Guatemala necesita la atención del mundo

Sigue la tormenta política y jurídica desatada en Guatemala por las investigaciones que lidera el colombiano Iván Velásquez. Después de que él y la fiscal general de ese país, Thelma Aldana, solicitaran la apertura de un antejuicio contra el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, los líderes políticos están haciendo maromas cada vez más antidemocráticas para evitar un juicio. Se hace necesaria la presión internacional, incluyendo la de Colombia, para detener la obstrucción a la justicia.

Velásquez está a la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una misión de Naciones Unidas financiada, entre otros, por Colombia, y que ha venido desmantelando severos casos de corrupción en ese país. Sus investigaciones llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, primer mandatario en la historia de ese país en verse forzado a abandonar su cargo, por su presunta participación en una red de fraude en el manejo aduanero.

Hace unas semanas, la Cicig y la Fiscalía General pidieron que el Congreso le levante la inmunidad al presidente para poder iniciarle un juicio. El motivo es que hay cerca de un millón de dólares que al parecer la campaña de Morales no reportó, presuntamente incurriendo en el delito de financiación electoral ilícita y permitiendo el lavado de activos. En respuesta, a los dos días Morales declaró a Velásquez persona non grata y lo expulsó del país. El tribunal constitucional frenó esa decisión, permitiendo al colombiano quedarse en Guatemala y continuar su labor.

No obstante, los intentos por obstruir la justicia han continuado. Primero, el Congreso de ese país negó la solicitud de levantar la inmunidad del presidente Morales. Eso, en la práctica, significa que el mandatario no tendrá que responder ni podrá ser investigado por el delito sobre el que hay indicios de su responsabilidad. Ante esto, la Fiscalía y la Cicig lamentaron la decisión, pero anunciaron que seguirían investigando los hechos en cuestión, pues también podrían estar involucrados los líderes de los partidos que apoyaron a Morales, los cuales no tienen inmunidad.

Nada los detiene. El miércoles pasado, utilizando un procedimiento parlamentario abreviado, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal que dice que los directores de los partidos políticos no responden por el delito de financiación ilícita. Es decir, los políticos de Guatemala están haciendo todo lo posible para evitar que la justicia investigue estos hechos. No sólo con artimañas legislativas, sino también desde el discurso: por todas partes se están escuchando intentos de desacreditar la reputación de Velásquez y compañía.

Por fortuna, el pueblo guatemalteco está muy activo contra la corrupción. El actuar de la Cicig les ha devuelto la esperanza de tener instituciones sin clientelismo y han salido a protestar cada intento de obstruir a la justicia. Además, el tribunal constitucional ha ejercido un buen contrapeso y también suspendió la reforma del Congreso. La presión internacional por parte de la ONU y EE. UU. aportó para que, al cierre de esta edición, el parlamento de Guatemala afirmara que iba a echar para atrás la ley.

Más allá de ese posible cambio de último momento, la situación demuestra las tensiones por las que atraviesa el país y las fibras delicadas que Velásquez ha tocado. Hay un intento innegable por sepultar el tema sin que se llegue al fondo del asunto. Por eso, la comunidad internacional debe acompañar a los guatemaltecos en la protección de sus instituciones y en la búsqueda de la verdad. Los ojos del mundo deben posarse sobre Guatemala, que está en un momento clave de su historia, cuyo desenlace puede influir en la de todo un hemisferio que vive trances semejantes.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Sigue la tormenta política y jurídica desatada en Guatemala por las investigaciones que lidera el colombiano Iván Velásquez. Después de que él y la fiscal general de ese país, Thelma Aldana, solicitaran la apertura de un antejuicio contra el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, los líderes políticos están haciendo maromas cada vez más antidemocráticas para evitar un juicio. Se hace necesaria la presión internacional, incluyendo la de Colombia, para detener la obstrucción a la justicia.

Velásquez está a la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una misión de Naciones Unidas financiada, entre otros, por Colombia, y que ha venido desmantelando severos casos de corrupción en ese país. Sus investigaciones llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, primer mandatario en la historia de ese país en verse forzado a abandonar su cargo, por su presunta participación en una red de fraude en el manejo aduanero.

Hace unas semanas, la Cicig y la Fiscalía General pidieron que el Congreso le levante la inmunidad al presidente para poder iniciarle un juicio. El motivo es que hay cerca de un millón de dólares que al parecer la campaña de Morales no reportó, presuntamente incurriendo en el delito de financiación electoral ilícita y permitiendo el lavado de activos. En respuesta, a los dos días Morales declaró a Velásquez persona non grata y lo expulsó del país. El tribunal constitucional frenó esa decisión, permitiendo al colombiano quedarse en Guatemala y continuar su labor.

No obstante, los intentos por obstruir la justicia han continuado. Primero, el Congreso de ese país negó la solicitud de levantar la inmunidad del presidente Morales. Eso, en la práctica, significa que el mandatario no tendrá que responder ni podrá ser investigado por el delito sobre el que hay indicios de su responsabilidad. Ante esto, la Fiscalía y la Cicig lamentaron la decisión, pero anunciaron que seguirían investigando los hechos en cuestión, pues también podrían estar involucrados los líderes de los partidos que apoyaron a Morales, los cuales no tienen inmunidad.

Nada los detiene. El miércoles pasado, utilizando un procedimiento parlamentario abreviado, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal que dice que los directores de los partidos políticos no responden por el delito de financiación ilícita. Es decir, los políticos de Guatemala están haciendo todo lo posible para evitar que la justicia investigue estos hechos. No sólo con artimañas legislativas, sino también desde el discurso: por todas partes se están escuchando intentos de desacreditar la reputación de Velásquez y compañía.

Por fortuna, el pueblo guatemalteco está muy activo contra la corrupción. El actuar de la Cicig les ha devuelto la esperanza de tener instituciones sin clientelismo y han salido a protestar cada intento de obstruir a la justicia. Además, el tribunal constitucional ha ejercido un buen contrapeso y también suspendió la reforma del Congreso. La presión internacional por parte de la ONU y EE. UU. aportó para que, al cierre de esta edición, el parlamento de Guatemala afirmara que iba a echar para atrás la ley.

Más allá de ese posible cambio de último momento, la situación demuestra las tensiones por las que atraviesa el país y las fibras delicadas que Velásquez ha tocado. Hay un intento innegable por sepultar el tema sin que se llegue al fondo del asunto. Por eso, la comunidad internacional debe acompañar a los guatemaltecos en la protección de sus instituciones y en la búsqueda de la verdad. Los ojos del mundo deben posarse sobre Guatemala, que está en un momento clave de su historia, cuyo desenlace puede influir en la de todo un hemisferio que vive trances semejantes.

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