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Primero viene la vergüenza, después los aspavientos y al final nada cambia. Ese es el ciclo de los escándalos que involucran al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a todo nuestro sistema penal. Cuando la legitimidad del Instituto no se terminaba de levantar después de que Carlos Mattos utilizó un vehículo oficial para pasear por Bogotá, ahora se les fugó Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, utilizando prendas oficiales del Inpec. El presidente Iván Duque ya anunció una reforma estructural. Lo dicho: estamos en el momento de los aspavientos. ¿Pero cambiará algo?
Matamba es la cabeza de La Cordillera, encargada de sacar cocaína en Rosario, Leiva, Policarpa y Cumbitara (Nariño) hacia el Pacífico. Fue guerrillero, paramilitar, se desmovilizó en Justicia y Paz, confesó tres docenas de crímenes en el proceso de reparación y después volvió a delinquir. Según la Fiscalía, entre el grupo de Matamba y miembros del Ejército hay una alianza que lo mantiene al tanto de los operativos en su contra y protege la salida de la cocaína. Para completar el panorama: ¡Matamba ya se había fugado de la justicia dos veces, en Nariño, en el 2016!
Preguntaríamos cómo es posible que un personaje de tal magnitud se le fugue al Inpec, pero los escándalos del Instituto se han normalizado a tal punto que no sorprende, solo produce frustración. El presidente Iván Duque, quien durante su mandato ha visto una masacre en La Modelo, la fuga de Aida Merlano, el paseo de Carlos Mattos y la captura de múltiples miembros del sistema penitenciario por corrupción, dijo: “Ya no hay más paños de agua tibia frente al Inpec”. Anunció también una reforma estructural en el aspecto administrativo del Inpec. Pero con su período presidencial terminando, es poco lo que podrá hacer.
También es muy tarde. El Inpec viene en crisis desde hace décadas. Entre los discursos de los líderes políticos y la inacción de los ministros de Justicia, las cárceles siguen siendo espacios plagados de corrupción, beneficios indebidos y complicidad con los criminales allí recluidos. Esto, en el marco de un hacinamiento carcelario al cual no se le encuentra solución, porque los congresistas colombianos siguen creyendo que la manera de enfrentar la criminalidad es aumentando las penas y recluyendo a más personas. ¿Cuándo se aceptará que parte del problema del Inpec es que es casi imposible controlar a tantas personas por procesar en un sistema ineficiente y a menudo injusto?
Una reforma estructural del Inpec tiene que pasar también por una pregunta sobre la política criminal del Estado. Esa conversación tiene que darse con madurez, lejos del calor de las elecciones y de la indignación por casos como el de Matamba. Precisamente porque no hay soluciones mágicas es que se necesita liderazgo político. ¿Estarán a la altura el nuevo Congreso y quien llegue a la Casa de Nariño? Deben estarlo, porque no podemos pasar de escándalo en escándalo, dando la idea de que la institucionalidad nacional es incapaz de aplicar justicia a sus peores criminales, mientras miles de personas con crímenes menores se quedan años atrapados en un sistema estancado.
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