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Cuesta entender la lluvia incesante de presiones indebidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al finalizar la semana pasada, fue de nuevo el turno de miembros del antiguo secretariado de las FARC. Tal vez en la declaración más agresiva e irresponsable, una carta de los líderes de la exguerrilla dice: “Lejos de ser un tribunal de cierre del conflicto, pareciera una institución que busca alimentar el fuego de la guerra”. Si suena a un interés por desacreditar el trabajo juicioso de los magistrados es porque lo es. Ese tipo de declaraciones le hacen daño al país y son, en sí mismas, una traición a lo pactado en La Habana. La justicia no solo se defiende cuando conviene; es momento de que todos los firmantes recuerden su rol histórico.
La molestia del secretariado se dirigió a la magistrada Xiomara Balanta, quien expresó preocupación por los incumplimientos de los miembros de los ex-FARC. Balanta preguntó: “¿Ustedes creen que nosotros estamos incumpliendo el Acuerdo de Paz? ¿Somos nosotros por quitar beneficios cuando están incumpliéndole al país?”. La respuesta fue airada. Lo propio hizo Rodrigo Londoño, pero esta vez dirigido al presidente de la Jurisdicción, Alejandro Ramelli. “No se puede entender que el señor presidente de la JEP esté advirtiendo que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente, razón por la cual los procesos terminarán ante la justicia ordinaria con penas de cárcel”, dijo. Esto necesita una explicación más detallada.
La molestia de Londoño surgió de una entrevista que Ramelli dio en Blu Radio, donde dijo: “Estamos haciendo todo lo posible” para que todos los casos reciban una decisión final, “pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”. Eso sería gravísimo, por supuesto, pero también tiene un contexto entendible. La frustración del presidente Ramelli, de la magistrada Balanta y de la JEP en pleno es que su trabajo se ha visto entorpecido una y otra vez. Desde la falta de colaboración de muchos responsables de delitos, pasando por el hecho de que algunos excombatientes se vincularon a disidencias o grupos ilegales, y terminando en la difícil relación con el Gobierno.
Hay otro factor muy importante: las 400.000 víctimas vinculadas a los procesos de investigación de la JEP por fin han recibido respuestas que ninguna otra entidad judicial les había dado. Les pedimos a los tribunales de paz que miraran el conflicto con rigurosidad, que llegaran a donde el Estado no había podido aparecer, y lo hizo. Eso alargó los procesos, pero también aumentó los hallazgos. En una carta, Ramelli lo dijo con acierto: “La JEP seguirá desenterrando lo que han pretendido esconder y esclareciendo patrones macrocriminales desconocidos por el país”.
Entonces, si el antiguo secretariado quiere sanciones y resoluciones, necesita dejar que la JEP haga su trabajo, no unirse al coro de personas que buscan desacreditarla. Lo mismo aplica para el Gobierno nacional, que debe redoblar su apoyo a la implementación de la fase final de los tribunales de paz, y para los políticos, que quieren convertir la justicia transicional en un tema de pantalla. Estamos en vísperas de una serie de sentencias que serán un gran aporte para el país, no es momento de traicionar lo pactado ni de irrespetar a los magistrados.
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