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La idea de que cargar un arma reduce el riesgo de un hurto o un homicidio no solo es falsa, sino que ha servido para justificar atrocidades peores en otros países. Estados Unidos va de masacre en masacre, incapaz de detenerlas por creer que se trata de un problema de salud mental y no de falta de regulación. Por eso es de celebrar que el presidente Iván Duque haya renovado el decreto que prohíbe el porte de armas, salvo en casos excepcionales.
Varios miembros del Centro Democrático, partido de Gobierno, le habían solicitado al presidente modificar la prohibición que está en vigencia desde el 2015. El argumento es uno que abunda en todos los países donde se da este debate: para contrarrestar la inseguridad, los ciudadanos deberían poder tener armas legalmente en caso de que deban ejercer la legítima defensa.
El problema es que esa idea es una fantasía sin ningún sustento en la práctica.
La American Journal of Medicine, prestigiosa revista que difunde estudios rigurosos, publicó un informe que llegó a una conclusión obvia: las armas no hacen que un país sea más seguro.
Comparando las tasas de crimen y de asesinatos causados por armas en 27 países, los doctores estadounidenses encontraron que el país con más muertes violentas es, al mismo tiempo, el que más armas legales tiene. Resulta que entre más fácil sea adquirir un arma, más son las probabilidades de que esta sea usada, y no necesariamente en “legítima defensa”.
“Hay una correlación significativa”, dice el estudio, “entre las armas por ciudadano en un país y su tasa de muertes ocasionadas por armas. Esto contraría el argumento de que permitir el porte implica disminuir el crimen”. Así, Estados Unidos, donde la segunda enmienda constitucional permite el libre porte de armas, es el país que tiene más muertes violentas por culpa de las armas. El país con menos, Japón, tiene una estricta prohibición.
¿Qué más evidencia se necesita? En un país como el nuestro, con tasas elevadas de violencia tanto en el campo como en las ciudades, ¿de verdad queremos que más personas estén armadas? ¿Qué justificación hay, más allá de crear el espejismo de seguridad? Si en efecto la prohibición facilita el actuar de las autoridades contra el porte ilegal, ¿no debería, entonces, mantenerse?
Por fortuna, la administración Duque está de acuerdo con la prohibición. A través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció la firma del decreto 2362 “que mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas en el territorio nacional, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019. El derecho a autorizaciones especiales se mantiene. El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicó en La FM que la nueva reglamentación “elimina la discrecionalidad de las personas que entregaban los permisos especiales. Ahora hay una directriz que expide el Ministerio de Defensa. Y con fundamento en esa directriz esas personas actúan”.
Celebramos esa decisión. Colombia debe seguir buscando maneras de disminuir la violencia, no de aumentarla.
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