La Fiscalía liderada por Francisco Barbosa ha mostrado hostilidad contra la prensa libre en Colombia. La orden de inspección en las instalaciones de la revista Raya, medio que el fiscal general había estigmatizado hace un par de semanas, es una más en la lista de intimidaciones que incluyeron acciones similares contra la revista Cambio y Noticias Uno. A pesar de que en un comunicado el ente investigador dijo ser garante de la libertad de prensa, su actitud, tanto en acción y omisión, siembra muchas dudas. El efecto es que los periodistas del país se sienten amenazados y con temor de una institución que está llamada a protegerlos. Es inaceptable lo que ha ocurrido.
Esta semana, la revista Raya publicó una grabación en la que un agente del CTI le dice al director del medio, el periodista Edinson Bolaños, que la “Fiscalía 515 local me ordena hacer una inspección en esa revista para establecer la fuente que usted utilizó”. Ante la publicación de lo ocurrido, la Fiscalía emitió un comunicado en el que pide investigar al fiscal 515 de la Seccional Bogotá y reitera “su compromiso con la libertad de prensa”. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente. La orden de inspección no se retiró y el comunicado de prensa austero deja mucho que desear. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), escribió en su cuenta de X: “Es inadmisible que un funcionario intimide de esta manera a un medio como lo está haciendo con revista Raya”.
Más grave aún es que hay un antecedente bastante problemático. Hace un par de semanas, cuando la revista Raya y RTVC publicaron un informe, el fiscal Barbosa salió a estigmatizar a los periodistas. “Ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo, sacando o recibiendo cualquier información y diciendo: con esto sí van a acabar la Fiscalía, con esto sí golpean la entidad, no les va a salir bien y no les va a salir bien”, dijo el fiscal general. En respuesta, la FLIP le envió una carta en la que rechaza que Barbosa “promueva de manera directa una narrativa en contra de la prensa, y nuevamente lo invitamos a que las diferencias que pueda tener con la prensa se diriman mediante los mecanismos constitucionales, no por medio de señalamientos públicos infundados y tendientes a desacreditar la labor periodística”. A la fecha, la Fiscalía no aportó pruebas que desmientan lo publicado y el fiscal no ha querido responder a la FLIP.
Entonces, el rechazo a lo ocurrido debe ser vehemente. En septiembre de este año, la Fiscalía ordenó la inspección de Noticias Uno para identificar una fuente. Lo mismo intentó hacer en junio del año pasado, cuando mandó la inspección de la revista Cambio por un informe sobre nexos de un general con el narcotráfico. Es una práctica repetida. ¿No saben los fiscales, acaso, que ese tipo de medida es muy lesiva para la libertad de prensa? Buscar las fuentes de los periodistas dificulta el trabajo de investigación, pues envía el mensaje de que quienes ejercemos este oficio no podemos proteger a las personas que nos proporcionan información. Es inaceptable.
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Esta semana, la revista Raya publicó una grabación en la que un agente del CTI le dice al director del medio, el periodista Edinson Bolaños, que la “Fiscalía 515 local me ordena hacer una inspección en esa revista para establecer la fuente que usted utilizó”. Ante la publicación de lo ocurrido, la Fiscalía emitió un comunicado en el que pide investigar al fiscal 515 de la Seccional Bogotá y reitera “su compromiso con la libertad de prensa”. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente. La orden de inspección no se retiró y el comunicado de prensa austero deja mucho que desear. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), escribió en su cuenta de X: “Es inadmisible que un funcionario intimide de esta manera a un medio como lo está haciendo con revista Raya”.
Más grave aún es que hay un antecedente bastante problemático. Hace un par de semanas, cuando la revista Raya y RTVC publicaron un informe, el fiscal Barbosa salió a estigmatizar a los periodistas. “Ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo, sacando o recibiendo cualquier información y diciendo: con esto sí van a acabar la Fiscalía, con esto sí golpean la entidad, no les va a salir bien y no les va a salir bien”, dijo el fiscal general. En respuesta, la FLIP le envió una carta en la que rechaza que Barbosa “promueva de manera directa una narrativa en contra de la prensa, y nuevamente lo invitamos a que las diferencias que pueda tener con la prensa se diriman mediante los mecanismos constitucionales, no por medio de señalamientos públicos infundados y tendientes a desacreditar la labor periodística”. A la fecha, la Fiscalía no aportó pruebas que desmientan lo publicado y el fiscal no ha querido responder a la FLIP.
Entonces, el rechazo a lo ocurrido debe ser vehemente. En septiembre de este año, la Fiscalía ordenó la inspección de Noticias Uno para identificar una fuente. Lo mismo intentó hacer en junio del año pasado, cuando mandó la inspección de la revista Cambio por un informe sobre nexos de un general con el narcotráfico. Es una práctica repetida. ¿No saben los fiscales, acaso, que ese tipo de medida es muy lesiva para la libertad de prensa? Buscar las fuentes de los periodistas dificulta el trabajo de investigación, pues envía el mensaje de que quienes ejercemos este oficio no podemos proteger a las personas que nos proporcionan información. Es inaceptable.
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