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El proceso contra Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, hasta ahora ha demostrado la importancia de que las instituciones puedan actuar en el marco del equilibrio de poderes. Desde la actitud del presidente, que ha pedido que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y ha prometido no intervenir de ninguna manera, hasta la de la Fiscalía, que ha llevado la investigación con rigurosidad, Colombia ha evitado una crisis política. Todos los involucrados deben recordar la importancia de la legitimidad en las discusiones sobre el debido proceso para que no caigan en la tentación de politizar un asunto tan delicado.
Por supuesto, lo que ocurre está mediado por la política. Fue el presidente Petro quien ayudó a que su hijo se volviera un referente político en el Atlántico; los dineros en cuestión, según el testimonio de Daysuris Vásquez, tenían como propósito intervenir en la campaña presidencial. Además, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha convertido sus intervenciones públicas en una disputa con el presidente Petro, lo que ha puesto en entredicho las actuaciones del ente investigador. En ese marco, es esencial que sea la justicia la que decida y que cualquier tipo de actuación de la Fiscalía sea explicada con transparencia. Ya hay voces que quieren sembrar dudas sobre lo que ocurre. Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico y candidato a la Alcaldía de Bogotá, dijo que “un joven que no estaba huyendo de la justicia no merecía un show como el que montó el fiscal”. Ya sabemos en qué terminan los discursos que minan la credibilidad de las instituciones.
Las preguntas están claras: ¿recibió Nicolás Petro dineros provenientes del narcotráfico? ¿No los reportó en las cuentas de campaña ni en sus declaraciones de renta personales? Si esto es así, ¿incurrió en el delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía? Lo mismo se debe conocer sobre su exesposa, Daysuris Vásquez, también capturada y quien fue la persona que dio a conocer este caso al público. Haría bien el ente investigador en conseguir un acuerdo con Vásquez para que toda la información que sustente el caso esté a disposición de los colombianos.
Si el proceso termina en una condena, se abren también otras consideraciones: ¿hubo, como lo dejan entrever algunos de los chats conocidos y publicados por la revista Semana, complicidad de miembros del Gobierno Petro? ¿Desde cuándo sabía el presidente de lo que ocurría? También está la cuestión de la responsabilidad política: Nicolás Petro fue candidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico y una pieza importante de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la costa Caribe. Como preguntamos en todos los casos de corrupción que involucran a miembros de partidos políticos, ¿qué hará la colectividad para reparar el daño si se causó?
Por ahora, lo importante es ver cómo las instituciones pueden actuar de manera autónoma. Todos los involucrados tienen derecho a la defensa y la Rama Judicial es la llamada a contarle al país qué fue lo que ocurrió en todo este desastre.
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