Hay restos en La Escombrera: ¡las víctimas tenían razón!
“No éramos ni unas viejas locas ni unas guerrilleras”. Así se lo aseveró a este diario Luz Helena Galeano, lideresa social de la Comuna 13 de Medellín, cuyo esposo, Luis Javier Laverde Salazar, fue desaparecido en 2008. Le responde de esa manera a la Alcaldía de Medellín y a demás autoridades que, en los últimos 20 años, les dijeron a ella y a más mujeres que hacen parte de colectividades de víctimas que no era cierto que hubiera cadáveres en La Escombrera. Los hallazgos de la semana pasada, gracias al trabajo arduo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), muestran la importancia trascendental de la justicia transicional en un país que ha sembrado su territorio con tragedias.
La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea ingrata. Es, también, un acto necesario de profunda humanidad. Si hay un crimen con efectos duraderos en medio del conflicto colombiano es el de las desapariciones. Las familias quedan condenadas por años a recorrer la vida en medio de la incertidumbre. Como sus seres queridos no aparecen, no se puede hacer el duelo. El dolor se reinscribe una y otra vez. ¿Cómo es posible que alguien no esté y que el Estado no pueda dar cuenta de lo que ocurrió? ¿Por qué ni siquiera sus posibles victimarios tienen la capacidad de dar información útil?
Adicionalmente, las administraciones nacionales y locales han sido hostiles para quienes buscan desaparecidos. El caso de La Escombrera es ejemplar en el peor de los sentidos. Las mujeres que llevan dos décadas rogando respuestas fueron estigmatizadas, burladas, perseguidas e ignoradas. Les decían mentirosas, les decían que sus desaparecidos no estaban enterrados en La Escombrera. Si la JEP no hubiese tomado medidas cautelares hace cinco años, es probable que sobre el terreno tuviéramos hoy construcciones que ocultan los restos. Como le dijo a Colombia+20 de El Espectador Luz Helena Galeano: “Tengo emociones encontradas, pero es importante mostrarle a todo un país, que conoce la historia de la Comuna 13, que nosotras siempre hemos dicho la verdad. Hemos resistido en que no éramos ni unas viejas locas ni unas guerrilleras”.
En medio de tantas críticas y presiones contra la JEP, el tribunal de paz puede sacar pecho por este hallazgo. Ninguna otra autoridad lo había conseguido. Muchas se habían rendido o, incluso, adoptaron posiciones hostiles a la sola sugerencia de tener que seguir buscando. Como le dijo Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP, a El Colombiano: “lo que se demuestra es que las madres tenían razón, que los subían desde la comuna y aquí los ejecutaban y los enterraban”. La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que “estos hallazgos son prueba de que el Estado debe y puede trabajar con las víctimas y para las víctimas y que vale la pena creerles”. Estamos de acuerdo.
Ahora, este es solo el primer paso. Las mujeres que buscan siguen exigiendo justicia y respuestas. Una vez se identifiquen los restos, tendrán que venir los procesos judiciales. También quedarán muchos desaparecidos por ser encontrados. Mientras ese dolor persista en Colombia, nuestro Estado no puede desfallecer. Hasta encontrarlos a todos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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“No éramos ni unas viejas locas ni unas guerrilleras”. Así se lo aseveró a este diario Luz Helena Galeano, lideresa social de la Comuna 13 de Medellín, cuyo esposo, Luis Javier Laverde Salazar, fue desaparecido en 2008. Le responde de esa manera a la Alcaldía de Medellín y a demás autoridades que, en los últimos 20 años, les dijeron a ella y a más mujeres que hacen parte de colectividades de víctimas que no era cierto que hubiera cadáveres en La Escombrera. Los hallazgos de la semana pasada, gracias al trabajo arduo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), muestran la importancia trascendental de la justicia transicional en un país que ha sembrado su territorio con tragedias.
La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea ingrata. Es, también, un acto necesario de profunda humanidad. Si hay un crimen con efectos duraderos en medio del conflicto colombiano es el de las desapariciones. Las familias quedan condenadas por años a recorrer la vida en medio de la incertidumbre. Como sus seres queridos no aparecen, no se puede hacer el duelo. El dolor se reinscribe una y otra vez. ¿Cómo es posible que alguien no esté y que el Estado no pueda dar cuenta de lo que ocurrió? ¿Por qué ni siquiera sus posibles victimarios tienen la capacidad de dar información útil?
Adicionalmente, las administraciones nacionales y locales han sido hostiles para quienes buscan desaparecidos. El caso de La Escombrera es ejemplar en el peor de los sentidos. Las mujeres que llevan dos décadas rogando respuestas fueron estigmatizadas, burladas, perseguidas e ignoradas. Les decían mentirosas, les decían que sus desaparecidos no estaban enterrados en La Escombrera. Si la JEP no hubiese tomado medidas cautelares hace cinco años, es probable que sobre el terreno tuviéramos hoy construcciones que ocultan los restos. Como le dijo a Colombia+20 de El Espectador Luz Helena Galeano: “Tengo emociones encontradas, pero es importante mostrarle a todo un país, que conoce la historia de la Comuna 13, que nosotras siempre hemos dicho la verdad. Hemos resistido en que no éramos ni unas viejas locas ni unas guerrilleras”.
En medio de tantas críticas y presiones contra la JEP, el tribunal de paz puede sacar pecho por este hallazgo. Ninguna otra autoridad lo había conseguido. Muchas se habían rendido o, incluso, adoptaron posiciones hostiles a la sola sugerencia de tener que seguir buscando. Como le dijo Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP, a El Colombiano: “lo que se demuestra es que las madres tenían razón, que los subían desde la comuna y aquí los ejecutaban y los enterraban”. La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que “estos hallazgos son prueba de que el Estado debe y puede trabajar con las víctimas y para las víctimas y que vale la pena creerles”. Estamos de acuerdo.
Ahora, este es solo el primer paso. Las mujeres que buscan siguen exigiendo justicia y respuestas. Una vez se identifiquen los restos, tendrán que venir los procesos judiciales. También quedarán muchos desaparecidos por ser encontrados. Mientras ese dolor persista en Colombia, nuestro Estado no puede desfallecer. Hasta encontrarlos a todos.
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