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                                                                                                                                La extraña decisión de la SIC contra la Registraduría


                                                                                                                                Deja un mal sabor de boca la manera en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene actuando contra funcionarios de la Registraduría. La entidad, dirigida por la alfil del presidente Gustavo Petro, Cielo Rusinque, imputó cargos a nueve funcionarios por no colaborar adecuadamente en compartir información cuando se realizaron inspecciones en marzo de este año. Si son encontrados culpables, las sanciones podrían ser de hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El problema es que esto ocurre en el marco de las presiones de la Casa de Nariño contra la adjudicación de contratos a Thomas Greg & Sons, una empresa que ha competido cumpliendo los requisitos legales.

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El presidente ha dicho que un sector de la prensa busca defender los intereses de Thomas Greg & Sons. Este editorial no pretende hacer eso, pero sí reconocer que desde antes de llegar a la Presidencia el mandatario ha mostrado su animadversión contra una empresa que no ha hecho más que competir en el marco de las normas colombianas. Pasó con la adjudicación del contrato de pasaportes, que terminó en el desastre ya conocido. Las denuncias de fraude en el pasado fueron investigadas por organismos independientes que llegaron a la conclusión de que no ocurrió. Entonces, si no hay tachas oficiales en el cumplimiento de su deber, ¿por qué debería ser legal una persecución desde la Presidencia? En ese marco, la actuación de la SIC toma un calibre más allá de simplemente hacer cumplir las normas y se siente como una indebida presión a la entidad garante de nuestras elecciones, la Registraduría. Hay que proteger el equilibrio de poderes, no permitir abusos disfrazados de cruzadas por la protección de los datos de los colombianos.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Deja un mal sabor de boca la manera en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene actuando contra funcionarios de la Registraduría. La entidad, dirigida por la alfil del presidente Gustavo Petro, Cielo Rusinque, imputó cargos a nueve funcionarios por no colaborar adecuadamente en compartir información cuando se realizaron inspecciones en marzo de este año. Si son encontrados culpables, las sanciones podrían ser de hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. El problema es que esto ocurre en el marco de las presiones de la Casa de Nariño contra la adjudicación de contratos a Thomas Greg & Sons, una empresa que ha competido cumpliendo los requisitos legales.

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El presidente ha dicho que un sector de la prensa busca defender los intereses de Thomas Greg & Sons. Este editorial no pretende hacer eso, pero sí reconocer que desde antes de llegar a la Presidencia el mandatario ha mostrado su animadversión contra una empresa que no ha hecho más que competir en el marco de las normas colombianas. Pasó con la adjudicación del contrato de pasaportes, que terminó en el desastre ya conocido. Las denuncias de fraude en el pasado fueron investigadas por organismos independientes que llegaron a la conclusión de que no ocurrió. Entonces, si no hay tachas oficiales en el cumplimiento de su deber, ¿por qué debería ser legal una persecución desde la Presidencia? En ese marco, la actuación de la SIC toma un calibre más allá de simplemente hacer cumplir las normas y se siente como una indebida presión a la entidad garante de nuestras elecciones, la Registraduría. Hay que proteger el equilibrio de poderes, no permitir abusos disfrazados de cruzadas por la protección de los datos de los colombianos.

                                                                                                                                Read more!
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