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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la oportunidad de bajar la tensión nacional eligiendo este jueves una nueva fiscal general de la Nación. Ha tenido su tiempo para deliberar, avaló a tres candidatas que cumplen con los requisitos y tiene la competencia para hacerlo; por supuesto, desde su autonomía y libertad de elección. Es cierto que si no lo hace, estará en todo su derecho, por más fuego retórico le lancen desde las calles, la Casa de Nariño o el Congreso para presionarla. Sin embargo, ante la irresponsabilidad de los actores políticos, los magistrados pueden optar por demostrar su estatura moral y ahorrarle al país más divisiones. Lo que es claro es que nunca debimos llegar a este punto.
Las marchas convocadas para el jueves frente al Palacio de Justicia son un burdo acto de presión contra la independencia judicial. Al cierre de esta edición, han confirmado que se tomarán las calles la Federación Colombiana de Educadores, los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el sistema de medios públicos RTVC y organizaciones indígenas del país. El motivo es claro: buscar que la CSJ tome una decisión sobre la próxima fiscal. Lo mismo ha hecho el Gobierno Nacional. Desde el presidente de la República, Gustavo Petro, para abajo, funcionarios de alto nivel y miembros del Pacto Histórico han presionado para que no se le dé más largas a la interinidad de la Fiscalía. En el proceso, lo único que demuestran es desdén por la autonomía de la Corte, que históricamente se ha tomado su tiempo para decidir e incluso ha llegado a devolver ternas que no considera idóneas. Esa, de nuevo, es su potestad y no tiene por qué cargar con las presiones del Ejecutivo.
Ahora, la situación ha terminado de enrarecerse gracias a una peligrosa gestión por parte del todavía fiscal general, Francisco Barbosa. Su clara campaña política ha desdibujado el rol de la Fiscalía, afectado la legitimidad de las instituciones y mostrado que la vanidad es un obstáculo para la construcción de un país democrático. A pesar de autoproclamarse defensor de la división de poderes, su pugna frontal con el presidente Petro ha generado fuertes tensiones en el país. En la Casa de Nariño ya hablan de intento de golpe de Estado y quiebre institucional por la actitud del fiscal Barbosa. Su insistencia en proteger a un personaje tan cuestionado como la vicefiscal Martha Mancera y en buscar su continuidad como fiscal encargada demuestra poco interés desde el búnker por propiciar la tranquilidad de Colombia.
Lo que estamos viendo en las calles, el Gobierno y la Fiscalía es una pelea política por ver quién se impone. La democracia no está en juego ni hay un golpe de Estado contra el presidente en curso, pero sí hay dudas sobre la legitimidad de la administración actual en la Fiscalía, que deben ser tenidas en cuenta durante las deliberaciones de los magistrados. Si estos tienen suficiente ilustración sobre las candidatas, la elección pronta de nueva fiscal ayudaría a desarmar la crisis institucional en que estamos, que dará señales de empeorar si no comienzan a abrirse válvulas de escape desde la misma institucionalidad. No es un incentivo menor.
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