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El Estado colombiano y, específicamente, la Alcaldía de Medellín han fallado en cuidar la vida y los derechos de las mujeres. Así lo evidencia el caso de Claudia Patricia Gómez Castaño, por cuyo feminicidio, ocurrido en 2017, durante la primera administración de Federico Gutiérrez, la alcaldía fue encontrada responsable administrativamente y, además de indemnizar a la familia, deberá ofrecer disculpas y capacitar al personal de las comisarías de familia.
Una semana antes de su asesinato, Gómez acudió a una Comisaría de Familia en Medellín en busca de ayuda tras años de sufrir violencia por parte de su esposo. A pesar de que se emitió una orden de alejamiento y que se sabía que el agresor se sentía en riesgo por la denuncia, la Comisaría no notificó a la policía ni realizó el seguimiento necesario para garantizar que la medida se cumpliera, tampoco ofreció refugio para Claudia Gómez y sus hijos, una posibilidad en casos donde hay riesgo inminente para la vida. Lo que siguió fue un feminicidio que pudo haberse evitado si el sistema hubiese funcionado. A esta falla institucional se le suma la revelación que hace un año hicimos en El Espectador: la Alcaldía de Medellín, al ser demandada por la familia Gómez Castaño, argumentó que ella “faltó al autocuidado”, responsabilizando a la víctima por su propia muerte. Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que las comisarías de familia y la respuesta estatal, en general, son insuficientes y revictimizantes: no toman en serio las denuncias y culpan a las víctimas por su propio destino.
El argumento de la alcaldía, que el tribunal desestimó, figura en un documento que publicamos en este periódico y lleva la firma de Daniel Quintero, alcalde al momento de radicada la demanda. Quintero dice que ese argumento proviene de lo consignado en la anterior alcaldía de Federico Gutiérrez, pero desde la administración de Gutiérrez se culpa a Quintero. No hace mayor diferencia quién lo dijo ni tiene sentido convertir este caso en una batalla política. Esa postura, aunque impresentable, no es nueva. En 2012, Colombia fue sacudida por otro feminicidio: el de Rosa Elvira Cely, quien fue brutalmente asesinada en la capital por un hombre contra quien había denuncias y una orden de captura ante las que el Estado no hizo nada. Al igual que en el caso de Claudia Gómez, el sistema de protección no sirvió y la Secretaría de Gobierno de Bogotá se defendió con que era “culpa exclusiva de la víctima”. En últimas, el Estado también fue condenado. Ambos casos reflejan la misma constante: una cultura institucional que, en lugar de proteger, termina perpetuando la violencia al no actuar.
Cuando una víctima busca ayuda en una comisaría de familia, hace un acto de autocuidado. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que las Comisarías de Familia en todo el país presentan serias deficiencias. Según un informe de 2022, solo el 52 % de comisarías cuentan con equipos interdisciplinarios completos, y un 25 % carecen de la infraestructura mínima para atender adecuadamente. Además, el informe señala que la situación no es distinta a la evaluada en 2011 y 2018, “lo que permite inferir que no existen proyectos correctivos”. El caso de Claudia Gómez, además, da cuenta de funcionarios públicos poco capacitados en perspectiva de género, imprescindible para atender casos de violencias sexuales y de género. El tribunal lo confirma en su fallo: “Lo que es claro es que [la comisaría] no revisó el historial ni los antecedentes de la señora Claudia Gómez, quien ya había acudido a denunciar”.
Colombia posee herramientas legales suficientes para atender la violencia intrafamiliar; falta aplicarlas. El feminicidio de Claudia Patricia Gómez no solo es una tragedia para su familia, sino un recordatorio de que la falta de voluntad política para abordar de manera integral la violencia de género es letal. El Estado tiene el deber de proteger la vida de las mujeres. Cuando no lo hace, se convierte en otro victimario, cómplice de asesinos.
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