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La apuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, es audaz. Considera que liberar a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al nombrarlos gestores de paz, va a permitir que los distintos grupos paramilitares vigentes se sienten a dialogar, con el fin de dejar las armas. El problema es que en el proceso no es claro cómo los nuevos gestores van a poder aportar a ese propósito, mientras al Gobierno se le acaba el tiempo de mandato sin haber podido avanzar con éxito en sus procesos de paz. Se corre el riesgo de fomentar la impunidad, desatender a las víctimas y lastimar la ya reducida confianza de los colombianos en la capacidad de la Casa de Nariño de llevar a buen puerto los diálogos de paz.
El Gobierno Petro firmó una resolución para denominar gestores de paz a 18 exmiembros de las AUC. Todos ellos pagan penas de prisión por delitos atroces, en el marco de Justicia y Paz, proceso fallido en la reparación a las víctimas y en conseguir aportes a la verdad. Tiene razón el presidente en insistir en que el paramilitarismo no ha desaparecido. Es cierto, los grupos criminales que pululan por toda la geografía nacional se reencaucharon a partir de la obstaculizada desmovilización de las AUC.
Lo mismo ha dicho la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien considera que “la designación de las personas que pueden servir en estos contextos aplica también a la necesidad de entender que los gestores de paz son los que conocen realmente una organización criminal y a las personas que actuaron dentro de una organización criminal”. Suena razonable, pero los métodos empleados por el Gobierno no han cumplido las expectativas de las víctimas. Todavía no se entiende muy bien qué van a hacer los gestores, cómo se va a llevar la nueva mesa, por cuánto tiempo es la libertad y, ante todo, cuáles son los objetivos específicos esperados que permitan dar por cumplida la labor que los llevó a la libertad en algún momento.
Al negar la libertad de Salvatore Mancuso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia envió un mensaje vehemente. El alto tribunal dijo que hay una prohibición de “otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas” y no entiende el propósito de su designación, pues Mancuso “ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones”. También agregó que “no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas”.
No basta, entonces, con la audacia. Se necesita claridad, transparencia y respeto por los procesos de las víctimas. Si bien el Gobierno nacional ha mostrado buenas intenciones de alcanzar la paz, su estrategia a lo largo de estos años ha dejado mucho que desear tanto en resultados como en la manera de comunicarse con el pueblo colombiano. El resultado es que la desconfianza aumenta, mientras los discursos radicales y guerreristas toman fuerza. Para evitar que eso empeore, hay que empezar por contarle al país qué van a hacer los gestores de paz y mostrar que, en efecto, su aporte a la reconciliación será valioso.
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