La extraña decisión de la SIC contra la Registraduría
Deja un mal sabor de boca la manera en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene actuando contra funcionarios de la Registraduría. La entidad, dirigida por la alfil del presidente Gustavo Petro, Cielo Rusinque, imputó cargos a nueve funcionarios por no colaborar adecuadamente en compartir información cuando se realizaron inspecciones en marzo de este año. Si son encontrados culpables, las sanciones podrían ser de hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El problema es que esto ocurre en el marco de las presiones de la Casa de Nariño contra la adjudicación de contratos a Thomas Greg & Sons, una empresa que ha competido cumpliendo los requisitos legales.
No es claro que la SIC tenga la potestad de imputar cargos contra funcionarios de la Registraduría. La entidad dice que sí lo puede hacer, pues lo único que está haciendo es velando por la protección de la libre competencia. Lo mismo dice el presidente Petro, quien en su cuenta de X escribió que “la SIC tiene competencia de salvaguardar los datos de los colombianos... ningún dato de colombiano o colombiana puede ser vendido a otras empresas particulares y oscuras. Esa es la ley, y en mi gobierno la ley se cumple”. El temor de Presidencia es que Thomas Greg & Sons, que ha estado ligada a las elecciones colombianas durante más de dos décadas, sea la guardiana de información pública.
Sin embargo, hay huecos en la versión oficial. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que solo el Estado colombiano tiene la potestad de resguardar esos datos. Además, desmintió que las personas imputadas no hayan colaborado con la SIC: “Yo creo todo lo contrario. Los funcionarios respondieron tanto las solicitudes de la Superintendencia, que hasta sus teléfonos celulares personales querían llevarse a las oficinas”. Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) denunció la imputación en términos vehementes: “La citada decisión va claramente en contra de la armonía y coordinación que, conforme a los postulados constitucionales, debe imperar en nuestro país entre las distintas instituciones”. Y agregó: “La desafortunada decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía”.
El presidente ha dicho que un sector de la prensa busca defender los intereses de Thomas Greg & Sons. Este editorial no pretende hacer eso, pero sí reconocer que desde antes de llegar a la Presidencia el mandatario ha mostrado su animadversión contra una empresa que no ha hecho más que competir en el marco de las normas colombianas. Pasó con la adjudicación del contrato de pasaportes, que terminó en el desastre ya conocido. Las denuncias de fraude en el pasado fueron investigadas por organismos independientes que llegaron a la conclusión de que no ocurrió. Entonces, si no hay tachas oficiales en el cumplimiento de su deber, ¿por qué debería ser legal una persecución desde la Presidencia? En ese marco, la actuación de la SIC toma un calibre más allá de simplemente hacer cumplir las normas y se siente como una indebida presión a la entidad garante de nuestras elecciones, la Registraduría. Hay que proteger el equilibrio de poderes, no permitir abusos disfrazados de cruzadas por la protección de los datos de los colombianos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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Deja un mal sabor de boca la manera en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene actuando contra funcionarios de la Registraduría. La entidad, dirigida por la alfil del presidente Gustavo Petro, Cielo Rusinque, imputó cargos a nueve funcionarios por no colaborar adecuadamente en compartir información cuando se realizaron inspecciones en marzo de este año. Si son encontrados culpables, las sanciones podrían ser de hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El problema es que esto ocurre en el marco de las presiones de la Casa de Nariño contra la adjudicación de contratos a Thomas Greg & Sons, una empresa que ha competido cumpliendo los requisitos legales.
No es claro que la SIC tenga la potestad de imputar cargos contra funcionarios de la Registraduría. La entidad dice que sí lo puede hacer, pues lo único que está haciendo es velando por la protección de la libre competencia. Lo mismo dice el presidente Petro, quien en su cuenta de X escribió que “la SIC tiene competencia de salvaguardar los datos de los colombianos... ningún dato de colombiano o colombiana puede ser vendido a otras empresas particulares y oscuras. Esa es la ley, y en mi gobierno la ley se cumple”. El temor de Presidencia es que Thomas Greg & Sons, que ha estado ligada a las elecciones colombianas durante más de dos décadas, sea la guardiana de información pública.
Sin embargo, hay huecos en la versión oficial. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que solo el Estado colombiano tiene la potestad de resguardar esos datos. Además, desmintió que las personas imputadas no hayan colaborado con la SIC: “Yo creo todo lo contrario. Los funcionarios respondieron tanto las solicitudes de la Superintendencia, que hasta sus teléfonos celulares personales querían llevarse a las oficinas”. Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) denunció la imputación en términos vehementes: “La citada decisión va claramente en contra de la armonía y coordinación que, conforme a los postulados constitucionales, debe imperar en nuestro país entre las distintas instituciones”. Y agregó: “La desafortunada decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía”.
El presidente ha dicho que un sector de la prensa busca defender los intereses de Thomas Greg & Sons. Este editorial no pretende hacer eso, pero sí reconocer que desde antes de llegar a la Presidencia el mandatario ha mostrado su animadversión contra una empresa que no ha hecho más que competir en el marco de las normas colombianas. Pasó con la adjudicación del contrato de pasaportes, que terminó en el desastre ya conocido. Las denuncias de fraude en el pasado fueron investigadas por organismos independientes que llegaron a la conclusión de que no ocurrió. Entonces, si no hay tachas oficiales en el cumplimiento de su deber, ¿por qué debería ser legal una persecución desde la Presidencia? En ese marco, la actuación de la SIC toma un calibre más allá de simplemente hacer cumplir las normas y se siente como una indebida presión a la entidad garante de nuestras elecciones, la Registraduría. Hay que proteger el equilibrio de poderes, no permitir abusos disfrazados de cruzadas por la protección de los datos de los colombianos.
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