Un comité especial de la ONU, que hace seguimiento a las conductas de Israel en los territorios ocupados, presentó ayer ante la Asamblea General un informe que señala al gobierno de Benjamín Netanyahu de la comisión del delito de genocidio, de acuerdo a la Convención de 1948. Esto se suma a lo dicho por la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, en marzo pasado, que acusó directamente a Israel de genocidio, y la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI, a solicitud de Sudáfrica y la solicitud de su Fiscal para que expidan órdenes de captura contra el primer Ministro israelí y el jefe máximo de Hamás, entre otras). Benjamín Netanyahu ha negado los señalamientos y acusa a la ONU de actuar bajo prejuicios.
Los hechos tienen como antecedentes el ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre del año anterior, así como la desmedida represalia de Israel y sus consecuencias, que no dejan de causar polémica. Es tan condenable el asesinato de 1.300 personas por parte de Hamás y cien más que son mantenidas como rehenes, luego de ser secuestradas tras el ataque, de las cuales se cree que cerca de la mitad ya fallecieron, como la reacción israelí, que ya deja más de 43.000 personas asesinadas en Gaza. Al gobierno de Netanyahu se le señala por su responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra, así como delitos de lesa humanidad, que han sido documentados. Este informe del comité especial de la ONU refuerza los argumentos para que se determine la perpetración del delito de genocidio.
Entre sus conclusiones principales se menciona que Israel ha adelantado métodos de guerra que incluyen los bloqueos humanitarios y los ataques a civiles. La imposibilidad del ingreso de alimentos y medicamentos ha llevado a que, de manera intencional, se esté causando la muerte por inanición de cientos de gazatíes a pesar de las reiteradas solicitudes internacionales, en especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, CIJ.
El uso de la inteligencia artificial con mínima participación humana para la selección de los blancos permite que, de manera permanente, las víctimas sean civiles y más de la mitad de las personas asesinadas correspondan a mujeres y menores de edad. Uno de los datos del informe revela que Israel ha lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en los últimos meses, lo que equivale al poder de destrucción de dos bombas nucleares. De esta manera, se ha destruido cerca del 80 % de la infraestructura en la Franja, representado en viviendas, infraestructura vial, hospitales, colegios, escuelas, servicios públicos básicos como el sistema de agua, alcantarillado y electricidad, y además dejará para las generaciones futuras una crisis ecológica inconmensurable.
El gobierno de Natanyahu se defiende al decir que el informe no corresponde a la realidad, es tendencioso y que Israel ha hecho uso de la legítima defensa y que si hay víctimas civiles es culpa de Hamás que utiliza a la población como escudos humanos. Asegura que la ONU adelanta una política antiisraelí y considera que la acusación de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza es un claro hecho de antisemitismo. Lo cierto es que los hechos y las pruebas que se han presentado para consideración de la Asamblea General son muy serias y están avaladas por varias organizaciones de derechos humanos de reconocida credibilidad en el ámbito mundial.
Tarde o temprano, Israel tendrá que dar la cara ante la comunidad internacional por los muy graves hechos de los cuales se le señala. Para eso están las instancias jurídicas como la CPI o la CIJ ante las cuales podrá explicar unas acciones que, a simple vista, no tienen justificación. Mientras Washington y otros grandes países occidentales continúen apoyando a Netanyahu, difícilmente se va frenar la barbarie que inició Hamás y que continúa llevando a cabo Israel.
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Un comité especial de la ONU, que hace seguimiento a las conductas de Israel en los territorios ocupados, presentó ayer ante la Asamblea General un informe que señala al gobierno de Benjamín Netanyahu de la comisión del delito de genocidio, de acuerdo a la Convención de 1948. Esto se suma a lo dicho por la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, en marzo pasado, que acusó directamente a Israel de genocidio, y la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI, a solicitud de Sudáfrica y la solicitud de su Fiscal para que expidan órdenes de captura contra el primer Ministro israelí y el jefe máximo de Hamás, entre otras). Benjamín Netanyahu ha negado los señalamientos y acusa a la ONU de actuar bajo prejuicios.
Los hechos tienen como antecedentes el ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre del año anterior, así como la desmedida represalia de Israel y sus consecuencias, que no dejan de causar polémica. Es tan condenable el asesinato de 1.300 personas por parte de Hamás y cien más que son mantenidas como rehenes, luego de ser secuestradas tras el ataque, de las cuales se cree que cerca de la mitad ya fallecieron, como la reacción israelí, que ya deja más de 43.000 personas asesinadas en Gaza. Al gobierno de Netanyahu se le señala por su responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra, así como delitos de lesa humanidad, que han sido documentados. Este informe del comité especial de la ONU refuerza los argumentos para que se determine la perpetración del delito de genocidio.
Entre sus conclusiones principales se menciona que Israel ha adelantado métodos de guerra que incluyen los bloqueos humanitarios y los ataques a civiles. La imposibilidad del ingreso de alimentos y medicamentos ha llevado a que, de manera intencional, se esté causando la muerte por inanición de cientos de gazatíes a pesar de las reiteradas solicitudes internacionales, en especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, CIJ.
El uso de la inteligencia artificial con mínima participación humana para la selección de los blancos permite que, de manera permanente, las víctimas sean civiles y más de la mitad de las personas asesinadas correspondan a mujeres y menores de edad. Uno de los datos del informe revela que Israel ha lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en los últimos meses, lo que equivale al poder de destrucción de dos bombas nucleares. De esta manera, se ha destruido cerca del 80 % de la infraestructura en la Franja, representado en viviendas, infraestructura vial, hospitales, colegios, escuelas, servicios públicos básicos como el sistema de agua, alcantarillado y electricidad, y además dejará para las generaciones futuras una crisis ecológica inconmensurable.
El gobierno de Natanyahu se defiende al decir que el informe no corresponde a la realidad, es tendencioso y que Israel ha hecho uso de la legítima defensa y que si hay víctimas civiles es culpa de Hamás que utiliza a la población como escudos humanos. Asegura que la ONU adelanta una política antiisraelí y considera que la acusación de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza es un claro hecho de antisemitismo. Lo cierto es que los hechos y las pruebas que se han presentado para consideración de la Asamblea General son muy serias y están avaladas por varias organizaciones de derechos humanos de reconocida credibilidad en el ámbito mundial.
Tarde o temprano, Israel tendrá que dar la cara ante la comunidad internacional por los muy graves hechos de los cuales se le señala. Para eso están las instancias jurídicas como la CPI o la CIJ ante las cuales podrá explicar unas acciones que, a simple vista, no tienen justificación. Mientras Washington y otros grandes países occidentales continúen apoyando a Netanyahu, difícilmente se va frenar la barbarie que inició Hamás y que continúa llevando a cabo Israel.
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