Guatemala: crónica de un golpe de Estado anunciado

Lo más sorprendente del golpe de Estado que se quiere dar en Guatemala es lo transparente que ha sido todo el proceso. En septiembre, poco tiempo después de haber sido elegido presidente, Bernardo Arévalo fue claro: “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. El viernes pasado, la Fiscalía, liderada por personas que están en listas de corrupción internacional y estuvieron ligadas a la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidió que se anularan las elecciones. Aunque el presidente saliente, Alejandro Giammattei, prometió una transición en el poder, todas las alarmas internacionales se encendieron. No se puede permitir que haya una burla a la voluntad popular en el país centroamericano.

Arévalo ganó de sorpresa y de forma contundente. Su contendora ni siquiera estuvo cerca: en la segunda vuelta, él obtuvo el 60,91 % de los votos válidos, muy por encima del 39,09 % que recibió Sandra Torres. El resultado es clave, pues Torres, quien fue primera dama de Guatemala, estaba aliada con la clase política dominante. No se puede entender la debacle actual de ese país sin conocer el proceso de la CICIG. Liderada por el ahora ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, la Comisión recolectó información que llevó a procesos judiciales a buena parte de los políticos del país, incluido el expresidente Otto Pérez Molina. Sin embargo, en una movida con claras intenciones políticas, fue expulsada del país y desde entonces las entidades judiciales se convirtieron en perseguidoras de quienes piden más transparencia.

Eso nos aterriza en el viernes pasado. Los fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche dijeron que las elecciones son nulas por presuntas irregularidades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Básicamente dicen que hubo manipulación en el conteo de votos y que el partido político de Arévalo no tenía potestad de participar en las elecciones, acusaciones que fueron desmentidas tanto por el tribunal como por los observadores independientes de las elecciones. Se entiende el desespero: Curruchiche y compañía han sido señalados por sus actos de corrupción y persecución a las voces disidentes dentro del país. Una presidencia independiente promete traer, cuando menos, indagaciones.

La reacción internacional fue contundente. La Organización de Estados Americanos dijo que “las acciones y los dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país”. Lo propio hizo la Organización de Naciones Unidas. Tuvo razón Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, al escribir en su cuenta de X que “estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”. Nos unimos también al llamado que hizo el ministro Velásquez: “Los ojos del mundo tienen que mirar a Guatemala. La lucha por la democracia convoca a todos los países de América, que deben alzarse como una sola voz para decir [no al golpe de Estado]”.

Arévalo es el presidente electo y en el próximo enero debe poder asumir el cargo sin obstáculos. El mundo debe evitar el golpe.

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Lo más sorprendente del golpe de Estado que se quiere dar en Guatemala es lo transparente que ha sido todo el proceso. En septiembre, poco tiempo después de haber sido elegido presidente, Bernardo Arévalo fue claro: “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. El viernes pasado, la Fiscalía, liderada por personas que están en listas de corrupción internacional y estuvieron ligadas a la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidió que se anularan las elecciones. Aunque el presidente saliente, Alejandro Giammattei, prometió una transición en el poder, todas las alarmas internacionales se encendieron. No se puede permitir que haya una burla a la voluntad popular en el país centroamericano.

Arévalo ganó de sorpresa y de forma contundente. Su contendora ni siquiera estuvo cerca: en la segunda vuelta, él obtuvo el 60,91 % de los votos válidos, muy por encima del 39,09 % que recibió Sandra Torres. El resultado es clave, pues Torres, quien fue primera dama de Guatemala, estaba aliada con la clase política dominante. No se puede entender la debacle actual de ese país sin conocer el proceso de la CICIG. Liderada por el ahora ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, la Comisión recolectó información que llevó a procesos judiciales a buena parte de los políticos del país, incluido el expresidente Otto Pérez Molina. Sin embargo, en una movida con claras intenciones políticas, fue expulsada del país y desde entonces las entidades judiciales se convirtieron en perseguidoras de quienes piden más transparencia.

Eso nos aterriza en el viernes pasado. Los fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche dijeron que las elecciones son nulas por presuntas irregularidades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Básicamente dicen que hubo manipulación en el conteo de votos y que el partido político de Arévalo no tenía potestad de participar en las elecciones, acusaciones que fueron desmentidas tanto por el tribunal como por los observadores independientes de las elecciones. Se entiende el desespero: Curruchiche y compañía han sido señalados por sus actos de corrupción y persecución a las voces disidentes dentro del país. Una presidencia independiente promete traer, cuando menos, indagaciones.

La reacción internacional fue contundente. La Organización de Estados Americanos dijo que “las acciones y los dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país”. Lo propio hizo la Organización de Naciones Unidas. Tuvo razón Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, al escribir en su cuenta de X que “estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”. Nos unimos también al llamado que hizo el ministro Velásquez: “Los ojos del mundo tienen que mirar a Guatemala. La lucha por la democracia convoca a todos los países de América, que deben alzarse como una sola voz para decir [no al golpe de Estado]”.

Arévalo es el presidente electo y en el próximo enero debe poder asumir el cargo sin obstáculos. El mundo debe evitar el golpe.

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