La Rolita tiene que salvarse. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene razón en solicitar que se cumplan todos los requisitos legales para la conformación de una entidad pública, se equivocó al no permitir un plazo para subsanar lo ocurrido y sembrar con su decisión más caos en la movilidad de la capital. El error de la alcaldía de Claudia López debe ahora ser reparado por el alcalde Carlos Fernando Galán y, por qué no, con impulso del Gobierno Nacional de Gustavo Petro. No se puede perder una iniciativa que demuestra que un operador público sí puede ser eficiente y que nos permite conocer cuáles son los costos reales del transporte en Bogotá.
Simplificando un debate que tiene muchas consideraciones jurídicas, la alcaldía de Claudia López debió presentar un estudio que justificara la creación de La Rolita. No lo hizo, y por eso, en sentencia inapelable, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que desaparezca la empresa. En un lenguaje hostil, el Tribunal escribió en la decisión que “no puede aceptarse que se promuevan entidades descentralizadas por capricho, de afán, improvisadas, sin respaldo fáctico, jurídico, financiero y técnico”. Sobre el argumento del caos en movilidad que esto produce, el Tribunal también se pronunció: “El Concejo Distrital no puede pretender trasladar a la Rama Judicial la consecuencia de sus trámites ilegales, que solo les corresponde asumir a esa corporación pública y a la Alcaldía Mayor”.
Estamos de acuerdo en el cumplimiento de los requisitos legales, pero llama la atención el lenguaje tan agresivo por parte del Tribunal. Más en un tema con tantos intereses políticos y de influencia de los privados en el negocio del servicio público de transporte en la capital. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha extendido plazos para subsanar errores de procedimiento, por ejemplo con el Ministerio de la Igualdad. Algo así podría haberse considerado, dada la situación crítica del transporte en Bogotá y las grandes bondades que ha mostrado ese proyecto en su montaje y operación hasta el momento.
En todo caso, lo importante es que ahora la alcaldía Galán debe liderar un proyecto que reviva La Rolita. El gobierno Petro, que ha mostrado tanto interés por la movilidad de la capital, debería respaldarlo. Son muchas las razones: La Rolita ha llegado a 28.000 usuarios transportados diariamente en el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar y 53.000 usuarios en los buses, y espera recibir $85.000 millones en utilidades para la capital. Internacionalmente, le han reconocido su enfoque de género, y no es para menos. Hoy el 59 % de sus 457 conductores son mujeres, en un oficio que era antes colonizado por los hombres. Para completar, frente a la constante ineficiencia de los operadores privados, La Rolita mostró que la movilidad en Bogotá sí puede administrarse con responsabilidad desde el Distrito. Sus ganancias sirven para mejorar el servicio, lo que fue un pequeño alivio para los bogotanos, acostumbrados a un sistema colapsado.
Los buenos proyectos, sin importar de dónde vengan, necesitan impulsarse. Ya que Bogotá tuvo un cúmulo de buenas lecciones con La Rolita, no podemos perder lo andado. Las decisiones judiciales se cumplen, por supuesto, pero en el estancado debate sobre movilidad en Bogotá es tiempo de potenciar la apuesta por lo público.
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La Rolita tiene que salvarse. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene razón en solicitar que se cumplan todos los requisitos legales para la conformación de una entidad pública, se equivocó al no permitir un plazo para subsanar lo ocurrido y sembrar con su decisión más caos en la movilidad de la capital. El error de la alcaldía de Claudia López debe ahora ser reparado por el alcalde Carlos Fernando Galán y, por qué no, con impulso del Gobierno Nacional de Gustavo Petro. No se puede perder una iniciativa que demuestra que un operador público sí puede ser eficiente y que nos permite conocer cuáles son los costos reales del transporte en Bogotá.
Simplificando un debate que tiene muchas consideraciones jurídicas, la alcaldía de Claudia López debió presentar un estudio que justificara la creación de La Rolita. No lo hizo, y por eso, en sentencia inapelable, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que desaparezca la empresa. En un lenguaje hostil, el Tribunal escribió en la decisión que “no puede aceptarse que se promuevan entidades descentralizadas por capricho, de afán, improvisadas, sin respaldo fáctico, jurídico, financiero y técnico”. Sobre el argumento del caos en movilidad que esto produce, el Tribunal también se pronunció: “El Concejo Distrital no puede pretender trasladar a la Rama Judicial la consecuencia de sus trámites ilegales, que solo les corresponde asumir a esa corporación pública y a la Alcaldía Mayor”.
Estamos de acuerdo en el cumplimiento de los requisitos legales, pero llama la atención el lenguaje tan agresivo por parte del Tribunal. Más en un tema con tantos intereses políticos y de influencia de los privados en el negocio del servicio público de transporte en la capital. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha extendido plazos para subsanar errores de procedimiento, por ejemplo con el Ministerio de la Igualdad. Algo así podría haberse considerado, dada la situación crítica del transporte en Bogotá y las grandes bondades que ha mostrado ese proyecto en su montaje y operación hasta el momento.
En todo caso, lo importante es que ahora la alcaldía Galán debe liderar un proyecto que reviva La Rolita. El gobierno Petro, que ha mostrado tanto interés por la movilidad de la capital, debería respaldarlo. Son muchas las razones: La Rolita ha llegado a 28.000 usuarios transportados diariamente en el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar y 53.000 usuarios en los buses, y espera recibir $85.000 millones en utilidades para la capital. Internacionalmente, le han reconocido su enfoque de género, y no es para menos. Hoy el 59 % de sus 457 conductores son mujeres, en un oficio que era antes colonizado por los hombres. Para completar, frente a la constante ineficiencia de los operadores privados, La Rolita mostró que la movilidad en Bogotá sí puede administrarse con responsabilidad desde el Distrito. Sus ganancias sirven para mejorar el servicio, lo que fue un pequeño alivio para los bogotanos, acostumbrados a un sistema colapsado.
Los buenos proyectos, sin importar de dónde vengan, necesitan impulsarse. Ya que Bogotá tuvo un cúmulo de buenas lecciones con La Rolita, no podemos perder lo andado. Las decisiones judiciales se cumplen, por supuesto, pero en el estancado debate sobre movilidad en Bogotá es tiempo de potenciar la apuesta por lo público.
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