La Contraloría sentó un precedente problemático en su decisión sobre Hidroituango. Ya sabíamos cuál sería la decisión. Incluso en El Espectador, en una réplica a un editorial, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, vicecontralor general de la República, escribió que se estaba “privilegiando el interés general representado en los recursos públicos que se configuran como daño fiscal”. Era claro, entonces, que habría condenas poderosas contra personas jurídicas y naturales por el desastre en la hidroeléctrica. Las más de 2.000 páginas del fallo, sin embargo, no ayudan a disipar las preguntas sobre una persecución política.
En su respuesta al editorial de El Espectador, el vicecontralor dijo que “no es cierto que la institución cuente con un alto grado de discrecionalidad (...) Las funciones y atribuciones del órgano de control están regladas constitucional y legalmente, y se sujetan a controles que garantizan su juridicidad”. Aunque la ley reglamente los momentos de intervención de la Contraloría, las definiciones siguen siendo lo suficientemente amplias como para permitir discrecionalidad. En el caso de Hidroituango, hemos visto cómo se han utilizado las atribuciones del control fiscal para tomar una mala decisión.
Hidroituango despierta pasiones. Tiene sentido. Se trata de una de las inversiones más grandes del país, construida por varias de las empresas más icónicas de la nación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad energética de Colombia. La tragedia que llevó al supuesto detrimento patrimonial fue, además, un momento que capturó la atención de los colombianos. Todo, mediado por una justa indignación: ¿hubo, acaso, incompetencia y malas prácticas que llevaron a tener que tomar decisiones difíciles?
Es allí donde la Contraloría decidió intervenir. Por eso volvemos a la réplica del vicecontralor, porque demuestra la actitud de los funcionarios del ente de control fiscal. Su posición es que están resguardando los recursos de los colombianos. Pero lo que parece que han logrado es tomar un hecho fortuito para provocar que cualquier persona que quiera ejercer cargos públicos en Colombia sienta que hay una injusta espada de Damocles colgando sobre ellos.
Tal vez Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y competencia de Sergio Fajardo en esta contienda presidencial, resumió mejor la posición del sentido común: “Reitero mi convicción de que Sergio Fajardo hizo lo que cualquier alcalde honesto y responsable hubiera hecho: lo que sus expertos le recomendaron”. Allí yace la raíz del problema. Que un alcalde o gobernador haga todo lo que debe y aun así pueda ser condenado por billones de pesos es un precedente dañino para la democracia.
Ahora le corresponde al Consejo de Estado la intervención, que debería ser prioritaria. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haría bien en ponerle un ojo a lo que ocurre, dadas las sospechas de intervención en política. No solo por el destino político de un candidato particular, sino por la institucionalidad colombiana y la gobernabilidad de todos los entes territoriales. Por salvaguardar los recursos de los colombianos, la Contraloría puede haber obstaculizado los proyectos de inversión en todo el país.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La Contraloría sentó un precedente problemático en su decisión sobre Hidroituango. Ya sabíamos cuál sería la decisión. Incluso en El Espectador, en una réplica a un editorial, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, vicecontralor general de la República, escribió que se estaba “privilegiando el interés general representado en los recursos públicos que se configuran como daño fiscal”. Era claro, entonces, que habría condenas poderosas contra personas jurídicas y naturales por el desastre en la hidroeléctrica. Las más de 2.000 páginas del fallo, sin embargo, no ayudan a disipar las preguntas sobre una persecución política.
En su respuesta al editorial de El Espectador, el vicecontralor dijo que “no es cierto que la institución cuente con un alto grado de discrecionalidad (...) Las funciones y atribuciones del órgano de control están regladas constitucional y legalmente, y se sujetan a controles que garantizan su juridicidad”. Aunque la ley reglamente los momentos de intervención de la Contraloría, las definiciones siguen siendo lo suficientemente amplias como para permitir discrecionalidad. En el caso de Hidroituango, hemos visto cómo se han utilizado las atribuciones del control fiscal para tomar una mala decisión.
Hidroituango despierta pasiones. Tiene sentido. Se trata de una de las inversiones más grandes del país, construida por varias de las empresas más icónicas de la nación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad energética de Colombia. La tragedia que llevó al supuesto detrimento patrimonial fue, además, un momento que capturó la atención de los colombianos. Todo, mediado por una justa indignación: ¿hubo, acaso, incompetencia y malas prácticas que llevaron a tener que tomar decisiones difíciles?
Es allí donde la Contraloría decidió intervenir. Por eso volvemos a la réplica del vicecontralor, porque demuestra la actitud de los funcionarios del ente de control fiscal. Su posición es que están resguardando los recursos de los colombianos. Pero lo que parece que han logrado es tomar un hecho fortuito para provocar que cualquier persona que quiera ejercer cargos públicos en Colombia sienta que hay una injusta espada de Damocles colgando sobre ellos.
Tal vez Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y competencia de Sergio Fajardo en esta contienda presidencial, resumió mejor la posición del sentido común: “Reitero mi convicción de que Sergio Fajardo hizo lo que cualquier alcalde honesto y responsable hubiera hecho: lo que sus expertos le recomendaron”. Allí yace la raíz del problema. Que un alcalde o gobernador haga todo lo que debe y aun así pueda ser condenado por billones de pesos es un precedente dañino para la democracia.
Ahora le corresponde al Consejo de Estado la intervención, que debería ser prioritaria. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haría bien en ponerle un ojo a lo que ocurre, dadas las sospechas de intervención en política. No solo por el destino político de un candidato particular, sino por la institucionalidad colombiana y la gobernabilidad de todos los entes territoriales. Por salvaguardar los recursos de los colombianos, la Contraloría puede haber obstaculizado los proyectos de inversión en todo el país.
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