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Los efectos del caso Odebrecht se siguen sintiendo en el país, y la justicia por fin parece estar llegando a los niveles más altos de la cadena de responsabilidades. La captura para indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia del congresista cordobés Bernardo el Ñoño Elías es la oportunidad para seguir entendiendo cómo es posible que la multinacional brasileña fuese tan exitosa en sus intereses corruptos. Además, los reflectores ahora se posan sobre todas las fuerzas políticas que en antaño aprovecharon el caudal electoral de los ñoños y ahora los observan con desprecio. ¿Son ineludibles la hipocresía y la falta de responsabilidades en la cultura política colombiana?
Elías fue capturado porque Otto Bula, uno de los primeros involucrados en todo el tema de la multinacional brasileña, aseguró que le entregó al menos $480 millones al Ñoño para que moviera influencias en el Senado y se aprobara la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra sin licitación, con el cual Odebrecht ganó $670.000 millones más. Este es sólo uno de los multimillonarios sobornos que la Fiscalía ha identificado provenientes de los brasileños y cuyos efectos apenas se están empezando a sentir en las altas esferas del poder.
Celebramos y apoyamos la labor de la justicia, la cual debe seguir desenmascarando a todos los involucrados en la cadena de corrupción. Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cómo fue el diálogo de los congresistas con los funcionarios involucrados en la concesión del contrato? ¿De qué manera consiguieron que en efecto se adjudicara el contrato justo como pretendía Odebrecht? ¿De verdad nadie se dio cuenta de todo el dinero que se estaba moviendo por debajo de cuerda?
Sobre eso último, por cierto, deberían también centrarse las autoridades: no basta con que los implicados paguen unos años de cárcel si se prueba su responsabilidad, sino que sus fortunas malhabidas no pueden estar esperándolos al salir. Si no se confiscan esos dineros, se estaría creando un incentivo perverso para delinquir, pues los montos son tan altos que alguien correría el riesgo de pasar unos años en la cárcel a cambio de salir con su futuro financiero más que asegurado.
Más allá del caso particular, la manera en que los políticos colombianos han reaccionado a la captura del Ñoño Elías deja en evidencia la hipocresía que predomina en el país.
Fue extraño, por ejemplo, que la exdirectora del ICBF Cristina Plazas se despidiera de la institución diciendo que Elías la había saqueado durante 14 años. ¿Hace cuánto tenía esa información y por qué no la había difundido ante la opinión pública? ¿Acaso el silencio tuvo algo que ver con el rol fundamental que el congresista ha cumplido dentro de la coalición de Gobierno y del Partido de la U, el mismo del presidente Juan Manuel Santos? ¿Basta que en el Gobierno digan que ellos no tenían manera de saber que uno de sus principales electores, clave en las campañas de reelección y en el plebiscito, tenía lazos corruptos? ¿No eran acaso suficientes los rumores a gritos y los múltiples problemas que se conocían y se siguen conociendo sobre el manejo del poder en Córdoba?
Lo preocupante es que este es un patrón demasiado conocido en Colombia: cuando surgen barones electorales capaces de movilizar números abrumadores de votos, se pactan alianzas sin hacer muchas preguntas y se ignoran los rumores hasta que la justicia interviene. Después, todos se lavan las manos, lamentan lo deplorable de la situación de su examigo y parten a buscar al próximo gran elector. ¿Qué clase de país construyen de esta manera los líderes políticos nacionales?
Estamos en un punto de inflexión histórico, pues la olla destapada de Odebrecht promete dar un mapa con nombres propios del saqueo al país. Si la justicia sigue haciendo su valiente labor, los colombianos tendrán, en las próximas elecciones, los conocimientos necesarios para castigar la complicidad con la corrupción. Parece ser que esa es la única manera de que los líderes entiendan su responsabilidad.
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