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Mientras la Corte Constitucional deja en firme la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la bancada del Centro Democrático propone hacer trizas todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La posición presidencial al respecto no es clara. Es la historia de un país con divisiones profundas.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó casi en su totalidad la ponencia redactada por el magistrado Antonio José Lizarazo, quien en 800 páginas hace un estudio de la Ley Estatutaria que reglamentó la JEP. Para el tribunal, la manera en que se llevó a cabo el trámite legislativo, así como el contenido de la norma, salvo algunas precisiones y reparos, es constitucional. Esta es una decisión monumental, pues significa que la justicia transicional por fin tiene la estabilidad jurídica necesaria para hacer su trabajo.
Al respecto, Patricia Linares, presidenta de la JEP, dijo que “tener ya la definición sobre aspectos que pueden ameritar interpretaciones diversas o contradictorias, frente a los operadores jurídicos, da mucha tranquilidad”. En efecto, muchas de las disputas que se han generado recientemente, como la pregunta de quién es competente para tomar decisiones sobre extradición de exguerrilleros se disipan con la claridad normativa.
Con la decisión, causó revuelo en la opinión pública que la Corte Constitucional tumbara un artículo aprobado por el Congreso sobre delitos sexuales. En la norma se establecía que quienes cometieran esos actos contra menores de edad no podían acceder a los beneficios que otorga este sistema de justicia. Pero, para el tribunal, esa sanción era contraria al reglamento ya aprobado al respecto y no se podía adoptar.
Aunque la indignación que producen estos delitos es entendible, la JEP merece el beneficio de la duda. Como dijo también la presidenta Linares: “En ninguna circunstancia ese tipo de conductas ameritará ni amnistía ni renuncia a la persecución penal”. Habrá que ver, con casos concretos ya resueltos, si se cumple la promesa de una justicia que ayude a la reparación.
En contraste con todo lo anterior, la bancada del Centro Democrático demuestra su intención de hacer trizas la justicia transicional. Con ese objetivo, presentaron un proyecto de ley que les prohíbe a todos los órganos del sistema de justicia, JEP y Comisión de la Verdad incluidos, pedir información reservada a las entidades del Estado. ¿El motivo de esta medida? Dice el proyecto: “La mayoría de los miembros de las entidades son de una tendencia de izquierda”.
Más allá del claro ánimo desinformador, adoptar este proyecto implicaría un atentado contra la búsqueda de la verdad. Las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos requieren que estos órganos tengan acceso a los documentos de reserva; sólo así podremos construir un relato coherente e integral de lo que ocurrió durante el conflicto.
En entrevista publicada hoy en El Espectador, Jaime Amín, secretario político de Presidencia, dijo que no tenía información sobre ese proyecto. ¿Cómo es posible que en temas de tal trascendencia haya esa desconexión entre Palacio y el partido de gobierno?
El país necesita estabilidad y reglas claras para poder avanzar en el proceso de reconciliación. El camino es fortalecer las instituciones creadas y dejar que con su trabajo obtengan la confianza de los colombianos.
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