“Jesús Santrich” no es la paz

El comportamiento desafiante y arrogante que Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, ha venido expresando desde las negociaciones en La Habana y posterior a la firma del Acuerdo de Paz no debería opacar el cumplimiento que tantos otros excombatientes han hecho de lo pactado. Aunque al cierre de esta edición no contamos con certeza sobre los motivos de su desaparición, el haber abandonado su esquema de seguridad en vísperas del llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una cachetada contra la institucionalidad. Es momento de recordar que Santrich no es la paz y que el país debe separar ambos debates.

El domingo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que Santrich abandonó su esquema de seguridad —conformado principalmente por personas de su confianza— y salió del espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) ubicado en Tierra Grata, La Paz (Cesar). Aunque a la fecha no se conocen las razones, se especula que habría salido del país hacia Venezuela. Dadas todas las garantías que el Estado colombiano y en particular sus cortes le han dado a Santrich, este comportamiento es a todas luces inaceptable.

El presidente de la República, Iván Duque, dijo que Santrich estaría intentando “eludir la justicia”, dado que está citado el próximo 9 de julio a la CSJ para responder por el proceso que se le adelanta por narcotráfico. El mandatario advirtió que “si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí está el Estado de derecho para hacerse respetar”. Adicionalmente reiteró la intención del Gobierno de apoyar a quienes “genuinamente han dejado la violencia y están haciendo la transición a la reincorporación”.

Ese último mensaje, nos parece, es el más importante. Si en efecto la decisión de Santrich es huir e incumplir el Acuerdo de Paz, el mismo pacto y sus posteriores reglamentaciones tienen las herramientas para arrebatarle los beneficios. Esa fue la promesa desde el principio: zanahoria para quienes cumplan, garrote implacable para los que le fallen al país. En esta discusión no podemos olvidar a los miles de excombatientes que le han seguido apostando a la paz, a la institucionalidad y a integrarse a la sociedad colombiana. En ellos está la opción de construir una mejor Colombia.

Celebramos también que el partido FARC haya sido inequívoco con esta situación. En un comunicado, recordó que desde la firma “asumimos un compromiso político y moral inclaudicable frente al país y la comunidad internacional”. Por eso le pidieron a Santrich que “reafirme con su presencia, en los escenarios que le fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del Acuerdo de Paz”. El mensaje nos parece claro: todo por las vías legales, nada a través de incumplimientos.

No queda más que dejar que las instituciones sigan operando como lo han venido haciendo. La CSJ seguirá su proceso en contra de Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hará las evaluaciones pertinentes sobre los beneficios otorgados por el Acuerdo, y el Estado en pleno hará respetar sus normas. No es momento para caos, ni para tremendismos. A personajes como Santrich se les debe dar su justa proporción. Lo importante sigue siendo apostar por la paz.

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El comportamiento desafiante y arrogante que Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, ha venido expresando desde las negociaciones en La Habana y posterior a la firma del Acuerdo de Paz no debería opacar el cumplimiento que tantos otros excombatientes han hecho de lo pactado. Aunque al cierre de esta edición no contamos con certeza sobre los motivos de su desaparición, el haber abandonado su esquema de seguridad en vísperas del llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una cachetada contra la institucionalidad. Es momento de recordar que Santrich no es la paz y que el país debe separar ambos debates.

El domingo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que Santrich abandonó su esquema de seguridad —conformado principalmente por personas de su confianza— y salió del espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) ubicado en Tierra Grata, La Paz (Cesar). Aunque a la fecha no se conocen las razones, se especula que habría salido del país hacia Venezuela. Dadas todas las garantías que el Estado colombiano y en particular sus cortes le han dado a Santrich, este comportamiento es a todas luces inaceptable.

El presidente de la República, Iván Duque, dijo que Santrich estaría intentando “eludir la justicia”, dado que está citado el próximo 9 de julio a la CSJ para responder por el proceso que se le adelanta por narcotráfico. El mandatario advirtió que “si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí está el Estado de derecho para hacerse respetar”. Adicionalmente reiteró la intención del Gobierno de apoyar a quienes “genuinamente han dejado la violencia y están haciendo la transición a la reincorporación”.

Ese último mensaje, nos parece, es el más importante. Si en efecto la decisión de Santrich es huir e incumplir el Acuerdo de Paz, el mismo pacto y sus posteriores reglamentaciones tienen las herramientas para arrebatarle los beneficios. Esa fue la promesa desde el principio: zanahoria para quienes cumplan, garrote implacable para los que le fallen al país. En esta discusión no podemos olvidar a los miles de excombatientes que le han seguido apostando a la paz, a la institucionalidad y a integrarse a la sociedad colombiana. En ellos está la opción de construir una mejor Colombia.

Celebramos también que el partido FARC haya sido inequívoco con esta situación. En un comunicado, recordó que desde la firma “asumimos un compromiso político y moral inclaudicable frente al país y la comunidad internacional”. Por eso le pidieron a Santrich que “reafirme con su presencia, en los escenarios que le fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del Acuerdo de Paz”. El mensaje nos parece claro: todo por las vías legales, nada a través de incumplimientos.

No queda más que dejar que las instituciones sigan operando como lo han venido haciendo. La CSJ seguirá su proceso en contra de Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hará las evaluaciones pertinentes sobre los beneficios otorgados por el Acuerdo, y el Estado en pleno hará respetar sus normas. No es momento para caos, ni para tremendismos. A personajes como Santrich se les debe dar su justa proporción. Lo importante sigue siendo apostar por la paz.

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