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Es extraña la suspensión que impuso la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas Medellín. Según la Procuraduría, la decisión se toma en la apertura de una investigación “ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de la Triple A”. Por los intereses políticos que están de por medio, que favorecen al clan que ha respaldado históricamente a Cabello, y porque Rojas Medellín viene haciendo una labor importante de purga y denuncia de corrupción dentro de la SAE, las sospechas que se levantaron son preocupantes.
El lío tiene que ver con un contrato de 2021. En esa fecha, la empresa Alumbrado Público de Barranquilla adquirió, bajo la figura de “enajenación temprana”, el 82,16 % de las acciones de la Triple A, que estaban en poder de la SAE. Sin embargo, hace unos meses, Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, llegó a la conclusión de que la figura de “enajenación temprana” es excepcional y que no podía utilizarse para este tipo de operaciones. También dijo que podría presentarse un “peculado por apropiación a favor de terceros”, pues, en su concepto, la venta pudo concretarse por $300.000 millones adicionales. Por todo esto, el director de la SAE, que ha encontrado una entidad plagada de malos manejos, decidió abstenerse de entregar el control de las acciones hasta esclarecer si el proceso de compraventa se realizó de manera legal. Por eso lo suspende ahora la Procuraduría y empieza la investigación.
Decimos que es extraña la investigación de la procuradora Cabello, que en el pasado ha mostrado una preocupante selectividad al escoger en dónde pone la atención del Ministerio Público, porque un funcionario que está intentando evitar un detrimento patrimonial no debería ser sancionado ni frustrado en sus intentos. Lo explicó el columnista de El Espectador Rodrigo Uprimny: “Nótese que presidente de la SAE se abstiene de ceder ese porcentaje accionario porque considera que eso haría perder $300.000 millones a la SAE, ya que la enajenación temprana se habría hecho a un precio inusualmente bajo. Si el presidente de la SAE cumple contrato y entrega porcentaje accionario, entonces podrían acusarlo de detrimento patrimonial por $300.000 millones. Ahora, por parar la operación, lo suspenden por detrimento patrimonial por posible cláusula penal de $59.000 millones. ¿Qué debía entonces hacer el presidente de la SAE en este dilema?”. Lo que nos parece claro, para contestar la pregunta que plantea el profesor Uprimny, es que no debería ser sancionado por proteger recursos públicos.
Esto genera un enfrentamiento más entre la Procuraduría y el Gobierno, que salió a defender a su director de la SAE. Se han intercambiado acusaciones, pero es cierto que es incómodo que el contrato en cuestión favorezca a aliados del clan Char en Barranquilla y que la procuradora tenga cercanía con ese grupo político. Más allá de eso, también es un precedente muy preocupante que los entes de control castiguen la protección de los recursos públicos. Ha pasado varias veces con la Contraloría, también, donde los estándares aplicados son tan excesivos que dejan atados de manos a los funcionarios públicos que le quieren servir a Colombia.
En año electoral, esta decisión de la Procuraduría es inquietante. Esperamos, claro, que se surta el proceso y que la procuradora le explique al país las razones de su actuar. Por ahora quedan dudas que le hacen daño a la institucionalidad.
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