La discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas es árida, debido a que los argumentos se atrincheraron en lugares comunes que apelan más al populismo que a las necesidades de los colombianos. Ahora que estamos tramitando una nueva reforma tributaria y el país está necesitado de recursos, además de que tenemos al sistema de salud con problemas de financiación, es momento de que avancemos en un tema que está sobre la mesa desde hace cinco años.
Hay dos tipos de argumentos que se usan para bloquear el impuesto a las bebidas azucaradas. El primero es uno de autonomía. Básicamente, dicen que el Estado no debería decirles a las personas qué tipo de alimentos consumir y que si alguien desea tener una mala dieta está en todo su derecho de hacerlo. Si suena persuasivo es porque apela a un principio innegociable en una democracia como es la libertad individual, pero se trata de una visión sesgada del debate. Claro que las personas pueden consumir lo que deseen, pero un impuesto no es un acto de censura ni una prohibición. Simplemente parte de reconocer lo obvio: si usted tiene malos hábitos alimenticios va a desarrollar enfermedades que requerirán servicios del sistema de salud, el cual es pagado por todos los colombianos. Por eso, como ocurre con el cigarrillo, el alcohol y tantos otros productos, un impuesto busca obtener recursos para cubrir esos gastos, que no son menores. Se estima que al año se nos van $740.000 millones por culpa de diabetes atribuibles a bebidas azucaradas.
Quienes defienden la autonomía para oponerse al impuesto caricaturizan el debate y se asemejan a las personas que se oponen a los tapabocas o a las vacunas en el marco del COVID-19. Su concepción de Estado excluye por completo el bien común.
El segundo argumento es económico. Básicamente, dice que los pequeños tenderos están en riesgo de quebrar por culpa del aumento en los costos. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dijo que “una medida de este tipo desconoce claramente la dinámica de los tenderos. Un microcomerciante lucha diariamente para lograr un salario mínimo mensual en términos reales. Para esto debe hacer una combinación de productos, pero si uno de estos pierde participación, cae como cascada el resto”, y agregó que es una medida que perjudica principalmente a las personas de menores ingresos.
La preocupación es válida, pero la solución no es sabotear el impuesto a las bebidas azucaradas y seguir fomentando la dependencia de las tiendas en productos dañinos para la salud de los colombianos. Lo que necesitamos son proyectos de apoyo a las pequeñas tiendas que están amenazadas, por cierto, por muchos más factores que el encarecimiento de las bebidas azucaradas.
Además, justo son las personas de más escasos recursos las favorecidas con el impuesto. Son el grupo que más cambiará de hábitos debido al incentivo. Adicionalmente, los entre $1,5 y $2 billones que se recaudarán van a fortalecer el sistema de salud de todos los colombianos. Es más lo que ganamos que lo que perdemos. Es momento de que el Congreso apruebe el impuesto.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas es árida, debido a que los argumentos se atrincheraron en lugares comunes que apelan más al populismo que a las necesidades de los colombianos. Ahora que estamos tramitando una nueva reforma tributaria y el país está necesitado de recursos, además de que tenemos al sistema de salud con problemas de financiación, es momento de que avancemos en un tema que está sobre la mesa desde hace cinco años.
Hay dos tipos de argumentos que se usan para bloquear el impuesto a las bebidas azucaradas. El primero es uno de autonomía. Básicamente, dicen que el Estado no debería decirles a las personas qué tipo de alimentos consumir y que si alguien desea tener una mala dieta está en todo su derecho de hacerlo. Si suena persuasivo es porque apela a un principio innegociable en una democracia como es la libertad individual, pero se trata de una visión sesgada del debate. Claro que las personas pueden consumir lo que deseen, pero un impuesto no es un acto de censura ni una prohibición. Simplemente parte de reconocer lo obvio: si usted tiene malos hábitos alimenticios va a desarrollar enfermedades que requerirán servicios del sistema de salud, el cual es pagado por todos los colombianos. Por eso, como ocurre con el cigarrillo, el alcohol y tantos otros productos, un impuesto busca obtener recursos para cubrir esos gastos, que no son menores. Se estima que al año se nos van $740.000 millones por culpa de diabetes atribuibles a bebidas azucaradas.
Quienes defienden la autonomía para oponerse al impuesto caricaturizan el debate y se asemejan a las personas que se oponen a los tapabocas o a las vacunas en el marco del COVID-19. Su concepción de Estado excluye por completo el bien común.
El segundo argumento es económico. Básicamente, dice que los pequeños tenderos están en riesgo de quebrar por culpa del aumento en los costos. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dijo que “una medida de este tipo desconoce claramente la dinámica de los tenderos. Un microcomerciante lucha diariamente para lograr un salario mínimo mensual en términos reales. Para esto debe hacer una combinación de productos, pero si uno de estos pierde participación, cae como cascada el resto”, y agregó que es una medida que perjudica principalmente a las personas de menores ingresos.
La preocupación es válida, pero la solución no es sabotear el impuesto a las bebidas azucaradas y seguir fomentando la dependencia de las tiendas en productos dañinos para la salud de los colombianos. Lo que necesitamos son proyectos de apoyo a las pequeñas tiendas que están amenazadas, por cierto, por muchos más factores que el encarecimiento de las bebidas azucaradas.
Además, justo son las personas de más escasos recursos las favorecidas con el impuesto. Son el grupo que más cambiará de hábitos debido al incentivo. Adicionalmente, los entre $1,5 y $2 billones que se recaudarán van a fortalecer el sistema de salud de todos los colombianos. Es más lo que ganamos que lo que perdemos. Es momento de que el Congreso apruebe el impuesto.
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