Aunque varios sectores de la opinión pública han propuesto interpretarlos como una autorización para llevar a cabo el fracking en el país, la realidad es que estamos lejos de cumplir con los requisitos mínimos necesarios para que esta actividad se haga sin causar costos irreparables en el medioambiente y las comunidades cercanas a las zonas de influencia de los proyectos extractivos.
La comisión, compuesta por 13 expertos representantes de todos los actores involucrados en el sector de los proyectos extractivos, llegó a una conclusión que no puede ignorarse: Colombia no está lista aún para utilizar el fracking; de hecho, todavía no sabemos si los planes pilotos de la actividad, que están sobre la mesa, pueden realizarse de manera segura.
En otras palabras, si el gobierno de Iván Duque es serio sobre su objetivo de hacer fracking solo si es seguro y no tiene un costo demasiado alto para la sostenibilidad ambiental, todavía tiene que tomar una serie de medidas preventivas.
Como contó el Blog El Río, una iniciativa de El Espectador con The Nature Conservancy, la comisión advierte que tenemos falta de información, baja capacidad institucional para hacer cumplir las normativas ambientales y problemas con las comunidades para convencerlas de que aprueben los proyectos pilotos. Cada uno de esos requisitos invita a pensar que todavía está lejos el momento de autorizar la primera actividad de exploración, y mucho más de producción, en el país.
Como explicó Mario García, uno de los miembros de la comisión, no conocemos el 85 % del agua subterránea del Valle del Magdalena Medio, donde está el mayor potencial para esta explotación. También carecemos de suficiente información sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres, y la biodiversidad en el país. Recaudar esa información es clave para poder evaluar si la práctica del fracking , que es invasiva y con alto potencial disruptor,va a desestabilizar los ecosistemas de la zona, con efectos negativos para el país.
El segundo reto es que, como se ha visto en tantas otras coyunturas, las autoridades ambientales no están en capacidad de hacer respetar las regulaciones. “Hay evidencia de que necesitamos un cambio en la estructura institucional para que haya verdadera gestión y control”, dijo la comisión, por lo que “es necesario un mecanismo de contratación que haga de estas instituciones estables y capaces”.
Finalmente, después de reunirse con comunidades en San Martín (Cesar) y en Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander), la comisión concluyó que el fracking no cuenta con “licencia social”. Esto significa que deben adelantarse procesos que involucren a los pobladores de la zona en la toma de decisiones sobre los proyectos y donde puedan conocer sus impactos.
La decisión que se tome sobre el fracking no es sencilla: son muchos los factores, incluyendo la sostenibilidad fiscal y ambiental del país, que deben considerarse. Por eso, el nombramiento de la comisión y su labor de análisis deben celebrarse. Ahora el Gobierno deberá seguir las recomendaciones y responder a las inquietudes planteadas. Todavía estamos lejos de una decisión final sobre el tema, pero si se quiere avalar el fracking es necesario primero responder a todas las consideraciones que ha dejado claras este informe.
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