La chatarrización y el lío del transporte

Sigue siendo costumbre para los acusados de crímenes en el país utilizar cortinas de humo para distraer la atención del centro del asunto. Un caso reciente demuestra que no sólo es práctica de políticos: ante la captura de 20 personas presuntamente relacionadas con un cartel de la chatarra utilizado para defraudar al Estado y monopolizar el transporte de carga en el país, que involucra a varios líderes que fomentaron el paro camionero del año pasado, la respuesta de los gremios del sector fue sugerir que se trataba de una retaliación por esa dura pugna que se dio entre el Gobierno y los transportadores, e incluso se llegó a afirmar que se buscaba distraer del escándalo de Odebrecht. Los hechos dados a conocer por la Fiscalía, no obstante, proponen una versión muy distinta y mucho más razonable.

Entre los capturados esta semana por la Fiscalía se encuentran líderes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), así como funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte. Pedro Aguilar, máximo líder de la ACC y uno de los principales promotores del paro camionero de los últimos años, y Alfonso Medrano, segundo al mando del gremio y máximo líder en Boyacá, están entre los procesados. Aguilar fue quien insinuó que se trataba de una cortina de humo para distraer al país del tema de Odebrecht, y argumentó que “todo es un montaje con falsos testigos que están presos y simplemente consiguieron falsos testigos”.

En efecto, uno de los principales testigos está preso, pero por haber confesado los hechos en cuestión. Andrés Villegas, quien por años fue mano derecha de Pedro Aguilar cuando era el vicepresidente de la ACC en el Valle del Cauca, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el cartel de la chatarrización y ha colaborado de manera extensa con la Fiscalía. Deslegitimar este testimonio sin entrar al fondo de las acusaciones no es una manera válida de defenderse, y menos cuando el tema es tan grave. Argumentar una retaliación por el paro camionero tampoco tiene mucho sentido, pues desde hace varios años son abundantes las denuncias que pedían estudiar con lupa el manejo del transporte de carga en Colombia.

Los hechos investigados por la Fiscalía no son un asunto menor. Al parecer se trató de una alianza entre funcionarios (policías, secretarios de Transporte y miembros del Ministerio), particulares y líderes camioneros para inscribir de manera irregular matrículas de camiones y falsificar documentos y estampillas del Ministerio de Transporte para que carros de basura, camiones pequeños, volquetas y buses fueran convertidos en tractomulas chatarra. Según el ente investigador, el negocio dejaba entre $35 millones y $80 millones por vehículo chatarrizado. En total, la Fiscalía cree que unos 12.000 vehículos fueron chatarrizados ilegalmente, al punto que estima que el desfalco fue por $600.000 millones.

Como si fuera poco, también se cree que los cupos que se abrían ilegalmente por la chatarrización de vehículos que no eran camiones eran vendidos para matricular hasta dos tractomulas nuevas. Eso, afirma el Gobierno, generó una sobreoferta de transporte de carga en Colombia. El encargado de estas maniobras era, presuntamente, Luis Fernando Delgado Cardona, funcionario del Ministerio de Transporte en Antioquia, “quien exigía dinero a los propietarios de los vehículos para renovarles los cupos, a pesar de que no reunían los requisitos”, según dijo el ente investigador.

La Fiscalía tiene suficientes indicios para creer que este cartel era una práctica generalizada en todo el país que, además de robarse dinero de todos los colombianos, generó un monopolio en el transporte de carga que es una de las raíces de sus problemas irresueltos. Esto, no sobra decirlo, es otra forma de corrupción que tiene que ser erradicada para construir una nueva Colombia. Esperamos que la Fiscalía logre llevar a buen puerto todos los procesos iniciados y que estos descubrimientos sirvan para que los intereses de los camioneros puedan atenderse sin que medien objetivos perversos de algunos líderes.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Sigue siendo costumbre para los acusados de crímenes en el país utilizar cortinas de humo para distraer la atención del centro del asunto. Un caso reciente demuestra que no sólo es práctica de políticos: ante la captura de 20 personas presuntamente relacionadas con un cartel de la chatarra utilizado para defraudar al Estado y monopolizar el transporte de carga en el país, que involucra a varios líderes que fomentaron el paro camionero del año pasado, la respuesta de los gremios del sector fue sugerir que se trataba de una retaliación por esa dura pugna que se dio entre el Gobierno y los transportadores, e incluso se llegó a afirmar que se buscaba distraer del escándalo de Odebrecht. Los hechos dados a conocer por la Fiscalía, no obstante, proponen una versión muy distinta y mucho más razonable.

Entre los capturados esta semana por la Fiscalía se encuentran líderes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), así como funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte. Pedro Aguilar, máximo líder de la ACC y uno de los principales promotores del paro camionero de los últimos años, y Alfonso Medrano, segundo al mando del gremio y máximo líder en Boyacá, están entre los procesados. Aguilar fue quien insinuó que se trataba de una cortina de humo para distraer al país del tema de Odebrecht, y argumentó que “todo es un montaje con falsos testigos que están presos y simplemente consiguieron falsos testigos”.

En efecto, uno de los principales testigos está preso, pero por haber confesado los hechos en cuestión. Andrés Villegas, quien por años fue mano derecha de Pedro Aguilar cuando era el vicepresidente de la ACC en el Valle del Cauca, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el cartel de la chatarrización y ha colaborado de manera extensa con la Fiscalía. Deslegitimar este testimonio sin entrar al fondo de las acusaciones no es una manera válida de defenderse, y menos cuando el tema es tan grave. Argumentar una retaliación por el paro camionero tampoco tiene mucho sentido, pues desde hace varios años son abundantes las denuncias que pedían estudiar con lupa el manejo del transporte de carga en Colombia.

Los hechos investigados por la Fiscalía no son un asunto menor. Al parecer se trató de una alianza entre funcionarios (policías, secretarios de Transporte y miembros del Ministerio), particulares y líderes camioneros para inscribir de manera irregular matrículas de camiones y falsificar documentos y estampillas del Ministerio de Transporte para que carros de basura, camiones pequeños, volquetas y buses fueran convertidos en tractomulas chatarra. Según el ente investigador, el negocio dejaba entre $35 millones y $80 millones por vehículo chatarrizado. En total, la Fiscalía cree que unos 12.000 vehículos fueron chatarrizados ilegalmente, al punto que estima que el desfalco fue por $600.000 millones.

Como si fuera poco, también se cree que los cupos que se abrían ilegalmente por la chatarrización de vehículos que no eran camiones eran vendidos para matricular hasta dos tractomulas nuevas. Eso, afirma el Gobierno, generó una sobreoferta de transporte de carga en Colombia. El encargado de estas maniobras era, presuntamente, Luis Fernando Delgado Cardona, funcionario del Ministerio de Transporte en Antioquia, “quien exigía dinero a los propietarios de los vehículos para renovarles los cupos, a pesar de que no reunían los requisitos”, según dijo el ente investigador.

La Fiscalía tiene suficientes indicios para creer que este cartel era una práctica generalizada en todo el país que, además de robarse dinero de todos los colombianos, generó un monopolio en el transporte de carga que es una de las raíces de sus problemas irresueltos. Esto, no sobra decirlo, es otra forma de corrupción que tiene que ser erradicada para construir una nueva Colombia. Esperamos que la Fiscalía logre llevar a buen puerto todos los procesos iniciados y que estos descubrimientos sirvan para que los intereses de los camioneros puedan atenderse sin que medien objetivos perversos de algunos líderes.

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