Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Colombia puede hacer historia. Como contó un reportaje de El Espectador, nuestro país está posicionado para ser el primero en erradicar la ablación, es decir la mutilación genital femenina. Estamos a solo dos debates del Congreso de aprobar un proyecto de ley que buscaría eso y fue creado con la participación de las comunidades más afectadas, pero necesitamos un esfuerzo concertado para comprender la magnitud del problema. Por ser un tema tan delicado, las víctimas suelen sufrir en silencio, el número de niñas y adolescentes que han sufrido la práctica tiene subregistro e incluso hay personas que pierden la vida por la falta de tratamiento médico oportuno. Necesitamos medidas integrales, llenas de empatía y pedagogía, que nos permitan proteger a las personas más vulnerables.
Claudia Queragama, lideresa de la comunidad indígena embera katío, hace poco pidió en el Congreso que se erradique la práctica. Ella le explicó sus razones a El Espectador, que pasan necesariamente por experiencias muy dolorosas. Cuando fue a presentar a su niña al territorio, la separaron de ella y luego se la devolvieron cuando ya la habían sometido a la mutilación. Es impactante cómo le contó a este diario que su exesposo la hizo caer en cuenta de lo ocurrido: “Él me preguntaba que si había autorizado y yo, sorprendida, le respondía que no entendía bien de qué me hablaba. No sabía ni siquiera qué era un clítoris. ¿Cómo iba a conocer algo que nunca tuve?”.
Queragama y su niña no están solas. Aunque las cifras son precarias, el Ministerio de Salud tiene 54 casos similares en 2024 y 91 en 2023. El problema es que todas las organizaciones indican que no podemos confiar en esa información. El sistema de salud sólo reporta los casos que llegan a él, pero muchos no son conocidos. En el peor de los casos, las niñas y adolescentes mueren en medio de infecciones no tratadas; en otros, crecen sin saber que fueron sometidas a un acto que afecta su salud sexual y reproductiva, y que las ubica en riesgos de tener muchas complicaciones a lo largo de sus vidas.
El reconocimiento que Colombia hizo de esta práctica en 2007 ayudó a que el mundo reconociera que no se trata de casos aislados. Conocemos otras víctimas en toda América Latina, así que los avances legislativos y de política pública que se hagan en nuestro país pueden servir de referente. Por esto y porque los casos siguen ocurriendo es que ha cobrado tanta relevancia el proyecto de ley que está frente al Congreso. Es necesario llevar a cabo procesos pedagógicos, además de la asignación directa de recursos y la elaboración de una ruta de atención especializada, para que el país pueda ser un espacio seguro para todas las niñas y adolescentes.
Una arista adicional ha sido la de si convertir la práctica en delito. El problema es que quienes llevan a cabo los procedimientos suelen ser parteras, en condición de vulnerabilidad, y de por sí el tabú hace que en casos de emergencia no se acuda al sistema de salud. Introducir el Código Penal, aunque busca hacer bien, generaría más obstáculos para que las víctimas reciban la atención que necesitan y haya un cambio cultural. Colombia puede dar ejemplo en adoptar una legislación moderna, empática y que lleve a cambios tangibles. No perdamos la oportunidad.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
