Aida Merlano es una criminal que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por crear una empresa sofisticada y bien aceitada para comprar votos. También es una persona que traicionó doblemente a la sociedad colombiana, cuando decidió hacer parte de una estrategia que la llevó a fugarse de la justicia hasta reaparecer en Venezuela, bajo vigilancia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, opositor a los intereses colombianos. Todo eso es cierto, mas no son razones suficientes para la respuesta que todo un sector del país, incluido el presidente, Iván Duque, les ha dado a las aterradoras denuncias hechas por la excongresista. Ante ellas, los colombianos merecen claridad y líderes políticos responsables.
Tenemos varios aspectos probados ante la Corte Suprema de Justicia: Merlano fue elegida con cuarenta años y más de 73.000 votos, a pesar de no tener experiencia política, gracias al apoyo conocido de la casa Gerlein y la casa Char. En esas elecciones, la Fiscalía desmanteló su empresa de compra de votos, por lo que fue condenada. Como publicamos en El Espectador en 2018, “el fraude empezó a fraguarse cinco meses antes de las elecciones, a través de un complejo sistema de inscripción de votantes comprados”. En este caso es evidente que, pese a la condena de Merlano, estamos frente a un aparato de corrupción con enormes tentáculos, que no termina ni empieza en ella.
El otro hecho ineludible es que la fuga de Merlano, a pesar de tener todos los reflectores del país encima, no pudo haberla planeado sola, mucho menos desde su detención. La lógica lleva pensar en una alternativa: o Merlano es un genio del crimen con muchísimo poder a pesar de tener un perfil bajo o fue apoyada por otras fuerzas que quieren permanecer en la sombra. Nos inclinamos por lo segundo.
Por donde se le mire, las denuncias de Merlano son gravísimas. No solo dice que Arturo y Álex Char, poderosos políticos barranquilleros, estaban al tanto de su empresa de compra de votos y participaron en ella, sino que también cuenta cómo la ayudaron a fugarse y luego fue víctima de violación y un complejo plan para asesinarla. Las pruebas que ha entregado y han sido conocidas por la opinión pública son suficientes para sembrar dudas, que deben ser respondidas por la justicia.
Sin embargo, la reacción a sus denuncias ha sido la del desprestigio. Sin siquiera considerar el abandono de su aspiración presidencial, Álex Char denunció a Merlano y sus aliados han sugerido que todo se trata de una estrategia de Gustavo Petro. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y quien comparte coalición con Char, dijo que Merlano “está ardida y con deseos de venganza”. Iván Duque dijo que percibe “una actitud tendenciosa de la dictadura de Venezuela de tratar de utilizar la presencia de ella [Merlano] para chantajear”. Es decir: se habla de todo, menos de los hechos que están en el corazón del escándalo.
Por supuesto que Álex y Arturo Char tienen derecho a la presunción de inocencia. Empero, los líderes políticos deben responder a estándares superiores de comportamiento. En el país mucho se habla de la compra de votos, pero hay pocos casos donde las autoridades pueden actuar. Si la condena de Merlano dejó en su momento más preguntas que respuestas, se abre ahora una oportunidad para entender exactamente qué ocurrió. Se requiere, eso sí, voluntad para hacerlo. Confiamos en que la justicia no pierda su foco ante tantas excusas peregrinas y desvíos de atención.
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