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Que la Corte Constitucional haya tenido que declarar “urgencia nacional” para evaluar la suspensión parcial de la Ley de Garantías muestra que el Congreso y el gobierno de Iván Duque debieron ser más cautelosos en la apresurada medida. A un mes de que los colombianos vayan a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso que se posesionará el 20 de julio, el país no debería estar enmarcado en la zozobra de no conocer el destino final de una normativa clave para la lucha contra la corrupción.
Hizo bien la Corte, en todo caso. Por supuesto que se trata de una urgencia nacional. Como muchos expertos han dicho, incluidos varios columnistas de El Espectador, utilizar la Ley de Presupuesto Nacional para modificar la norma estatutaria que estableció la Ley de Garantías despierta suspicacias. Las reglas formales existen con un propósito: garantizar que el capricho de los gobernantes de turno no sea el único criterio para hacer modificaciones estructurales. En el desbarajuste institucional que creó Álvaro Uribe con su obsesión por reelegirse, la Ley de Garantías se creó como un compromiso con los opositores políticos de que las chequeras oficiales no se usarían para hacer campaña política. Incluso con la desaparición de la reelección, se trata de una importante medida que ayuda al proceso democrático a tener más transparencia.
Sin embargo, el Congreso y el Gobierno insistieron. Se dijo que se hacía para la reactivación económica, que era necesario por los años de pandemia, que el país no necesita la Ley de Garantías cuando no hay reelección presidencial. Todos esos argumentos se ven opacados por el hecho de que la modificación se hizo de afán, sin mayor discusión pública y con el claro propósito de liberar los recursos justo mientras estamos en campaña al Congreso y la Presidencia. Cada cuatro años, el país vuelve a hablar de corrupción y compra de votos; este año, la ausencia de la Ley de Garantías ha servido para que haya ataques a la legitimidad de todo el proceso electoral.
Uno de los puntos preocupantes del procedimiento elegido para suspender la Ley de Garantías es que se hizo de tal forma que la Corte Constitucional no podía hacerle control previo, como ocurre cuando se trata de leyes estatutarias. Por fortuna, después de recibir 21 demandas sobre la Ley de Garantías, el alto tribunal decretó “urgencia nacional” para hacer un estudio expedito de la norma. El problema es que ya estamos muy cerca de las elecciones al Congreso como para creer que la decisión llegará a tiempo de evitar los cuestionamientos que plantean los ciudadanos.
Todo esto se pudo evitar, claro. Había una manera de dar el debate con tiempo, creando consenso político y evaluando las alternativas del desmonte. Pero el Congreso y el Gobierno prefirieron el desgaste del prestigio institucional con un procedimiento apresurado. Ahora la Corte Constitucional es la llamada a ordenar la casa, como suele ocurrir, pero esto no debería haber pasado.
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