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Los argumentos que se están viendo en Estados Unidos contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos tienen ruidosos ecos en el debate público colombiano. La seguidilla de leyes que en el país del norte han limitado el acceso a interrupciones voluntarias de embarazos se asemejan a los intentos recientes de varios congresistas de nuestro país por influenciar a la Corte Constitucional para que altere su jurisprudencia al respecto. Si estos intentos triunfan, el resultado será nefasto para la salud y el bienestar de las mujeres, así como una vulneración de sus derechos fundamentales.
Desde que Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos, y tuvo la oportunidad de nombrar a dos jueces nuevos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el movimiento antiderechos de las mujeres se ha visto revitalizado. Solo este año, en distintos estados, se han presentado 30 iniciativas legislativas que limitan el acceso al aborto e incluso llegan a criminalizar a las mujeres que interrumpan sus embarazos. La esperanza es que estas normas sean demandadas, lleguen a la CSJ y la mayoría conservadora modifique su jurisprudencia que durante 40 años ha protegido el derecho al aborto en ese país.
Como reporta The New York Times, la agenda legislativa antimujeres ha sido incansable. En abril, Indiana prohibió el tipo más común de abortos, de segundo trimestre, en ese estado. A los pocos días, Ohio prohibió el aborto en las primeras semanas del embarazo si se ha detectado un “latido del corazón” del feto. Esta semana, Alabama no solo prohibió todos los tipos de aborto, sin ningún tipo de excepción, sino que además lo criminalizó: los doctores que realicen interrupciones voluntarias de embarazos podrán pagar hasta 99 años de cárcel.
Estas normas son problemáticas por varios motivos. Prohibir los abortos a partir de seis semanas, por ejemplo, es en la práctica eliminar la abrumadora mayoría de procedimientos, pues es en esa época cuando las mujeres suelen percatarse de que están embarazadas. Censurar las interrupciones tardías en el embarazo es condenar los casos más complejos, que usualmente involucran riesgos para la salud de las mujeres involucradas. Hablar del “latido del corazón” es, antes que un término técnico, adoptar una estrategia publicitaria cruel que busca manipular a las mujeres y que desdibuja cualquier debate serio que se quiera dar sobre el tema. La ley de Alabama ni siquiera permite interrumpir embarazos producto de incesto o violaciones.
La falta de rigurosidad abunda en este debate. Hace poco, Donald Trump dijo que los abortos tardíos consisten en mujeres que dan a luz y luego se reúnen con sus doctores para decidir “ejecutar al niño”. Como mucho de lo que hace el presidente estadounidense, esa declaración sería risible si no tuviese consecuencias tan perversas.
Aunque ninguna de las leyes mencionadas podrán entrar en efecto hasta que la Corte Suprema falle sobre ellas, muchas mujeres en todo Estados Unidos han contado la desazón que sienten por lo ocurrido. Cuando el oscurantismo triunfa, el temor se expande como fuego.
Como dijimos, Colombia no está muy lejos de esta situación. Las estrategias de los movimientos antiderechos estadounidenses son replicadas por los colombianos. Hace un mes, varios congresistas, incluyendo a María del Rosario Guerra, Alejandro Ramírez, Paola Holguín y Paloma Valencia, presentaron una solicitud de nulidad sobre la sentencia de la Corte Constitucional que no permitió limitaciones al aborto según el número de semanas del embarazo. El objetivo es debilitar la jurisprudencia para introducir proyectos de ley similares a los que venimos discutiendo. No podemos permitir ese ataque contra las mujeres de nuestro país.
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