Justicia (externa) en la perversa alianza de Chiquita
La condena contra Chiquita Brands en Estados Unidos por financiar a los paramilitares y, entonces, tener responsabilidad en los asesinatos que cometieron en Colombia es una victoria histórica para las víctimas que llevan 17 años exigiendo justicia. También pone de presente la completa inacción de la justicia colombiana, así como el hecho de que el rol de los terceros financiadores en el crecimiento de las autodefensas tiene muchos pendientes. La Comisión de la Verdad ya había hecho un gran aporte sobre este caso, pero la inacción de la Rama Judicial nos ha llevado a un silencio ensordecedor.
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, encontró que Chiquita Brands les otorgó hasta US$1,7 millones a los paramilitares colombianos, en el marco de una serie de homicidios cometidos en el Urabá y el Magdalena Medio entre 1997 y 2004. El Departamento de Justicia de ese país dijo que la actuación de Chiquita Brands era “moralmente repugnante”. El jurado aceptó esa visión y dijo que las víctimas que iniciaron el proceso demostraron que sus familiares fueron asesinados durante la financiación de la multinacional bananera.
Esos calificativos se quedan cortos. Lo que sabemos en Colombia, por el trabajo de la Comisión de la Verdad y las denuncias de las víctimas, es que la alianza entre Chiquita Brands y Carlos Castaño consistía en prestar “seguridad”, eufemismo para referirse a la aniquilación del sindicalismo. Según “No matarás”, de la Comisión y retomado por Colombia+20 de El Espectador, Chiquita llevaba una contabilidad de “pagos por seguridad” con abonos mensuales para las AUC en un “elaborado sistema de organizaciones intermediarias” que usaban para ocultarlo todo. Los ejecutivos sabían lo que pasaba. De nuevo la Comisión de la Verdad: “En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un ‘tipo muy malo’. Por otro lado, los pagos hechos a las AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía e incluían a gerentes de alto nivel, directores y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”.
Los testimonios de exparamilitares cuentan que, a finales de los años 90, había una tarea de exterminio contra sindicalistas para evitar las huelgas y así destrabar el mercado del banano. En palabras de Hebert Veloza, alias HH: “los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”.
Tiene razón el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se pregunta por qué la justicia colombiana no ha dado resultados en este caso. En este y, debemos decirlo, en tantos otros que involucran a terceros financiadores del conflicto armado. La Comisión de la Verdad hizo su aporte, pero es un tema delicado sobre el que no hay certezas. No podemos esperar a que los tribunales internacionales hagan nuestro trabajo.
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La condena contra Chiquita Brands en Estados Unidos por financiar a los paramilitares y, entonces, tener responsabilidad en los asesinatos que cometieron en Colombia es una victoria histórica para las víctimas que llevan 17 años exigiendo justicia. También pone de presente la completa inacción de la justicia colombiana, así como el hecho de que el rol de los terceros financiadores en el crecimiento de las autodefensas tiene muchos pendientes. La Comisión de la Verdad ya había hecho un gran aporte sobre este caso, pero la inacción de la Rama Judicial nos ha llevado a un silencio ensordecedor.
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, encontró que Chiquita Brands les otorgó hasta US$1,7 millones a los paramilitares colombianos, en el marco de una serie de homicidios cometidos en el Urabá y el Magdalena Medio entre 1997 y 2004. El Departamento de Justicia de ese país dijo que la actuación de Chiquita Brands era “moralmente repugnante”. El jurado aceptó esa visión y dijo que las víctimas que iniciaron el proceso demostraron que sus familiares fueron asesinados durante la financiación de la multinacional bananera.
Esos calificativos se quedan cortos. Lo que sabemos en Colombia, por el trabajo de la Comisión de la Verdad y las denuncias de las víctimas, es que la alianza entre Chiquita Brands y Carlos Castaño consistía en prestar “seguridad”, eufemismo para referirse a la aniquilación del sindicalismo. Según “No matarás”, de la Comisión y retomado por Colombia+20 de El Espectador, Chiquita llevaba una contabilidad de “pagos por seguridad” con abonos mensuales para las AUC en un “elaborado sistema de organizaciones intermediarias” que usaban para ocultarlo todo. Los ejecutivos sabían lo que pasaba. De nuevo la Comisión de la Verdad: “En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un ‘tipo muy malo’. Por otro lado, los pagos hechos a las AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía e incluían a gerentes de alto nivel, directores y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”.
Los testimonios de exparamilitares cuentan que, a finales de los años 90, había una tarea de exterminio contra sindicalistas para evitar las huelgas y así destrabar el mercado del banano. En palabras de Hebert Veloza, alias HH: “los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”.
Tiene razón el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se pregunta por qué la justicia colombiana no ha dado resultados en este caso. En este y, debemos decirlo, en tantos otros que involucran a terceros financiadores del conflicto armado. La Comisión de la Verdad hizo su aporte, pero es un tema delicado sobre el que no hay certezas. No podemos esperar a que los tribunales internacionales hagan nuestro trabajo.
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