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El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, no podría ser más claro en cuanto a las evidencias. En medio de las protestas del 2019, Barrera grabó, editó y publicó un video en sus redes sociales donde se muestra a sí misma rompiendo varias partes de una estación de Transmilenio. Para agregar al delito, la influenciadora dice: “Yo estaba destruyendo lo que era del Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido”, y luego agrega: “El Estado debe invertir los millones que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando”. Este mensaje fue replicado por sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales durante un momento muy difícil para Colombia.
No hay duda, entonces, sobre el crimen cometido. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia al confirmar la condena de cinco años en su contra. “Se observa claro que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público por parte de la popular influencer Epa Colombia, a sus seguidores, ubicados en distintos lugares del país, en ese tiempo conmocionado por el estallido social, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”, dicen los magistrados. En eso tienen razón. Ya lo había dicho un juez penal en primera instancia. Barrera cometió perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.
Sin embargo, este caso también pone de presente el debate pendiente sobre la utilidad de las penas de cárcel. La noticia ha sido la severidad contra Barrera, quien no podrá tener prisión domiciliaria ni trabajar mientras está tras las rejas, pues no tiene acceso a las redes sociales. En la práctica, eso significa quitarle su sustento económico, así como dejar en estado de vulnerabilidad a su hija, que está en brazos. Esto es lo mismo que pasa en muchas familias donde hay un crimen cometido. ¿Qué gana el Estado, qué gana la justicia y qué gana el debate público en torno a los delitos con una decisión tan lesiva para los derechos de una persona? ¿Cómo es reparación, en este caso y otros análogos, estar tras las rejas?
En un país con tanto populismo punitivo como el nuestro es muy difícil hablar de penas alternativas, simbólicas y procesos de reparación. Aquí todo se soluciona con cárcel. Cuanto más años tras las rejas, mejor, así los centros penitenciarios estén hacinados al punto de la indignidad; así los operadores judiciales no den abasto con tanto caso; así los peores victimarios se aprovechen de este caos para mantenerse en la impunidad. Sí, la Corte Suprema de Justicia hizo lo que manda la ley, ¿pero no será que estamos en mora de resignificar lo que se espera en casos como este?
No estamos abogando por la ausencia de responsabilidad, pero Barrera ha expresado su arrepentimiento y utilizado sus redes sociales para explicar por qué estuvo mal su comportamiento. Su trabajo puede servir para reparar los daños, mientras que su ejemplo nos puede acercar a la promesa de resocialización. Porque mientras la justicia siente que actuó con vehemencia, en la conversación cultural parece haber quedado la sensación de un abuso de poder contra una persona que quiere enmendar sus errores. Necesitamos un sistema penal que responda a esos clamores.
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