Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Después de una reunión el pasado martes del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Gobierno nacional decidió tomar control de la administración de los recursos de La Guajira en lo referente a la salud, educación y agua potable. En total son cerca de $735.000 millones que el Estado gira anualmente para el departamento, de los cuales $513.000 millones son para la educación, $56.000 millones para agua y $216.000 millones de salud. A partir de esta semana, y por lo menos por tres años en un plazo que podrá acortarse o alargarse según se considere, la administración de esos presupuestos estarán en cabeza del Ministerio de Educación, el de Salud y el de Vivienda. No se descarta, además, decretar emergencia social en el departamento, lo que facultaría al Gobierno a intervenir en más rubros del departamento.
Los motivos para un quiebre tan contundente de la descentralización están claros. En salud, por ejemplo, La Guajira no tiene red pública de hospitales certificada y hay deudas acumuladas por $35.000 millones. Además, cuenta el Gobierno, “se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del ciento por ciento. Recursos que deberían financiar jornadas de vacunación se gastan en sillas y papel para oficinas”. En educación, cerca de 15.000 estudiantes todavía no están matriculados. En materia de agua, solo tres de los 15 municipios suministran agua apta para el consumo.
Eso sin hablar de la corrupción. El departamento ha tenido cinco gobernadores en los últimos seis años. Wílmer González Brito, gobernador avalado por el Partido de la U que se había posesionado en el cargo hace apenas cuatro meses, está preso por irregularidades en su gestión. El alcalde de Ríohacha, Freddy Guarín Urrego, también está tras las rejas. Hay evidencia de sobra para hablar de un departamento saqueado donde más de la mitad de la población vive en la pobreza y uno de cada diez menores de edad padece desnutrición crónica. Inaceptable.
Por eso, la promesa del Gobierno, enunciada en la frase del ministro de Hacienda, no es un reto menor. Esperamos que en efecto se empiecen a ver mejores resultados en los indicadores relacionados con los puntos de intervención, y que se justifique esa pérdida de autodeterminación del departamento.
Dicho lo anterior, de nada va a servir un régimen de hierro en el gasto público si no se atacan las raíces de la corrupción. Por mucho tiempo los partidos dominantes de la zona (Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U), e incluso el reelegido Juan Manuel Santos, han estado cómodos siendo complacientes con quienes hoy están siendo procesados. Que sólo hasta ahora haya un repudio tan contundente evidencia que en época electoral la corrupción no era la prioridad de estos partidos. No sobra recordar lo obvio: los políticos no estarían en esos puestos si no hubiesen sido avalados por los partidos políticos. Eso tiene que cambiar. Si no hay una reforma a la manera de hacer las cosas en el departamento, tarde o temprano volveremos a la misma dinámica perversa.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com