El presidente Gustavo Petro y su comitiva de ministros aterrizaron en un departamento que hace años pide a gritos una intervención ambiciosa. La Guajira está en crisis y no es nueva: en 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en la zona, respondiendo a los reclamos de la sociedad civil. Sin embargo, ningún gobierno ha podido lidiar con la corrupción y la falta de políticas públicas eficientes. El foco que el Gobierno nacional decidió poner sobre lo que ocurre es bienvenido, siempre y cuando lleve a tomar acciones concretas y no se preste para abusos de autoridad.
Cualquier aspecto de la vida de las personas en La Guajira puede mirarse con lupa para encontrar una situación trágica. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), 50 menores de cinco años fallecieron por desnutrición allí el año pasado y en lo que va de 2023 ya van 34 muertes por la misma causa, mientras un total de 1.270 niños tuvieron desnutrición. La cobertura del acueducto solo llega al 22 % y hay zonas donde es básicamente imposible tener acceso a ese recurso. No en vano el departamento siempre encabeza la lista de pobreza monetaria, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en una competencia perversa con Chocó por el infame reconocimiento de ser la zona más pobre de Colombia. Esto, a pesar de tratarse de un territorio bien dotado para la generación de energías solar y eólica y que recibe regalías por proyectos extractivos.
Todo está mediado, claro, por la inestabilidad política. Un dato es suficiente para entender la desazón: en 12 años, La Guajira ha tenido 16 gobernadores distintos. La mayoría de los políticos destituidos lo fueron por casos de corrupción con recursos públicos, así como fraudes a la Ley Electoral. La actual gobernadora encargada, Diala Wilches, fue designada después de que Nemesio Roys Garzón saliera del cargo por doble militancia. Entre escándalos y peleas de clanes políticos con nexos cuestionables, el departamento está sumido en la falta de gobernabilidad. Por eso los recursos destinados a realizar intervenciones sociales se han diluido en el tiempo.
La llegada del presidente Petro se da con muchas promesas. Compartimos el diagnóstico del Gobierno: hay que tomar medidas urgentes para que los niños no sigan muriendo por desnutrición, para que el departamento pueda desarrollarse de la mano de proyectos de energía sostenible, para que las comunidades nativas (el 51,69 % de la población guajira es étnica) sientan representatividad democrática y, en general, para romper con los ciclos de corrupción. Según la gobernadora Wilches, hubo encuentros entre los líderes políticos de todos los municipios “para articularse con la visita del presidente Gustavo Petro al territorio”. Las expectativas, con razón, están por los cielos.
Es necesario, entonces, que el Gobierno pueda cumplir. También, que lo haga dentro del marco de la institucionalidad. Los poderes que concede una declaración de emergencia deben ejercerse dentro del marco normativo, entendiendo que los mecanismos constitucionales son para momentos extraordinarios. Si el presidente Petro actúa de forma eficiente y ponderada, estará creando una hoja de ruta para intervenciones urgentes y largamente aplazadas.
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El presidente Gustavo Petro y su comitiva de ministros aterrizaron en un departamento que hace años pide a gritos una intervención ambiciosa. La Guajira está en crisis y no es nueva: en 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en la zona, respondiendo a los reclamos de la sociedad civil. Sin embargo, ningún gobierno ha podido lidiar con la corrupción y la falta de políticas públicas eficientes. El foco que el Gobierno nacional decidió poner sobre lo que ocurre es bienvenido, siempre y cuando lleve a tomar acciones concretas y no se preste para abusos de autoridad.
Cualquier aspecto de la vida de las personas en La Guajira puede mirarse con lupa para encontrar una situación trágica. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), 50 menores de cinco años fallecieron por desnutrición allí el año pasado y en lo que va de 2023 ya van 34 muertes por la misma causa, mientras un total de 1.270 niños tuvieron desnutrición. La cobertura del acueducto solo llega al 22 % y hay zonas donde es básicamente imposible tener acceso a ese recurso. No en vano el departamento siempre encabeza la lista de pobreza monetaria, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en una competencia perversa con Chocó por el infame reconocimiento de ser la zona más pobre de Colombia. Esto, a pesar de tratarse de un territorio bien dotado para la generación de energías solar y eólica y que recibe regalías por proyectos extractivos.
Todo está mediado, claro, por la inestabilidad política. Un dato es suficiente para entender la desazón: en 12 años, La Guajira ha tenido 16 gobernadores distintos. La mayoría de los políticos destituidos lo fueron por casos de corrupción con recursos públicos, así como fraudes a la Ley Electoral. La actual gobernadora encargada, Diala Wilches, fue designada después de que Nemesio Roys Garzón saliera del cargo por doble militancia. Entre escándalos y peleas de clanes políticos con nexos cuestionables, el departamento está sumido en la falta de gobernabilidad. Por eso los recursos destinados a realizar intervenciones sociales se han diluido en el tiempo.
La llegada del presidente Petro se da con muchas promesas. Compartimos el diagnóstico del Gobierno: hay que tomar medidas urgentes para que los niños no sigan muriendo por desnutrición, para que el departamento pueda desarrollarse de la mano de proyectos de energía sostenible, para que las comunidades nativas (el 51,69 % de la población guajira es étnica) sientan representatividad democrática y, en general, para romper con los ciclos de corrupción. Según la gobernadora Wilches, hubo encuentros entre los líderes políticos de todos los municipios “para articularse con la visita del presidente Gustavo Petro al territorio”. Las expectativas, con razón, están por los cielos.
Es necesario, entonces, que el Gobierno pueda cumplir. También, que lo haga dentro del marco de la institucionalidad. Los poderes que concede una declaración de emergencia deben ejercerse dentro del marco normativo, entendiendo que los mecanismos constitucionales son para momentos extraordinarios. Si el presidente Petro actúa de forma eficiente y ponderada, estará creando una hoja de ruta para intervenciones urgentes y largamente aplazadas.
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