La Colombia de los panfletos

La historia reciente de los volantes que circulan por doquier, firmados por diversos grupos, en su mayoría considerados bandas armadas criminales (Bacrim) por el Gobierno, es prácticamente desconocida. Y mucho peor: subvalorada.

El Espectador, en repetidas oportunidades, ha hecho pública la existencia de algunos de estos panfletos. Reseñamos su aparición en el municipio de Tierralta, en el Alto Sinú. Dirigidas exclusivamente a prostitutas, ladrones y homosexuales, las amenazas sembraron el pánico en una zona en la que, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la guerra continuó con nuevos y peores asesinatos. En la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, también circularon con el mensaje de que “los niños buenos se acuestan a las 8, los demás los acostamos nosotros”. En Cúcuta se han visto y se sabe incluso de su presencia en la frontera con Venezuela, en el vecino Estado de Táchira.

Los panfletos han hecho presencia en el Bajo Cauca antioqueño. En el Urabá antioqueño condujeron a un paro después de que, firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), mensajes escritos reivindicaran que la guerrilla habría vuelto a la zona. Las amenazas, la orden de cerrar los establecimientos y el llamado al toque de queda se extendieron al sur de Córdoba. En el barrio Nelson Mandela, en la ciudad de Cartagena, una lista con el nombre de 25 jóvenes sembró el miedo entre las madres, una de las cuales ya fue asesinada.

Y los ejemplos continúan, en el mismo lenguaje soez pero con algunas diferencias en los individuos que por sus supuestas actividades laborales, inclinaciones sexuales, ocupaciones ilegales y hábitos son señalados de indeseables. Sujetos que “contaminan” y son merecedores entonces  de una  “limpieza social”.

Establecer relaciones directas entre un panfleto y otro, si las hay, sigue siendo un camino inexplorado que ojalá las autoridades, reacias a aceptar el marcado acento político con que algunos de los mensajes se proponen ejercer el control en diversas zonas, decidan transitar lo más pronto posible. No puede ser casual que trabajadores sociales, homosexuales, drogadictos, prostitutas y ladrones sean, de un momento para otro, objeto de persecuciones y hostigamientos, en tantas y tan diversas zonas del país, de parte de “bandas delincuenciales”.

Y sin embargo, en los casos destacados y en el más reciente del barrio Lisboa, en la localidad de Suba en Bogotá, las autoridades insisten en sus propias hipótesis. Ante los panfletos que llaman al toque de queda y el fin de los drogadictos, el general Rodolfo Palomino indicó en 2008, cuando se supo de anteriores intimidaciones, que se detectaron “sujetos que tomando logos quieren amedrentar a la comunidad y se disputan el escenario de la comercialización de drogas”. Y aunque nadie duda de que en más de una ocasión el temor que infunde un panfleto es herramienta útil para acciones delictivas de todo tipo, negar en este punto la existencia de organizaciones armadas ilegales que ejercen un control paralelo al estatal no parece muy convincente.

La historia reciente de los volantes que circulan por doquier, firmados por diversos grupos, en su mayoría considerados bandas armadas criminales (Bacrim) por el Gobierno, es prácticamente desconocida. Y mucho peor: subvalorada.

El Espectador, en repetidas oportunidades, ha hecho pública la existencia de algunos de estos panfletos. Reseñamos su aparición en el municipio de Tierralta, en el Alto Sinú. Dirigidas exclusivamente a prostitutas, ladrones y homosexuales, las amenazas sembraron el pánico en una zona en la que, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la guerra continuó con nuevos y peores asesinatos. En la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, también circularon con el mensaje de que “los niños buenos se acuestan a las 8, los demás los acostamos nosotros”. En Cúcuta se han visto y se sabe incluso de su presencia en la frontera con Venezuela, en el vecino Estado de Táchira.

Los panfletos han hecho presencia en el Bajo Cauca antioqueño. En el Urabá antioqueño condujeron a un paro después de que, firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), mensajes escritos reivindicaran que la guerrilla habría vuelto a la zona. Las amenazas, la orden de cerrar los establecimientos y el llamado al toque de queda se extendieron al sur de Córdoba. En el barrio Nelson Mandela, en la ciudad de Cartagena, una lista con el nombre de 25 jóvenes sembró el miedo entre las madres, una de las cuales ya fue asesinada.

Y los ejemplos continúan, en el mismo lenguaje soez pero con algunas diferencias en los individuos que por sus supuestas actividades laborales, inclinaciones sexuales, ocupaciones ilegales y hábitos son señalados de indeseables. Sujetos que “contaminan” y son merecedores entonces  de una  “limpieza social”.

Establecer relaciones directas entre un panfleto y otro, si las hay, sigue siendo un camino inexplorado que ojalá las autoridades, reacias a aceptar el marcado acento político con que algunos de los mensajes se proponen ejercer el control en diversas zonas, decidan transitar lo más pronto posible. No puede ser casual que trabajadores sociales, homosexuales, drogadictos, prostitutas y ladrones sean, de un momento para otro, objeto de persecuciones y hostigamientos, en tantas y tan diversas zonas del país, de parte de “bandas delincuenciales”.

Y sin embargo, en los casos destacados y en el más reciente del barrio Lisboa, en la localidad de Suba en Bogotá, las autoridades insisten en sus propias hipótesis. Ante los panfletos que llaman al toque de queda y el fin de los drogadictos, el general Rodolfo Palomino indicó en 2008, cuando se supo de anteriores intimidaciones, que se detectaron “sujetos que tomando logos quieren amedrentar a la comunidad y se disputan el escenario de la comercialización de drogas”. Y aunque nadie duda de que en más de una ocasión el temor que infunde un panfleto es herramienta útil para acciones delictivas de todo tipo, negar en este punto la existencia de organizaciones armadas ilegales que ejercen un control paralelo al estatal no parece muy convincente.