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No es la primera vez que Alejandro Ramelli, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es perseguido por investigaciones que incomodan. Hace ocho años, en entrevista con El Espectador, contó cómo le llegaron anónimos amenazantes desde la Fiscalía porque se atrevió a denunciar irregularidades en el contrato de $895 millones que le otorgó el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, a Natalia Springer. Desde cuando llegó a la JEP e hizo hallazgos de fosas con víctimas de ejecuciones extrajudiciales, su trabajo ha molestado a varios actores del conflicto. En ese contexto, las amenazas que recibió el sábado pasado del Clan del Golfo no son sorprendentes, aunque sí profundamente preocupantes. No puede haber proceso de paz con una organización que está buscando sabotear el esencial trabajo de la justicia transicional.
Tanto a Ramelli como al magistrado auxiliar Hugo Escobar les llegó una corona fúnebre, haciendo eco a los peores años de la violencia ejercida por el narcotráfico en Colombia. También se conoció un mensaje en el que los declaran “objetivo militar, ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”. En respuesta, la JEP expidió un comunicado en el que “rechaza las amenazas en contra del magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar emitidas por las Agc o Clan del Golfo”. Si algo queda del episodio es un argumento contra la idea de que la justicia transicional se trata de tribunales de impunidad: es evidente que la labor de investigación que están llevando a cabo los magistrados produce profundas incomodidades en quienes han cometido delitos atroces. Una razón más para respaldar de manera vehemente la labor de la JEP.
El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió también con firmeza: “Rechazo contundentemente las amenazas del Clan del Golfo a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz. Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”. Estamos de acuerdo. Los grupos al margen de la ley no pueden seguir aterrorizando a los colombianos y a las instituciones del Estado mientras, al mismo tiempo, dicen tener voluntad de paz. Cualquier proceso de justicia y reconciliación necesita, precisamente, “desenterrar” toda la sangre y el dolor que se han ocultado en nuestras tierras. Es un requisito incondicional para soñar con un país que supere su historia de violencia.
La labor del magistrado Ramelli, del magistrado auxiliar Escobar y de toda la Jurisdicción debe ser rodeada por el país entero. Es preocupante que una persona haya tenido que, una y otra vez en su carrera profesional, enfrentar tantos tipos de amenazas simplemente por hacer su trabajo. Más aún en el desempeño de las investigaciones de la JEP, donde el mandato constitucional y consagrado en el Acuerdo de Paz es investigar las heridas abiertas del conflicto para poder llevarles justicia a las víctimas. Adelante con su labor, magistrados, que el país se los agradece.
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