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Hay una pregunta imperiosa: ¿se insubordinó un sector de la Policía Nacional a las autoridades civiles? Porque si eso ocurrió, como lo viene denunciando con evidencias la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estamos hablando de un pequeño golpe de Estado contra las instituciones democráticas que no se soluciona con un simple ofrecimiento de disculpas. ¿Dio alguien la orden a los policías de disparar y actuar con agresividad el pasado miércoles, jueves y viernes en Bogotá? ¿O acaso hemos llegado a tener un cuerpo armado del Estado que carece de mando sobre sus agentes y está a merced del caos? ¿Por qué, si la alcaldesa López fue clara en dar órdenes de comportamiento, no se siguieron? ¿Qué pasa?
La vida importa. Cada muerto importa. Y los eufemismos no pueden seguir siendo usados para ofender a las víctimas, a sus familias y a los colombianos que han manifestado su indignación. Javier Ordóñez, al parecer, murió a causa de nueve fracturas en el cráneo mientras estaba bajo custodia policial, según un documento conocido por Blu Radio y Caracol Noticias. Antes de su muerte había sido atacado de forma inclemente por dos agentes que ya lo tenían reducido.
A ese caso se sumaron más de una decena de muertos y centenares de heridos. Y sin negar que los violentos civiles hicieron daño y que incluso las acciones contra los CAI y el transporte público mostraban poca espontaneidad, lo más aterrador fue ver a agentes del Estado actuando sin ley contra la ciudadanía. Vimos los videos: policías ocultando su identificación, atacando a periodistas y a gente que grababa, arrastrando a personas, soltando amenazas que no deberían estar en el vocabulario de un agente del Estado. Después del espectáculo deplorable que han dado los miembros de la institución en estos días, ¿no se tomarán medidas más allá de un ofrecimiento de disculpas?
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón “por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros”. Es un gesto importante, pero la vaguedad del testimonio genera angustia. Los colombianos vieron muertos, vieron un aparente asesinato, vieron abusos. Ante eso, el Estado tiene que dar nombres claros de los responsables y tomar medidas vehementes de choque.
Porque esta es una discusión que resulta ya inevitable. Durante muchos años la Policía, pese a los múltiples escándalos, se ha escudado en el discurso de las “manzanas podridas” y la “individualización de los casos”. Pero esa defensa se agotó desde el principio. Es momento de una reforma estructural que cambie la manera en que se hace reclutamiento, en que se entrena a los cadetes, en que se les educa a responder a momentos de crisis. Hay que repensar el uso de las armas, así no sean letales. Hay que pasar la Policía al Ministerio del Interior para desmilitarizarla. Hay que cambiar sus funciones: la Policía hoy responde a una variedad de temas que exceden su competencia lógica. Es momento de delimitar más lo que deben hacer, crear otros mecanismos de intervención (como trabajadores sociales y psicólogos cuando se trata de violencia doméstica, por ejemplo) y que cambie la conversación y la relación con la población.
El presidente de la República, Iván Duque, hizo énfasis en que los colombianos quieren a la Policía Nacional. Si bien es cierto el respeto que existe, también lo es que para muchos se ha convertido en una fuerza que produce desconfianza, que tiene herencias violentas de las cuales no se ha sacudido y que tiene que cambiar. Convocamos al Congreso de la República para que se tome esto en serio y lo priorice. Para garantizar que no haya más “manzanas podridas”, hay que empezar por las semillas de los árboles que las producen.
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