Las turbas virtuales prendieron sus antorchas y salieron de cacería esta semana. Motivadas por personas afines al uribismo, se concentraron en atacar a una profesora, exigir que se limite la libertad de cátedra e insistir en negar que las ejecuciones extrajudiciales existieron y se agudizaron durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Colombia está en medio de una guerra por la memoria, alimentada por la desinformación del Centro Democrático y el objetivo de despedazar los mecanismos de justicia transicional producto del Acuerdo de Paz para que los colombianos no se enteren de lo que ha ocurrido en este país.
El linchamiento a Sandra Ximena Caicedo ilustra bien las tensiones que hay en el país a propósito de la memoria histórica. La docente de ciencias sociales en noveno grado envió una tarea a sus estudiantes donde les pedía investigar sobre los mal llamados “falsos positivos”. Dentro de las preguntas, había unas dirigidas a indagar por la responsabilidad de los hechos, quién dio la orden y si el entonces presidente, Álvaro Uribe, tuvo que ver con ellos. Ahí saltaron internautas, líderes de opinión de la derecha e incluso parlamentarios como María del Rosario Guerra. Acusaron a la profesora de sesgada, de estar buscando adoctrinar a los adolescentes, y la utilizaron como otra razón para estigmatizar y atacar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por estar escorada a la izquierda.
El escándalo es similar al que generó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al informar que recopiló 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Álvaro Uribe. La respuesta ha sido el negacionismo. Varias campañas publicitarias y de redes sociales desacreditaron a la JEP y promovieron la idea de que las cifras están infladas. El Gobierno, por su parte, le pidió al tribunal que actúe a través de providencias y no de informes, enviando un mensaje velado de rechazo. En síntesis: su idea es que las ejecuciones extrajudiciales no fueron tan graves como todo indica que lo fueron.
Esta guerra contra la memoria se viene dando en varios espacios. Como publicó Colombia 2020 de El Espectador, Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), alteró contenidos en una exposición reciente. No es la primera vez que lo hace. En este caso, la respuesta del director fue atacar a la funcionaria que hizo la denuncia, decir que solo se trataba de una diferencia de criterio y que a la experta y a los funcionarios similares “se les sale ese tufillo de igualados, donde vale lo mismo ser contratista que ser directivo”. Ese tipo de lenguaje, de desdén por la crítica y ante todo de desprecio a quienes no quieren que la memoria histórica sea silenciada, les hace eco a las palabras utilizadas ahora contra la profesora.
Lo curioso es que Caicedo solo planteaba preguntas que se desprenden de un informe oficial del Estado. Aunque el Centro Democrático quiera negarlo, la JEP forma parte de la institucionalidad; su información es recurso oficial. En los procesos de memoria, ¿por qué los adolescentes del país no deberían investigar sobre los mal llamados “falsos positivos”?
Hablan de adoctrinamiento, pero la alternativa propuesta es el ocultamiento de una realidad. Aquello que no se pregunta, ni se estudia, ni se observa nunca se aprende y, por ende, queda en el olvido. La incomodidad no es con la libertad de cátedra, sino con la historia misma. Estamos viendo una lucha que seguirá sobre el relato de Colombia y de los años del conflicto. Perseguir y estigmatizar a profesores es un pésimo síntoma.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Las turbas virtuales prendieron sus antorchas y salieron de cacería esta semana. Motivadas por personas afines al uribismo, se concentraron en atacar a una profesora, exigir que se limite la libertad de cátedra e insistir en negar que las ejecuciones extrajudiciales existieron y se agudizaron durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Colombia está en medio de una guerra por la memoria, alimentada por la desinformación del Centro Democrático y el objetivo de despedazar los mecanismos de justicia transicional producto del Acuerdo de Paz para que los colombianos no se enteren de lo que ha ocurrido en este país.
El linchamiento a Sandra Ximena Caicedo ilustra bien las tensiones que hay en el país a propósito de la memoria histórica. La docente de ciencias sociales en noveno grado envió una tarea a sus estudiantes donde les pedía investigar sobre los mal llamados “falsos positivos”. Dentro de las preguntas, había unas dirigidas a indagar por la responsabilidad de los hechos, quién dio la orden y si el entonces presidente, Álvaro Uribe, tuvo que ver con ellos. Ahí saltaron internautas, líderes de opinión de la derecha e incluso parlamentarios como María del Rosario Guerra. Acusaron a la profesora de sesgada, de estar buscando adoctrinar a los adolescentes, y la utilizaron como otra razón para estigmatizar y atacar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por estar escorada a la izquierda.
El escándalo es similar al que generó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al informar que recopiló 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Álvaro Uribe. La respuesta ha sido el negacionismo. Varias campañas publicitarias y de redes sociales desacreditaron a la JEP y promovieron la idea de que las cifras están infladas. El Gobierno, por su parte, le pidió al tribunal que actúe a través de providencias y no de informes, enviando un mensaje velado de rechazo. En síntesis: su idea es que las ejecuciones extrajudiciales no fueron tan graves como todo indica que lo fueron.
Esta guerra contra la memoria se viene dando en varios espacios. Como publicó Colombia 2020 de El Espectador, Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), alteró contenidos en una exposición reciente. No es la primera vez que lo hace. En este caso, la respuesta del director fue atacar a la funcionaria que hizo la denuncia, decir que solo se trataba de una diferencia de criterio y que a la experta y a los funcionarios similares “se les sale ese tufillo de igualados, donde vale lo mismo ser contratista que ser directivo”. Ese tipo de lenguaje, de desdén por la crítica y ante todo de desprecio a quienes no quieren que la memoria histórica sea silenciada, les hace eco a las palabras utilizadas ahora contra la profesora.
Lo curioso es que Caicedo solo planteaba preguntas que se desprenden de un informe oficial del Estado. Aunque el Centro Democrático quiera negarlo, la JEP forma parte de la institucionalidad; su información es recurso oficial. En los procesos de memoria, ¿por qué los adolescentes del país no deberían investigar sobre los mal llamados “falsos positivos”?
Hablan de adoctrinamiento, pero la alternativa propuesta es el ocultamiento de una realidad. Aquello que no se pregunta, ni se estudia, ni se observa nunca se aprende y, por ende, queda en el olvido. La incomodidad no es con la libertad de cátedra, sino con la historia misma. Estamos viendo una lucha que seguirá sobre el relato de Colombia y de los años del conflicto. Perseguir y estigmatizar a profesores es un pésimo síntoma.
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