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A pesar de los importantes logros sociales alcanzados en el país, el presidente de Bolivia, Evo Morales, vuelve a dar muestras de su talante autoritario en lo político. Una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), manejado a su antojo por el Gobierno, decidió autorizarle al jefe de Estado su postulación ilimitada para el cargo de presidente. El argumento jurídico utilizado contraviene claramente la Constitución y coloca al país al borde de la ruptura del Estado de derecho, como lo afirma la oposición.
Este esquema de atornillarse al poder ya es conocido en el vecindario por lo que ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua y, con algunas variantes, en Ecuador. En primer lugar, se suele llevar a cabo una constituyente que autorice la reelección por un período adicional. Luego, cuando el mandatario ha concentrado suficiente control de los distintos órganos del Estado, se busca la manera de ampliar dicha posibilidad sin límite.
No es la primera vez que el jefe de Estado boliviano recurre a dicho tipo de argucias. Ya el TCP le había permitido ir a una nueva reelección en 2014, lo que generó gran malestar entre la oposición, dada la controvertida sentencia que así lo amparaba. Lo grave para Morales es que más adelante su estrategia sufrió un severo traspié que no podía prever. En febrero de 2016, confiado en el apoyo popular, convocó a una consulta para que los electores fueran los que decidieran si era viable o no que él aspirara a un tercer período, a pesar de que la Carta Magna se lo prohibía. En medio de un escándalo por un supuesto hijo que habría tenido con una mujer que a la sazón se vio envuelta en un grave problema de tráfico de influencias, Evo perdió por un escaso margen. El hecho, que más se asemejó a una telenovela, al final terminó siendo falso.
Ante la indignación que le produjo el resultado, el presidente boliviano dejó entrever dos alternativas para revertir el revés en las urnas. Hacer una nueva consulta, sobre la base de la popularidad que le permitiría ganar, o jugarse por una decisión judicial que le allanara el camino de una vez por todas. Luego de evaluar ambas alternativas, Morales optó por la segunda. Un grupo de parlamentarios de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), presentó un recurso ante el TCP alegando que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, la actual Constitución, que fue impulsada por el propio Evo en 2009, contravenía lo dispuesto en la convención. Según el rebuscado argumento, los “derechos políticos” que se establecieron en dicho instrumento internacional limitarían las “garantías” del presidente y el vicepresidente a continuar participando en las justas electorales cuantas veces lo deseen. Y que, en este sentido, para honrar el Pacto de San José, la Carta Magna boliviana debía subordinarse a la Convención. Como era de esperarse, el TCP decidió aceptar lo mencionado en la demanda y resolvió el tema a favor de Evo, quien ya acumula 13 años en el poder.
De momento, las reacciones internas han estado vinculadas a las declaraciones de algunos de los potenciales candidatos a la Presidencia por parte de la oposición, entre ellos Samuel Doria Medina, quien lo consideró como un “golpe de Estado”, o de los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, que lo calificaron como un rompimiento constitucional. En la ciudad de Santa Cruz se presentaron algunas protestas aisladas, pero, dada la fragmentación del movimiento opositor, no parece de momento que el hecho vaya a traer aparejadas otro tipo de decisiones. En el campo internacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el Pacto de San José “no contempla el derecho a perpetuarse en el poder”.
Lo cierto es que este peligroso precedente de forzar las normas constitucionales para violentar la Constitución es un peligro adicional para las democracias de la región.
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