Impuesto a las bebidas azucaradas

Para solucionarlo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso tres soluciones a la comisión encargada de redactar la próxima reforma tributaria: modificar el sistema de aportes para evitar evasiones y omisiones, aumentar los porcentajes de cotización de las personas que ganen más de cuatro salarios mínimos y crear nuevos impuestos para las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos, té, entre otras). Esta última causó revuelo en la opinión.

El tema toca a muchos colombianos. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (Ensin), realizada en 2010, la situación de nutrición es preocupante: una de cada cinco personas consume, por lo menos, una bebida azucarada al día, y la mitad de los colombianos consumen por lo menos una a la semana. El problema radica en que estas bebidas son una fuente elevada de calorías, lo que las enlaza directamente con la obesidad. Y las personas obesas tienen mayor incidencia de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y varias cardiovasculares. Según la Ensin, uno de cada seis niños y adolescentes tiene sobrepeso, y la mitad de los colombianos adultos tienen exceso de peso. Según los datos de 2010, la prevalencia de la obesidad aumentó en 25%. Estaremos muy pendientes de los resultados de la encuesta de este año. Lo que sí es claro es la existencia de un problema de salud pública.

Además, esta situación genera un cargo económico en el sistema de salud. La prevalencia de estas enfermedades implica más costos por tratamientos y cuidados. En Estados Unidos, US$196 billones, equivalentes al 20 % de los gastos totales en salud, son atribuibles a problemas causados por la obesidad. No contamos con datos oficiales similares en Colombia, pero los costos no pueden negarse. Hay, entonces, que hacer algo, no sólo por el bien de la sostenibilidad fiscal del sistema de salud, sino también por el bienestar de los colombianos. El impuesto es una propuesta razonable.

Quienes se oponen suelen tomar dos posiciones: unos, preocupados por la salud pública, argumentan que el aumento en los costos no va a reducir el consumo. Eso está por verse. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que subir los impuestos en efecto reduce las ventas, pero la fuerte oposición de las empresas que comercializan estos productos ha truncado iniciativas en varios lugares del mundo, por lo que no hay un ejemplo a seguir. En Berkeley, California, se aprobó un impuesto desde enero de este año. Aún no hay datos sobre sus efectos en el consumo, pero, incluso si no se reduce, el aporte en dinero que traería consigo el tributo ayudaría al sistema a enfrentarse a los costos causados por la obesidad.

La otra oposición viene desde un argumento constitucional: el Estado, dicen, no puede coartar de esa manera las libertades de sus ciudadanos. Aquí, sin embargo, no se estaría prohibiendo el consumo, sólo se están poniendo barreras que buscan solucionar un problema causado por las bebidas azucaradas, en el mismo sentido que sucede con los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Cualquiera tiene el derecho a consumir lo que quiera, hágale o no daño a su salud, por supuesto, pero si el sistema de salud se ve afectado por ello, el Estado está en todo derecho de gravar esa decisión libre.

Aunque es poco probable que, dado el clima político y la fuerte oposición que ha surgido, esta iniciativa tome fuerza, desde este espacio queremos expresar nuestro apoyo. No perdemos nada con intentarlo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Para solucionarlo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso tres soluciones a la comisión encargada de redactar la próxima reforma tributaria: modificar el sistema de aportes para evitar evasiones y omisiones, aumentar los porcentajes de cotización de las personas que ganen más de cuatro salarios mínimos y crear nuevos impuestos para las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos, té, entre otras). Esta última causó revuelo en la opinión.

El tema toca a muchos colombianos. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (Ensin), realizada en 2010, la situación de nutrición es preocupante: una de cada cinco personas consume, por lo menos, una bebida azucarada al día, y la mitad de los colombianos consumen por lo menos una a la semana. El problema radica en que estas bebidas son una fuente elevada de calorías, lo que las enlaza directamente con la obesidad. Y las personas obesas tienen mayor incidencia de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y varias cardiovasculares. Según la Ensin, uno de cada seis niños y adolescentes tiene sobrepeso, y la mitad de los colombianos adultos tienen exceso de peso. Según los datos de 2010, la prevalencia de la obesidad aumentó en 25%. Estaremos muy pendientes de los resultados de la encuesta de este año. Lo que sí es claro es la existencia de un problema de salud pública.

Además, esta situación genera un cargo económico en el sistema de salud. La prevalencia de estas enfermedades implica más costos por tratamientos y cuidados. En Estados Unidos, US$196 billones, equivalentes al 20 % de los gastos totales en salud, son atribuibles a problemas causados por la obesidad. No contamos con datos oficiales similares en Colombia, pero los costos no pueden negarse. Hay, entonces, que hacer algo, no sólo por el bien de la sostenibilidad fiscal del sistema de salud, sino también por el bienestar de los colombianos. El impuesto es una propuesta razonable.

Quienes se oponen suelen tomar dos posiciones: unos, preocupados por la salud pública, argumentan que el aumento en los costos no va a reducir el consumo. Eso está por verse. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que subir los impuestos en efecto reduce las ventas, pero la fuerte oposición de las empresas que comercializan estos productos ha truncado iniciativas en varios lugares del mundo, por lo que no hay un ejemplo a seguir. En Berkeley, California, se aprobó un impuesto desde enero de este año. Aún no hay datos sobre sus efectos en el consumo, pero, incluso si no se reduce, el aporte en dinero que traería consigo el tributo ayudaría al sistema a enfrentarse a los costos causados por la obesidad.

La otra oposición viene desde un argumento constitucional: el Estado, dicen, no puede coartar de esa manera las libertades de sus ciudadanos. Aquí, sin embargo, no se estaría prohibiendo el consumo, sólo se están poniendo barreras que buscan solucionar un problema causado por las bebidas azucaradas, en el mismo sentido que sucede con los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Cualquiera tiene el derecho a consumir lo que quiera, hágale o no daño a su salud, por supuesto, pero si el sistema de salud se ve afectado por ello, el Estado está en todo derecho de gravar esa decisión libre.

Aunque es poco probable que, dado el clima político y la fuerte oposición que ha surgido, esta iniciativa tome fuerza, desde este espacio queremos expresar nuestro apoyo. No perdemos nada con intentarlo.

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