Es urgente resolver la crisis de la Universidad Popular del Cesar (UPC)
La crisis institucional de la Universidad Popular del Cesar (UPC) merece atención nacional. Sus estudiantes y docentes llevan días protestando y la solución desde la universidad fue suspender semestre, suspender pagos y seguir sin dar respuestas de fondo a los problemas denunciados. El nombramiento de un nuevo rector parece ser un alivio en el corto plazo, pero los problemas en esta institución pública vienen de antes y necesitan intervenciones más contundentes por parte de la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno del presidente Iván Duque. La politiquería está asfixiando el futuro de 16.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. No puede continuar así.
Las tragedias educativas no pueden quedarse en escándalos sectorizados. Si bien la UPC, en sus sedes de Valledupar y Aguachica, tiene influencia sobre todo en el departamento del Cesar, sus estudiantes y docentes están pidiendo la intervención nacional y la solidaridad del resto del país. Sus peticiones merecen que el debate trascienda la politiquería que tiene a la institución en tantos problemas.
La última noticia es que el Consejo Académico de la universidad suspendió “temporalmente las actividades académicas correspondientes a este período y se abren mesas de trabajo y concertación con los estudiantes”. Esto, en respuesta a un paro que ha llamado la atención sobre problemas serios y estructurales: siete rectores en los últimos cinco años, desorden administrativo, un déficit fiscal de miles de millones, salarios sin pagar a los docentes, contratos precarios e instalaciones insuficientes para garantizar la dignidad en la educación.
El medio regional El Pilón lo deja claro en un editorial cuyas ideas compartimos: “Han prevalecido la politiquería, las irregularidades administrativas, la puja de poderes de los distintos sectores que constituyen la clase dirigente de este departamento (...) pareciera que el normal funcionamiento de la UPC ya se volvió imposible”.
Eso no puede ocurrir en un país que se sueña como el más educado y tiene serias asignaciones presupuestales a la educación pública. Según un vocero de los docentes, entrevistado por El Tiempo, la intervención del Estado ha sido insuficiente pues “el 90 % de las matrículas las asumieron el Ministerio del Interior y el gobierno departamental a través de las becas Cesar. Parece ser que la UPC no está preparada para esto, porque se presentan atrasos en la facturación”.
Es urgente, entonces, que nos tomemos en serio la crisis de la UPC y, con la ayuda del Ministerio de Educación Nacional, se tomen medidas de corto y mediano plazo que les den alivio a los estudiantes y docentes. El nuevo rector, Rober Romero Ramírez, debe sentarse a escuchar las protestas, dar respuestas contundentes y empoderar al movimiento estudiantil que ha hecho posible que los reflectores del país se ubiquen sobre la UPC. La crisis tiene solución y no se le puede seguir dando espera.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La crisis institucional de la Universidad Popular del Cesar (UPC) merece atención nacional. Sus estudiantes y docentes llevan días protestando y la solución desde la universidad fue suspender semestre, suspender pagos y seguir sin dar respuestas de fondo a los problemas denunciados. El nombramiento de un nuevo rector parece ser un alivio en el corto plazo, pero los problemas en esta institución pública vienen de antes y necesitan intervenciones más contundentes por parte de la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno del presidente Iván Duque. La politiquería está asfixiando el futuro de 16.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. No puede continuar así.
Las tragedias educativas no pueden quedarse en escándalos sectorizados. Si bien la UPC, en sus sedes de Valledupar y Aguachica, tiene influencia sobre todo en el departamento del Cesar, sus estudiantes y docentes están pidiendo la intervención nacional y la solidaridad del resto del país. Sus peticiones merecen que el debate trascienda la politiquería que tiene a la institución en tantos problemas.
La última noticia es que el Consejo Académico de la universidad suspendió “temporalmente las actividades académicas correspondientes a este período y se abren mesas de trabajo y concertación con los estudiantes”. Esto, en respuesta a un paro que ha llamado la atención sobre problemas serios y estructurales: siete rectores en los últimos cinco años, desorden administrativo, un déficit fiscal de miles de millones, salarios sin pagar a los docentes, contratos precarios e instalaciones insuficientes para garantizar la dignidad en la educación.
El medio regional El Pilón lo deja claro en un editorial cuyas ideas compartimos: “Han prevalecido la politiquería, las irregularidades administrativas, la puja de poderes de los distintos sectores que constituyen la clase dirigente de este departamento (...) pareciera que el normal funcionamiento de la UPC ya se volvió imposible”.
Eso no puede ocurrir en un país que se sueña como el más educado y tiene serias asignaciones presupuestales a la educación pública. Según un vocero de los docentes, entrevistado por El Tiempo, la intervención del Estado ha sido insuficiente pues “el 90 % de las matrículas las asumieron el Ministerio del Interior y el gobierno departamental a través de las becas Cesar. Parece ser que la UPC no está preparada para esto, porque se presentan atrasos en la facturación”.
Es urgente, entonces, que nos tomemos en serio la crisis de la UPC y, con la ayuda del Ministerio de Educación Nacional, se tomen medidas de corto y mediano plazo que les den alivio a los estudiantes y docentes. El nuevo rector, Rober Romero Ramírez, debe sentarse a escuchar las protestas, dar respuestas contundentes y empoderar al movimiento estudiantil que ha hecho posible que los reflectores del país se ubiquen sobre la UPC. La crisis tiene solución y no se le puede seguir dando espera.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.