La salida de Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es un ejemplo de lo que todo servidor público debería hacer cuando hay denuncias elaboradas en su contra que tienen eco en la Fiscalía General de la Nación. No se trata de aceptar culpabilidad de antemano, y González fue claro en decir que su “inocencia es irrefutable”, pero sí de reconocer que un acto público exige un comportamiento moral ejemplar y no abusar de la posición de poder. Con su partida, aceptada por el presidente de la República, Gustavo Petro, queda pendiente la suerte de los congresistas mencionados en las confesiones conocidas por la opinión pública y del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La Fiscalía destapó en audiencia de imputación las cartas que tiene contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Más allá de lo que ya conocíamos por las múltiples declaraciones de los involucrados en medios y por las filtraciones que publicó Noticias Caracol, lo más llamativo fue que la Fiscalía corroboró muchas de las declaraciones más escandalosas. El ente investigador hizo un trabajo juicioso que buscó evidencias a partir de los testimonios que pudieran dar cuenta de cómo operaron los sobornos. En su teoría del caso están involucrados el mencionado González, quien habría direccionado el pago de sobornos a Iván Name y Andrés Calle en el Congreso; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, por presionar sobre contratos para emergencias inexistentes, y una lista de por lo menos ocho congresistas que se habrían favorecido de todo el entramado.
Tenemos que enfatizar en la gravedad de lo puesto sobre la mesa: la Fiscalía considera como parte fundamental de su teoría del caso que hubo presión desde el Gobierno nacional para influenciar el Congreso de la República. Son hechos que manchan la función pública y tienen sentido en el marco de lo que se ha dado a conocer. Es extraño que sobornos de la magnitud que han confesado López y Pinilla ocurran por obra y gracia del Espíritu Santo, sin que haya detrás un determinador. El motivo político luce claro, por lo que es fundamental que haya claridad de lo que ocurrió.
Empero, nada está probado en juicio. La Corte Suprema de Justicia mantiene todavía silencio sobre los avances de su investigación en contra de los aforados. Tanto González como Bonilla, por mencionar a los funcionarios del Gobierno, han negado cualquier acto delincuencial. Tienen derecho a la debida defensa y a la presunción de inocencia, principios básicos de nuestro Estado de derecho. La discusión no es, entonces, de culpabilidad —eso les corresponde a los tribunales—, sino de idoneidad. La legitimidad del Estado y sus instituciones se ve afectada cuando sus representantes tienen investigaciones abiertas.
El mismo presidente Petro lo reconoció, de manera acertada, al aceptar la renuncia de González. “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial”, escribió el mandatario. “Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo”. Estamos de acuerdo. Se trata de un gesto que poco ocurre en Colombia. El ministro Bonilla, en cambio, dice que no se va porque no se “presta para espectáculos”. Los congresistas mencionados también siguen atrincherados en sus cargos. ¿No será momento para una segunda reflexión?
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