece preocuparles la protección de los derechos de las mujeres, porque saben que el aborto es candela política. En Colombia la influencia del oscurantismo, que mueve masas, sigue siendo ineludible para quienes necesitan votos cada cuatro años.
Veamos lo que pasó con Martha Sepúlveda. A pesar de que ya existía una decisión de la Corte Constitucional, ella fue sometida a un proceso cruel que inicialmente resultó negándole su derecho a morir dignamente. Incluso en ese caso, cuando la Corte decidió llenar el vacío creado por el legislador, la burocracia inventó excusas para no cumplir su deber.
No es difícil imaginarse a una mujer joven, de escasos recursos, en alguno de tantos lugares de Colombia con precario cubrimiento del sistema de salud. Ella llega a solicitar un aborto, sabiendo que la Corte eliminó el delito, pero sin tener más herramientas ni claridad, dada la ausencia de regulación. Será fácil para el personal de salud, si lo desea, negar ese derecho, alegando falta de reglas claras. Y seguiremos con derechos obstaculizados en el país.
Es momento para que la Corte dé un paso valiente y necesario. Que todas las colombianas tengan claro su derecho al aborto y cuenten con las reglas transparentes para que no se lo nieguen. Es lo justo.
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