El Banco de Desarrollo de América Latina - CAF pasa en las últimas semanas por una compleja situación interna, justo cuando más se requiere su estabilidad para superar los efectos económicos y sociales que deja la pandemia. Su presidente, el peruano Luis Carranza, presentó renuncia el martes pasado luego de una serie de denuncias por despidos injustificados y otras irregularidades que habíamos señalado en El Espectador. Argumenta para su retiro anticipado que no acepta la estrategia de algunos países de “politizar la entidad”.
Este banco es de especial importancia. Si bien no es muy conocido por la mayoría de la opinión pública, ha sido un apoyo esencial para los gobiernos de la región y cuenta con un sólido posicionamiento internacional. De cinco países andinos iniciales, hoy cuenta con 19 países accionistas y logró una presencia muy activa en el mundo financiero internacional. Como lo menciona Carranza, el año anterior CAF prestó más de US$14.000 millones, buena parte de ellos destinados a ayudar a sus países accionistas a paliar los efectos adversos de la crisis del COVID-19. También trabaja con el sector privado y sus proyectos suelen tener un impacto social significativo. De allí que la renuncia de su presidente, un año antes de terminar su período y en medio de una fuerte controversia, no deja de generar preocupación.
Como lo señalamos hace un par de semanas, un gran número de funcionarios enviaron cartas al Directorio de la entidad, su máxima instancia, denunciando irregularidades como despidos injustificados, acoso y amenazas, así como actos que van en contra de la ética profesional. Lo habían hecho inicialmente en 2018, pero no fueron escuchados. En días pasados el Directorio, ante la gravedad de las denuncias, decidió tomar cartas en el asunto. Por primera vez en sus 50 años de historia, se aprobó constituir una Comisión de Investigación independiente para analizar lo que sucedió con las personas despedidas de manera irregular, así como medir el clima interno que viven sus funcionarios, que se define como de profundo temor por las represalias que se puedan tomar contra ellos. El informe que presente esta Comisión será el que determine la real responsabilidad de los altos directivos ante los graves hechos mencionados en las cartas, que apuntan hacia su secretario general, una vicepresidenta y una directora, entre otros.
Según el reglamento del Banco, la elección del nuevo presidente debería darse en un plazo de dos meses, por lo cual el sonajero de aspirantes ya se comienza a mover. Entre los nombres mencionados figuran el del ministro Alberto Carrasquilla, así como el del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en Argentina, Gustavo Béliz. De allí que, en su carta de renuncia, Carranza mencionara que “desde el último año hemos observado el interés de politizar la actuación de CAF, lo cual sería muy negativo para el futuro de nuestra organización (…) esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Consultivo le otorga al presidente ejecutivo”. Menciona, específicamente, a Argentina.
No le falta razón al saliente presidente del Banco. Lo peor que le puede suceder a una institución prestigiosa como CAF, que ha hecho valer su independencia en este medio siglo, es que termine en una puja entre dos extremos ideológicos. Quien vaya a conducir los destinos del Banco por los próximos cinco años debe ser una persona con total idoneidad, integridad y credenciales técnicas, que conozca la entidad por dentro y que tenga olfato político para capotear tempestades, pero que no permita que este organismo multilateral se ideologice. La región necesita organismos financieros sólidos, que puedan ser recapitalizados pronto, tanto más en este momento.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El Banco de Desarrollo de América Latina - CAF pasa en las últimas semanas por una compleja situación interna, justo cuando más se requiere su estabilidad para superar los efectos económicos y sociales que deja la pandemia. Su presidente, el peruano Luis Carranza, presentó renuncia el martes pasado luego de una serie de denuncias por despidos injustificados y otras irregularidades que habíamos señalado en El Espectador. Argumenta para su retiro anticipado que no acepta la estrategia de algunos países de “politizar la entidad”.
Este banco es de especial importancia. Si bien no es muy conocido por la mayoría de la opinión pública, ha sido un apoyo esencial para los gobiernos de la región y cuenta con un sólido posicionamiento internacional. De cinco países andinos iniciales, hoy cuenta con 19 países accionistas y logró una presencia muy activa en el mundo financiero internacional. Como lo menciona Carranza, el año anterior CAF prestó más de US$14.000 millones, buena parte de ellos destinados a ayudar a sus países accionistas a paliar los efectos adversos de la crisis del COVID-19. También trabaja con el sector privado y sus proyectos suelen tener un impacto social significativo. De allí que la renuncia de su presidente, un año antes de terminar su período y en medio de una fuerte controversia, no deja de generar preocupación.
Como lo señalamos hace un par de semanas, un gran número de funcionarios enviaron cartas al Directorio de la entidad, su máxima instancia, denunciando irregularidades como despidos injustificados, acoso y amenazas, así como actos que van en contra de la ética profesional. Lo habían hecho inicialmente en 2018, pero no fueron escuchados. En días pasados el Directorio, ante la gravedad de las denuncias, decidió tomar cartas en el asunto. Por primera vez en sus 50 años de historia, se aprobó constituir una Comisión de Investigación independiente para analizar lo que sucedió con las personas despedidas de manera irregular, así como medir el clima interno que viven sus funcionarios, que se define como de profundo temor por las represalias que se puedan tomar contra ellos. El informe que presente esta Comisión será el que determine la real responsabilidad de los altos directivos ante los graves hechos mencionados en las cartas, que apuntan hacia su secretario general, una vicepresidenta y una directora, entre otros.
Según el reglamento del Banco, la elección del nuevo presidente debería darse en un plazo de dos meses, por lo cual el sonajero de aspirantes ya se comienza a mover. Entre los nombres mencionados figuran el del ministro Alberto Carrasquilla, así como el del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en Argentina, Gustavo Béliz. De allí que, en su carta de renuncia, Carranza mencionara que “desde el último año hemos observado el interés de politizar la actuación de CAF, lo cual sería muy negativo para el futuro de nuestra organización (…) esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Consultivo le otorga al presidente ejecutivo”. Menciona, específicamente, a Argentina.
No le falta razón al saliente presidente del Banco. Lo peor que le puede suceder a una institución prestigiosa como CAF, que ha hecho valer su independencia en este medio siglo, es que termine en una puja entre dos extremos ideológicos. Quien vaya a conducir los destinos del Banco por los próximos cinco años debe ser una persona con total idoneidad, integridad y credenciales técnicas, que conozca la entidad por dentro y que tenga olfato político para capotear tempestades, pero que no permita que este organismo multilateral se ideologice. La región necesita organismos financieros sólidos, que puedan ser recapitalizados pronto, tanto más en este momento.
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