La dosis mínima y el microtráfico

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y los partidarios de reglamentar el derecho a portar una dosis mínima de droga están, lamentablemente, cayendo en el simplismo que tiene estancada la política antidrogas del país. La solución no es endurecer las penas y que las autoridades tengan la capacidad de capturar personas sin tener pruebas suficientes de que están utilizando la droga para comercializarla, llevándose por delante los derechos individuales protegidos por la Constitución. Eso es tener un elefante en la habitación y concentrarse en el color de las paredes.

Aunque varios candidatos al Congreso y a la Presidencia han intentado utilizar la dosis mínima como caballito de batalla retórico en sus campañas, siempre en contra de las libertades individuales, quien finalmente puso el tema en la agenda fue el fiscal Martínez. Argumentando que “necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, el fiscal dijo que las protecciones de la justicia a los consumidores se han convertido en un “escampadero” que ha permitido la libertad de la mitad de los capturados en flagrancia en expendios de droga.

Martínez agregó una ironía muy visual: “Si son 20 papeletas (las incautadas) el malandrín de las drogas dice que son las de la semana; si son 40, que son las de la quincena; si son 80, que son las del mes y si es una tonelada nos dicen que es la del resto de su vida”.

La preocupación del fiscal por combatir el microtráfico para proteger a la infancia y la adolescencia es loable, por supuesto. El problema es que la respuesta adecuada no es más restricción de derechos que, por cierto, ya han sido suficientemente definidos por vía de jurisprudencia.

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de su propia jurisprudencia y en concordancia con los precedentes admirables de la Corte Constitucional, estableció en el 2016 que la dosis mínima de droga es lo que el consumidor necesite. Sin embargo, las mismas decisiones dicen que si se prueba que el porte de las papeletas, sean 20 o la tonelada que menciona el fiscal, tiene fines comerciales, no opera la protección. El problema es que la Policía y la Fiscalía no han podido sustentar en juicios preliminares el objetivo de la venta, por lo que los jueces han preferido proteger el debido proceso de los capturados. La regulación está, lo que ha faltado es una labor más juiciosa de las autoridades.

Dicho eso, de poco va a servir seguir llenando las cárceles por microtráfico. Según cifras de 2016, la Policía capturó a 63.793 personas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto corresponde a un 26 % del total de capturas del año. ¿Estamos ganando la guerra contra las drogas? No, y la derrota estruendosa no es por falta de mano dura.

Lo que Colombia necesita es de una buena vez reformar el sistema de criminalización de las drogas. Fomentar la regulación de la marihuana medicinal y recreativa, construir empresas alrededor de estos sectores de la economía y, ahí sí, con reglas claras y lugares específicos para su distribución y venta, atacar a quienes decidan continuar en el narcotráfico ilegal. No sólo ganaríamos en política criminal, sino en la protección de los derechos de los colombianos. Ese es el elefante en la habitación que los líderes del país parecen decididos a ignorar.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y los partidarios de reglamentar el derecho a portar una dosis mínima de droga están, lamentablemente, cayendo en el simplismo que tiene estancada la política antidrogas del país. La solución no es endurecer las penas y que las autoridades tengan la capacidad de capturar personas sin tener pruebas suficientes de que están utilizando la droga para comercializarla, llevándose por delante los derechos individuales protegidos por la Constitución. Eso es tener un elefante en la habitación y concentrarse en el color de las paredes.

Aunque varios candidatos al Congreso y a la Presidencia han intentado utilizar la dosis mínima como caballito de batalla retórico en sus campañas, siempre en contra de las libertades individuales, quien finalmente puso el tema en la agenda fue el fiscal Martínez. Argumentando que “necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, el fiscal dijo que las protecciones de la justicia a los consumidores se han convertido en un “escampadero” que ha permitido la libertad de la mitad de los capturados en flagrancia en expendios de droga.

Martínez agregó una ironía muy visual: “Si son 20 papeletas (las incautadas) el malandrín de las drogas dice que son las de la semana; si son 40, que son las de la quincena; si son 80, que son las del mes y si es una tonelada nos dicen que es la del resto de su vida”.

La preocupación del fiscal por combatir el microtráfico para proteger a la infancia y la adolescencia es loable, por supuesto. El problema es que la respuesta adecuada no es más restricción de derechos que, por cierto, ya han sido suficientemente definidos por vía de jurisprudencia.

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de su propia jurisprudencia y en concordancia con los precedentes admirables de la Corte Constitucional, estableció en el 2016 que la dosis mínima de droga es lo que el consumidor necesite. Sin embargo, las mismas decisiones dicen que si se prueba que el porte de las papeletas, sean 20 o la tonelada que menciona el fiscal, tiene fines comerciales, no opera la protección. El problema es que la Policía y la Fiscalía no han podido sustentar en juicios preliminares el objetivo de la venta, por lo que los jueces han preferido proteger el debido proceso de los capturados. La regulación está, lo que ha faltado es una labor más juiciosa de las autoridades.

Dicho eso, de poco va a servir seguir llenando las cárceles por microtráfico. Según cifras de 2016, la Policía capturó a 63.793 personas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto corresponde a un 26 % del total de capturas del año. ¿Estamos ganando la guerra contra las drogas? No, y la derrota estruendosa no es por falta de mano dura.

Lo que Colombia necesita es de una buena vez reformar el sistema de criminalización de las drogas. Fomentar la regulación de la marihuana medicinal y recreativa, construir empresas alrededor de estos sectores de la economía y, ahí sí, con reglas claras y lugares específicos para su distribución y venta, atacar a quienes decidan continuar en el narcotráfico ilegal. No sólo ganaríamos en política criminal, sino en la protección de los derechos de los colombianos. Ese es el elefante en la habitación que los líderes del país parecen decididos a ignorar.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.