El presidente de la república, Gustavo Petro, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, tienen derecho a defenderse públicamente de todo lo que consideren necesario. Eso incluye, como ha hecho la directora, responder cuando personas de su familia son cuestionadas por aparentes actuaciones indebidas. Sin embargo, es importante que en la Casa de Nariño recuerden que cada pronunciamiento que se hace tiene detrás el respaldo del Estado, por lo que caer en estigmatizaciones a la prensa, o entrar a definir cuál es el buen periodismo y cuál no, es una extralimitación de sus funciones que afecta un derecho constitucional clave para la democracia.
Esta semana el presidente Petro y la directora Sarabia están molestos por los cuestionamientos que ha enfrentado Andrés Sarabia, hermano de esta última. Al menos hasta el cierre de esta edición, se trata de especulaciones, como lo hemos cubierto en El Espectador. Hay voces que piden investigaciones y aclaraciones sobre el patrimonio de Andrés Sarabia, y él ha respondido que presentará toda la información a la Fiscalía, al mismo tiempo que rechazó cualquier mal actuar. Ese es un asunto que tendrán que dilucidar las autoridades y, ojalá, el trabajo investigativo de la prensa.
No queremos, vale aclarar, entrar a discutir el fondo de esas denuncias. En particular porque no contamos con información suficiente para hacerlo de manera responsable. Lo que sí nos preocupa es el lenguaje y el tono empleados tanto por el presidente Petro como por la directora Sarabia para defenderse. En el proceso atacan la libertad de prensa, aunque lo disfracen de una legítima preocupación por el buen contenido periodístico.
Sobre la columnista María Jimena Duzán, el presidente Petro decidió utilizar términos personales que no son propios del cargo que ostenta. “Insinuar que yo cambio cargos en mi Gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo”, escribió el presidente. El truco retórico es muy problemático: hacer preguntas sobre conductas de un servidor público no es irrespetarlo, es solo vigilar al poder. Eso es lo que hace el periodismo. Eso, también, es lo que deben respetar y soportar todas las personas que quieran ser parte del Estado. El periodismo es incómodo, claro, y los periodistas cometemos errores, faltaba más, pero un presidente de la República tiene como función proteger esa labor, no reducirla a personalismos y rencillas de escuela.
Para completar, el mandatario luego dijo que “el ‘periodismo Mossad’ se impone”. Ya hace unos días había dicho, en otro discurso, que los medios de comunicación colombianos “se han vuelto una prensa Mossad”. De nuevo, se trata de la estigmatización. Deja en el aire la idea de que todo aquel que hace periodismo forma parte de una conspiración en contra del Gobierno. Entran justos y pecadores en la misma bolsa y quedan en riesgo los periodistas más vulnerables.
En su defensa, Sarabia no ha utilizado palabras tan desobligantes, pero sí ha desacreditado el trabajo periodístico y ha acudido a amenazas de acciones legales que, aunque sean su derecho, proveniendo de una alta funcionaria tienen visos de acoso judicial. Porque su obligación es darle respuestas al país, no dar clases de periodismo. A medida que avancen este escándalo y los que vendrán, propios de cualquier gobierno, la Casa de Nariño debe recordar su rol como protector de la libertad de prensa y, sí, también de los periodistas.
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