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La prestigiosa universidad de Harvard demandó al Gobierno de Estados Unidos por una arbitrariedad del presidente Donald Trump. Una más. Ahora, dirigida a limitar la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento. La Casa Blanca retiró de forma ilegal financiación ya asignada a Harvard y la amenazó con quitarle todo el apoyo federal si no permitía un grado de intervención que equivale, en la práctica, a perder su autonomía. Ha sido increíble y pasmoso ver cómo tantas instituciones en el país del norte aceptan con pasividad los avances autoritarios del gobierno de Trump, por lo que es refrescante ver a una universidad de tal importancia responder con vehemencia. Solo así la democracia y las libertades podrán protegerse.
A la Casa Blanca no le gustan las universidades de su país. Argumenta que se convirtieron en recintos de difusión de ideas y activismo de izquierda que alimentan la llamada cultura woke. Para la muestra, una declaración reciente del presidente Trump: “Harvard es una institución antisemita y de extrema izquierda, al igual que muchas otras, donde se aceptan estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país”. Si eso suena a estigmatización y persecución política digna de los regímenes autoritarios, bueno... el río suena.
Por todo esto, la administración envió una carta al rector de Harvard, Alan Garber, exigiendo un cambio total en su forma de admisión de estudiantes que da un trato especial a las minorías, así como reformas en su gestión educativa. La excusa fue la de las protestas contra Israel por la situación en Gaza, que consideraron una manifestación inaceptable de antisemitismo que afectaba la seguridad de los estudiantes judíos. Pero la realidad es que el Gobierno rechaza los programas de inclusión, igualdad y diversidad, porque alientan el ingreso de personas sin las calidades requeridas, en contra de la población blanca y cristiana. En la misiva también se le exigía a la rectoría no reconocer una serie de asociaciones de alumnos, realizar una supervisión que garantizara mayor diversidad de opiniones y que contratara a profesores y admitieran alumnos de ideologías menos representadas. También se vetará la admisión de estudiantes internacionales “hostiles a los valores estadounidenses”.
Dado que el rector Garber rechazó de plano las exigencias, el Gobierno retiró temporalmente más de US$2.200 millones de aportes federales para proyectos de investigación y canceló el beneficio de exención del impuesto federal sobre la renta, que cobija a la mayoría de las universidades. En respuesta, Harvard demandó. Cualquier juzgado razonable le dará la razón al centro educativo. Otras universidades de prestigio, como Stanford y Yale, han expresado su solidaridad con Harvard y están preparadas para enfrentar legalmente situaciones similares. Steven Levitsky, uno de los académicos más destacados de Harvard, judío y experto en temas de democracia, promovió una carta de 800 colegas de la universidad solicitando al rector que defendiera el claustro: “Esto forma parte de un asalto autoritario contra las instituciones de nuestro país. En las democracias, las universidades no son atacadas por el Gobierno”. Tiene toda la razón.
Que el antisemitismo es inaceptable y se debe combatir no tiene discusión. Pero es inaceptable utilizar el antisemitismo para beneficio político e ideológico del actual Gobierno, cuando los motivos reales son otros. Se debe hacer respetar la autonomía universitaria ante las arbitrariedades gubernamentales, y que las instituciones le demuestren al presidente Trump que no se harán a un costado en su búsqueda por aumentar su poder.
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